El Gobierno de Jorge Macri intenta sostener un plan que cada día tiene menos aceptación en la comunidad educativa. Para hacerlo ahora decidió responder a la organización de las comunidades educativas judicializando la protesta. Algo bastante común en estos días y que lejos de mostrar fortalezas, denota las dificultades que tienen en la medida de que las acciones directas aumentan contra BA Aprende y la posibilidad de voltear el plan se acrecientan.
Por Alternativa Docente CABA
A partir de la toma realizada en julio en la escuela Niní Marshall contra la implementación de BA Aprende, el Ministerio de Educación impulsó la intervención de la Procuración General y se inició una causa penal en la que fueron acusades Vanesa Gagliardi, docente de la Niní Marshall, secretaria de Derechos Humanos de Ademys y referente de Alternativa Docente; Soledad Mosquera, secretaria general de Ademys; y Eugenio Ariza, integrante de su Comisión Directiva.
La acusación penal finalmente no avanzó en esos términos y semanas después recibieron una citación en el marco de una actuación contravencional. Pero no hace falta perderse en discusiones jurídicas para entender qué está pasando: el Gobierno de la Ciudad frente al aumento del rechazo de un plan que ya se demostró que no sirve, decide judicializar el reclamo llevando a la Justicia a dirigentes sindicales por acompañar una medida de lucha de estudiantes, familias y docentes contra su reforma educativa.
La medida tiene algo de desesperación y por eso mismo muestra abiertamente que se trata de una persecución sindical, ideológica y política: En el informe que el propio Ministerio de Educación envió a la Procuración reconoce expresamente que la toma respondía a un reclamo contra la implementación de BA Aprende.
La toma no cayó del cielo
La toma de la Niní no fue el comienzo del conflicto. Fue parte de un proceso mucho más profundo que recorrió distintas escuelas de la Ciudad frente a Secundaria Aprende.
Durante meses, docentes, estudiantes y familias cuestionaron una reforma que avanza sobre los contenidos, modifica profundamente la organización de la escuela secundaria, deteriora las condiciones de trabajo y pretende implementarse sin una participación real de quienes sostienen todos los días la educación pública.
Hubo reuniones, notas, reclamos, acciones y organización. Hubo comunidades enteras discutiendo qué escuela quieren. En la Niní, como en otras escuelas, la respuesta del Gobierno fue intentar avanzar igual.
La toma fue una decisión colectiva de les estudiantes que recibió el acompañamiento de sectores docentes, familias y organizaciones sindicales. Ademys estuvo allí porque ese es precisamente el lugar que tiene que ocupar un sindicato cuando una comunidad educativa se organiza para defender la escuela pública.
En el caso de Vanesa Gagliardi, además, la operación resulta todavía más burda: no se trata de una dirigente sindical externa al conflicto, sino de una docente de la propia Niní Marshall y parte del colectivo docente que viene enfrentando la implementación de la reforma en esa escuela.
Publicación de SUTEBA Matanza Multicolor
Publicación de ATEN CapitalPerseguir y criminalizar no es fortaleza
El Ministerio no sólo informó que existía un conflicto. Reunió material, identificó dirigentes sindicales y pidió la intervención de la Procuración. En lugar de fortalecer una instancia real de negociación o escuchar lo que la comunidad educativa estaba planteando, eligió judicializar.
El mensaje es transparente: si enfrentás sus reformas, si acompañás a estudiantes que se organizan, si un sindicato decide ponerse del lado de la comunidad educativa en lugar de mirar para otro lado, el Gobierno pretende que exista un costo.
Pero recurrir a estas herramientas no expresa fortaleza. También muestra las dificultades que el Gobierno empieza a encontrar para imponer BA Aprende. Una reforma presentada como inevitable viene encontrando resistencia en las escuelas, cuestionamientos de docentes, estudiantes y familias y conflictos que el propio Gobierno no logra cerrar.
Cuando un plan político empieza a hacer agua, aparecen las amenazas, los descuentos, las sanciones y las causas. Intentan disciplinar porque no pueden convencer. Y porque les preocupa el efecto contagio. Por eso, firmaron rápidamente un acta en el Rogelio Yrurtia. Y por eso, después desconocieron dicha acta. Se quieren mostrar fuertes, pero le temen a la organización.
Por eso la conclusión no puede ser que hay que replegarse. Es exactamente la contraria: BA Aprende puede ser derrotado. La organización de las comunidades educativas ya demostró que puede ponerle obstáculos reales al avance del Gobierno. La tarea es profundizar esa fuerza, coordinarla y extenderla.
Publicación del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia
Una ofensiva más general contra quienes luchan
La judicialización de la toma de la Niní tampoco es un hecho aislado. Forma parte de una política más amplia de persecución contra quienes se organizan y enfrentan el ajuste.
Hoy esa ofensiva alcanza también a referentes como Norma Lezana y Maximiliano Bares en el Hospital Garrahan y a trabajadores de distintos sectores que enfrentan políticas de vaciamiento, precarización y pérdida de derechos.
Por eso Alternativa Docente también es parte de una campaña internacional contra la criminalización de la protesta y la organización sindical, social y política. La definición es sencilla: protestar y organizarse son derechos humanos, no delitos.
No nos van a asustar
El Gobierno podría pretender que frente a una causa judicial quienes luchan retrocedan, se despeguen de las medidas o nieguen su participación. Desde Alternativa Docente sostenemos exactamente lo contrario.
Estuvimos. Acompañamos. Y lo volveríamos a hacer
Porque cuando estudiantes defienden su derecho a aprender, cuando docentes defienden sus puestos de trabajo y la especificidad de sus materias, y cuando las familias reclaman ser escuchadas ante una transformación profunda de la escuela de sus hijes, un sindicato que se reivindica democrático y combativo tiene que estar ahí.
La respuesta a esta judicialización no puede ser retroceder. Tiene que ser fortalecer la organización desde abajo, la coordinación entre las escuelas y la lucha contra el conjunto de la política educativa del Gobierno.
Hoy intentan avanzar con BA Aprende y Secundaria Aprende. También atacan el Estatuto, deterioran salarios y condiciones laborales y buscan descargar sobre docentes y estudiantes una crisis de la que no son responsables.
Frente a eso necesitamos más organización, no menos. Necesitamos que Ademys y el conjunto de los sindicatos docentes, junto a organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas, enfrenten cualquier intento de criminalizar la protesta y rodeen de solidaridad a quienes son perseguides por luchar.
Pero también necesitamos aprovechar esa solidaridad para ir por más: hacer crecer el rechazo a BA Aprende, fortalecer la coordinación entre escuelas y construir la fuerza necesaria para derrotar el plan del Gobierno al mismo tiempo que discutimos en un congreso pedagógico un plan alternativo en donde la comunidad educativa sea protagonista de su propio futuro.
Si con estas denuncias Jorge Macri pretende intimidar, se equivoca. No vamos a bajar los brazos. No vamos a dejar solas a las comunidades que luchan. Y no vamos a abandonar las calles ni las escuelas.
Porque defender la educación no es un delito, luchar tampoco.
