La motosierra de Milei y los gobernadores no tiene freno. Frigerio no sólo descarga el ajuste sobre los salarios docentes y a través de la reforma jubilatoria, busca avanzar en el recorte de alimentos en las escuelas.
Durante el receso de invierno los equipos directivos de escuelas primarias y secundarias fueron notificados de los cambios en la administración de comedores y convocados a una reunión de capacitación. Tal como vienen siendo implementadas las políticas de este gobierno, de manera inconsulta y unilateral, se informa que los directivos no administrarán más los fondos destinados a comedores, meriendas y copas de leche, esto quedará en manos de la empresa Teknofood.
La medida reemplazará el sistema de compra mediante tarjeta Sidecreer, que administran directivos de escuela, por una operatoria de compra centralizada. En los medios se plantea que el objetivo es “fortalecer los controles, garantizar la calidad nutricional y asegurar un mismo estándar para todas y todos los estudiantes alcanzados por esta modalidad”. Sin embargo, se trata de una merienda estandarizada por estudiante, leche saborizada y budines industriales, que lejos está de ser un alimento de calidad nutricional, y que además no precisa cómo se implementará en escuelas que no cuentan con infraestructura para su preparación, así como tampoco responde a las necesidades de otras poblaciones como las de la modalidad jóvenes y adultos que no consumen estos alimentos, y que cuentan con otros refrigerios en el turno noche, ni siquiera pensaron en la modalidad especial y si sus estudiantes con discapacidad pueden comer este menú, o aquellos con celiaquía, diabetes y otra patología que requiera atender otros aspectos en la alimentación.
Con esta medida la única beneficiada es Teknofood, empresa que cuenta con denuncias en Corrientes por operar sin contrato formal y con interrupciones en la entrega de alimentos. En San Juan estuvo envuelta en un escándalo judicial por presuntos sobreprecios en un contrato para la provisión de raciones escolares que alcanzó los $4.680 millones. El caso derivó en una revisión por parte del Tribunal de Cuentas de la provincia y pedidos formales de investigación judicial.
Se trata de una nueva estafa de un gobierno de ladrones, que gobierna para pocos, en este caso para un puñado de empresarios que se van a enriquecer a costa de la subalimentación de nuestros estudiantes. No se trata de una medida aislada o exclusiva del ámbito educativo, es parte de una política general de ataque a las políticas públicas. Se recorta la asistencia de sectores sociales excluidos por las propias medidas de ajuste, es el propio Estado que despide, no genera trabajo genuino, recorta salud y educación, y ahora va por los merenderos y comedores que vienen resistiendo a la crisis económica y alimentaria.
Si lo que se busca es mejorar la alimentación de nuestros gurises y quitarle tareas burocráticas a equipos directivos, que corren el eje de su función pedagógica, deberían fortalecer el trabajo de comedores, con cargos, horas y personal especializado para su administración, en lugar de favorecer al mercado privado. Si verdaderamente quieren alimentos de calidad nutricional estos se pueden encontrar en la producción local, agroecológica y no en la industria alimentaria comercial y encima con una empresa ya denunciada.
La docencia entrerriana sabe bien el rol que cumplen los comedores para nuestros estudiantes, sus familias y hasta para los propios docentes, tenemos que defender el derecho de nuestras comunidades a una buena alimentación y sobre todo, defendernos de este gobierno que solo quiere profundizar la crisis alimentaria y beneficiar a los empresarios ladrones amigos de Frigerio.
