La Justicia realizó la primera audiencia de conciliación por el amparo sindical presentado por la Delegación Capital de UEPC. Quedó expuesta la arbitrariedad con la que el gobierno provincial quitó las licencias gremiales a una delegación que enfrentó consecuentemente el ajuste sobre la docencia. Mientras tanto, la conducción Celeste de UEPC mantiene un silencio cómplice frente a un grave ataque a la libertad sindical.
El pasado viernes 24 de julio se desarrolló la primera audiencia de conciliación en el marco del amparo sindical presentado por la Delegación Capital de UEPC contra la decisión del gobierno de Martín Llaryora de quitar las cuatro licencias gremiales con las que contaba la conducción capitalina. La audiencia dejó al descubierto las irregularidades y la discrecionalidad con las que el Ejecutivo provincial administra un derecho fundamental para el funcionamiento de las organizaciones sindicales.
Del encuentro participaron los cuatro dirigentes afectados por el quite de las licencias, entre ellos Lucrecia Cocha, secretaria de Organización de UEPC Capital e integrante de Alternativa Docente. También acompañaron la audiencia una numerosa delegación de docentes y delegados escolares, junto a la docente y legisladora mandato cumplido Luciana Echevarría, en una clara muestra de apoyo a la defensa de la organización gremial.
Este nuevo ataque del gobierno provincial no puede separarse del enorme conflicto docente que atravesó Córdoba durante este año. Fueron semanas de masivas movilizaciones, paros con un alto nivel de adhesión y una enorme organización desde las escuelas que obligó al gobierno a mejorar en cinco oportunidades su propuesta salarial. El conflicto culminó con un hecho de enorme gravedad institucional: policías de civil infiltrados en la asamblea provincial docente, represión y detenciones de trabajadores de la educación.
Como represalia a ese proceso de lucha, el gobierno resolvió dar de baja las únicas cuatro licencias gremiales con las que contaba la Delegación Capital de UEPC, una cantidad ya insuficiente para atender a más de 600 escuelas y cerca de 17.000 afiliados. Capital quedó así como la única de las 26 delegaciones del sindicato sin dirigentes liberados para desarrollar tareas gremiales. Lejos de denunciar este atropello, la conducción provincial Celeste volvió a colocarse del lado del gobierno. No impulsó ninguna acción gremial, no emitió comunicados de repudio y dejó pasar un precedente gravísimo para la libertad sindical y el derecho de organización de la docencia.
El abogado patrocinante del amparo, Lucas Cocha, explicó el eje del planteo judicial:
«”Se ha expresado con claridad la irregularidad en cómo se van negociando las licencias gremiales según la conveniencia política del gobierno provincial, que le termina otorgando licencias gremiales a los gremios amigos, y que cuando los gremios empiezan a tener cierta autonomía, arrancan las represalias, como es este caso, el quite de las licencias gremiales.”»
Por su parte, Lucrecia Cocha, secretaria de Organización de UEPC Capital, destacó la importancia concreta que tienen estas licencias para la defensa cotidiana de los derechos docentes:
«”Las licencias gremiales son, en este caso, la manera que tenemos de garantizar que en las escuelas no haya situaciones de precarización laboral, poder atender las demandas, las urgencias y las emergencias que surgen y que son habituales y cotidianas. Entonces, defender las licencias gremiales es defender la organización gremial.”»
Como resultado de la audiencia, la Justicia convocó a una nueva instancia para el próximo 3 de agosto y solicitó la presencia de representantes de la Junta Ejecutiva Central de UEPC, quienes deberán dar explicaciones sobre los criterios utilizados para el otorgamiento y el retiro de las licencias gremiales.
La pelea por recuperar las licencias excede a cuatro dirigentes sindicales. Está en juego el derecho de miles de docentes a contar con una organización que pueda intervenir frente a los abusos patronales, defender las condiciones de trabajo y organizar la respuesta colectiva frente al ajuste. Por eso, la defensa de las licencias gremiales es también la defensa de la libertad sindical y de la independencia de las organizaciones de trabajadores frente a un gobierno que pretende disciplinar a quienes se organizan y luchan, con la complicidad de una conducción sindical que ha elegido mirar para otro lado.
