Mientras el gobierno celebra indicadores financieros y asegura que la economía se encuentra en recuperación, una realidad muy distinta atraviesa a millones de familias trabajadoras. Un informe sobre los hogares bonaerenses reveló que la morosidad se cuadruplicó en el último año, reflejando el creciente endeudamiento de quienes recurren al crédito para sostener gastos cotidianos en un contexto de caída del poder adquisitivo, salarios deteriorados y consumo en retroceso.
Cada vez más familias no llegan a fin de mes
Los datos muestran una situación alarmante. Según el relevamiento del Banco Provincia, la cantidad de hogares de PBA con deudas impagas o atrasadas se multiplicó por cuatro respecto del año anterior, pasando de 2,9% en febrero de 2025 a 11,2% en febrero de 2026. Detrás de las estadísticas aparece una realidad que se repite en miles de hogares: familias que utilizan tarjetas de crédito, préstamos personales, billeteras virtuales o financiamiento informal para cubrir gastos básicos como alimentos, transporte, medicamentos y servicios.
Lejos de tratarse de un fenómeno aislado, la expansión de la morosidad se vincula directamente con la pérdida de ingresos que sufrieron trabajadores, jubilados y sectores populares desde la llegada de Javier Milei al gobierno. Aunque la inflación desaceleró respecto de los picos alcanzados en 2024, los salarios y jubilaciones continúan sin recuperar el terreno perdido.
El ajuste se financia con deuda
Uno de los aspectos más preocupantes es que el endeudamiento dejó de estar asociado a la compra de bienes durables o inversiones familiares para convertirse en una herramienta de supervivencia cotidiana.
Cada vez más hogares utilizan crédito para pagar alimentos, servicios públicos o gastos vinculados a la salud. El resultado es una dinámica perversa: cuando los ingresos no alcanzan, las familias se endeudan; cuando llega el vencimiento de las cuotas, deben volver a financiarse para cubrir obligaciones anteriores. Así, la deuda se transforma en una extensión del salario.
El crecimiento de la morosidad indica que incluso ese mecanismo empieza a agotarse. Las familias ya no solo están endeudadas: muchas comienzan a perder la capacidad de pagar.
La otra cara del relato oficial
Mientras el Gobierno insiste en mostrar indicadores macroeconómicos positivos y celebra el equilibrio fiscal, los datos sociales muestran una realidad muy diferente. La caída del consumo masivo, el aumento de la desocupación en distintos sectores productivos y la precarización laboral aparecen ahora acompañados por un incremento sostenido del endeudamiento familiar.
No es casual. El llamado “déficit cero” se construyó mediante una fuerte transferencia de recursos desde los sectores populares hacia el Estado y los grandes grupos económicos. La licuación de salarios y jubilaciones, los recortes presupuestarios y los tarifazos permitieron mejorar algunos indicadores fiscales, pero a costa de deteriorar las condiciones de vida de millones.
El crédito ya no impulsa el consumo, evita el derrumbe
Durante otros períodos económicos el crédito fue utilizado para estimular la demanda y el consumo. Hoy cumple una función distinta: evitar que amplios sectores sociales caigan directamente en situaciones de privación más profundas.
La paradoja es evidente. Mientras los bancos, financieras y plataformas de crédito continúan expandiendo sus negocios, los hogares quedan atrapados en una espiral de refinanciaciones, intereses y vencimientos que agrava la fragilidad económica.
Los números de morosidad no reflejan únicamente problemas financieros. Son una radiografía de la crisis social que atraviesa a millones de personas.
¿Quién paga el ajuste?
El crecimiento explosivo de la mora desmiente uno de los principales argumentos del oficialismo: que el ajuste lo paga la “casta”. Los datos muestran que quienes absorben el costo de la política económica son trabajadores, jubilados, pequeños comerciantes y sectores populares que deben endeudarse para sostener condiciones mínimas de vida.
Mientras continúan las reducciones impositivas para grandes exportadores, los beneficios para grupos concentrados y los privilegios para sectores financieros, las familias trabajadoras enfrentan una realidad cada vez más difícil: salarios que no alcanzan, servicios más caros y una deuda que crece más rápido que sus ingresos.
La multiplicación de la morosidad es, en definitiva, otra señal de que el supuesto ordenamiento económico libertario se sostiene sobre una creciente fragilidad social. Detrás de los números que celebra el Gobierno aparece una realidad menos favorable: millones de personas que, para sobrevivir, viven cada vez más a crédito.
