Si hay algo que se viene profundizando a paso firme bajo el gobierno de Milei y sus aliados, es la persecución sistemática a las y los trabajadores que se organizan, enfrentan los ataques patronales y no agachan la cabeza frente al ajuste.
El disciplinamiento del movimiento obrero es un eje central y fundamental para que el plan económico de licuación salarial, despidos y precarización pueda seguir su rumbo. Quieren imponer el miedo para que pase la motosierra sin ningún tipo de resistencia.
Ante esta escalada represiva, sindical y judicial, distintos sectores convocan a una actividad central para organizar una Campaña Nacional Unitaria contra la criminalización de la protesta y la persecución a los que luchan, que se realizará este próximo jueves 10 de septiembre a las 17 horas en San Juan 1826 (CABA).
Cualquiera se da cuenta de que toda esta ofensiva se encuentra encuadrada en la política del gobierno. A los trabajadores se los está atacando con de todo de forma preventiva porque saben que, para meter a fondo su ajuste y la reforma laboral, necesitan sacarse de encima a los sindicatos que molestan, asustar a los que se plantan y romper a las organizaciones que realmente dan pelea.
Garrahan, Ademys y Hospital Italiano
La necesidad de aleccionar a la vanguardia obrera explica por qué los gobiernos y las patronales apuntan sus cañones contra referentes específicos.
El caso más resonante de las últimas semanas es la obscena campaña orquestada contra Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan. El gobierno nacional, por medio del ministro de Salud Lugones y la dirección libertaria del hospital, motorizó una brutal campaña mediática anunciando un falso despido para amedrentarla. La realidad es que le abrieron un sumario administrativo bajo amenaza de suspensión y despido por el delito de cumplir con sus funciones gremiales. Esta ofensiva es una venganza directa del gobierno contra los trabajadores del Garrahan que, con un apoyo social masivo, lograron el año pasado arrancar un 61% de aumento salarial y frenar el vaciamiento de la salud pública. Hay que aclarar, que no solamente Lezana es la única perseguida dentro del Garrahan, ya que son varios los trabajadores que salvaron al hospital del ataque libertario y por esto terminan siendo sumariados.
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En la Ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Jorge Macri actúa como el alumno ejemplar del modelo libertario judicializando la protesta docente. Recientemente, el Ministerio de Educación porteño impulsó una causa penal contra tres dirigentes del sindicato ADEMyS: Soledad Mosquera (secretaria general), Vanesa Gagliardi (docente de la Niní Marshall, secretaria de Derechos Humanos de Ademys) y Eugenio Ariza (integrante de la comisión directiva de ADEMyS). La causa se apoya en el hecho de haber acompañado solidariamente la toma de la escuela Niní Marshall, donde estudiantes y familias rechazaban la implementación de la reforma educativa BA Aprende. Cuando no pueden convencer ni imponer sus reformas flexibilizadoras en las aulas, recurren a la Justicia para criminalizar a quienes defienden la educación pública.
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A este escenario se suma el accionar impune de las patronales privadas. En el Hospital Italiano, el delegado y referente de la oposición gremial, César Latorre, fue despedido sin causa tras más de 20 años de servicio. La patronal buscó, con un despido aleccionador, golpear a la organización que se ordena aparte de la burocracia de ATSA. Sin embargo, la lucha de La Bordó, lograron un enorme triunfo. La Justicia terminó fallando a favor de Latorre y ordenó su inmediata reinstalación, demostrando que la patronal incurrió en una evidente persecución gremial por su activismo (especialmente por sus reclamos durante la pandemia) y su rol como candidato a secretario general. A pesar de lo dictado por la Justicia, la patronal del Hospital Italiano sigue sin cumplir la ley y la lucha por la reincorporación de César continúa.
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La lista de la persecución se extiende
Uno de las luchas más resonantes de este año fue la encabezada por los trabajadores de FATE. Estos vienen sosteniendo un escenario sumamente crítico tras más de 200 días de conflicto. Esta lucha se originó en febrero de 2026, cuando la patronal del grupo Madanes Quintanilla impuso un salvaje lockout patronal, amenazando con cierres y suspensiones o despidos masivos. Frente a esta ofensiva, la base obrera se plantó firme desde adentro de la fábrica para cuidar su fuente laboral. Como clara represalia por esa resistencia y por no ceder ante la constante persecución de la empresa, hoy decenas de obreros del Neumático enfrentan causas judiciales. Pese al desgaste que buscan imponer los empresarios en complicidad con los ataques del gobierno, un sector de los trabajadores se mantiene firme levantando la consigna de que “FATE no se cierra“, demostrando que la única salida para quebrar estas provocaciones es continuar la lucha hasta ganar.
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Por otro lado, en el Subte, el nivel de hostigamiento judicial y económico no da respiro. Ya son casi 200 los delegados y activistas que enfrentan causas penales, una embestida impulsada con la fiscal Celsa Ramírez a la cabeza. A esto se le suman los constantes descuentos salariales ilegales que sufren los trabajadores como castigo por haber protagonizado las huelgas de 2024 y 2025. Se trata de una persecución armada para golpear a quienes vienen denunciando incansablemente la presencia de asbesto cancerígeno en la red y enfrentando los brutales tarifazos que asfixian el bolsillo popular.
En Aerolíneas Argentinas, la persecución apunta directamente contra quienes levantan la voz ante el desguace. El caso más claro es el del delegado de GPS (la terciarizada de Aerolíneas Argentina), Luciano Corradi, quien fue despedido en represalia por su actividad sindical. Su delito fue denunciar abiertamente los negociados que mantiene esta empresa con el gobierno libertario, además de ponerse al frente para organizar la resistencia de los trabajadores de base contra los permanentes intentos oficiales de avanzar con la privatización de la aerolínea de bandera.
La respuesta está en la calle: hacia el 19S
La conclusión frente a este escenario no puede ser ni el repliegue ni el miedo. Si los gobiernos y los empresarios se organizan y utilizan todo el peso del Estado para atacar a los que luchan, la clase trabajadora tiene que organizarse para responder con más fuerza.
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La actividad de este jueves en San Juan 1826 (a las 17 hs.) es un paso fundamental para coordinar la resistencia y rodear de solidaridad a cada compañero perseguido. Pero esta campaña nacional debe tener una expresión masiva en las calles. Todas estas luchas, todos los reclamos contra los despidos, el ajuste y la persecución, tienen que confluir y desembocar en una gran demostración de fuerza. Por eso, el próximo 19 de septiembre tenemos que reventar la Plaza de Mayo y todas las plazas del país en la gran Marcha de la Bronca. Es en la más amplia unidad de acción y en la movilización donde vamos a frenar la criminalización, quebrar el ajuste y derrotar al gobierno de Milei y sus cómplices.
