El gobierno nacional suma un nuevo y escandaloso capítulo judicial a partir de la decisión de varios de sus funcionarios de blindarse penal y tributariamente para poder blanquear capitales por fuera del sistema. En las últimas horas salieron a la luz los nombres del ministro desregulador Federico Sturzenegger y del ex diputado nacional, José Luis Espert, quienes solicitaron formalmente su ingreso al polémico régimen de inocencia fiscal.
Según consta en los registros oficiales de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ambos dirigentes pidieron adherirse al marco legal de la ley 27.799 mediante presentaciones realizadas el 7 de mayo y el 9 de junio. De aprobarse estas solicitudes, los referentes oficialistas quedarán liberados de informar su patrimonio al inicio del ejercicio y estarán habilitados para utilizar fondos de origen desconocido sin someterse a controles previos.
Ya es totalmente grave que exista este tipo de regímenes tributarios. Pero, el escenario se vuelve mucho más obsceno al observar que las propias figuras del Estado quedarán totalmente eximidas de cualquier análisis sobre la evolución de sus bienes personales durante los años 2022, 2023 y 2024. Fiel a su costumbre en materia de negocios poco transparentes, el gobierno siempre se encarga de romper un límite adicional en su búsqueda de impunidad. Un claro reflejo de esta dinámica es la situación de José Luis Espert, quien enfrenta actualmente una investigación en la Justicia federal de San Isidro por presunto lavado de dinero a raíz de sus vínculos con Federico Machado, un empresario que ya se declaró culpable por fraude ante los tribunales estadounidenses. La fiscalía sigue los millonarios movimientos bancarios del legislador, operaciones que involucran sumas por 135.000 dólares y 230 millones de pesos, combinadas con la llamativa compra de vehículos de alta gama e inversiones inmobiliarias.
Toda esta escandalosa maniobra de la cúpula oficialista comenzó arenosar en todos lados a partir de la filtración del caso del Jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti. El matrimonio solicitó primero su ingreso al Régimen Simplificado de Ganancias, el cual funciona como el paso obligatorio inicial para poder cobijarse bajo la impunidad de la inocencia fiscal. La decisión coordinada de los altos mandos del gobierno de refugiarse en estas normativas muestra la naturaleza de una ingeniería legal escrita a la medida de la casta para garantizar la evasión y evitar explicaciones ante la justicia.
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Un régimen diseñado a la medida del poder
Para entender un poco la dimensión de estas inscripciones es importante poder desmenuzar el contenido de las herramientas tributarias que impulsó la propia administración libertaria. Por ejemplo, el Régimen Simplificado de Ganancias exige únicamente la declaración de ingresos y gastos deducibles, eliminando por completo la obligación de informar los consumos personales. Bajo este esquema hecho a medida, cualquier persona puede comprar un automóvil de lujo o propiedades millonarias con dinero no declarado sin que ninguna autoridad investigue el origen real de esos fondos. Esta desregulación masiva significa que se elimina cualquier tipo de control sobre las variaciones patrimoniales, abandonando la presunción de culpabilidad impositiva y transformando el sistema en un blanqueo encubierto.
El carácter de clase de este paquete legislativo es innegable al observar cómo beneficia de forma exclusiva a las grandes fortunas ocultas. La normativa elevó el piso para que la evasión sea considerada un delito penal, saltando de un millón y medio a cien millones de pesos. Sumado a este beneficio extraordinario, el plazo de prescripción para las deudas tributarias se redujo de 5 a 3 años, facilitando enormemente que las maniobras complejas de ocultamiento queden impunes.
En paralelo a estas facilidades para el capital concentrado, la carga impositiva recae con mayor crueldad sobre las espaldas de la clase trabajadora. Las escalas de Ganancias y las cuotas del monotributo aprietan cada vez más el bolsillo popular y los controles sobre los trabajadores se vuelven asfixiantes, demostrando que la pretendida libertad económica solo aplica para los sectores privilegiados.
Más beneficios para el capital concentrado
Lejos de conformarse con las enormes ventajas ya otorgadas al poder económico, el gobierno nacional prepara nuevas modificaciones para volver aún más laxo este salvoconducto fiscal. El objetivo de la Casa Rosada apunta a atraer la mayor cantidad de dólares posibles ofreciendo impunidad absoluta como principal incentivo. Una de las reformas impulsadas busca eliminar los topes actuales de ingreso y patrimonio para adherirse al sistema, abriendo la puerta a que casi cualquier persona pueda acceder a estos privilegios de forma irrestricta.
El nuevo proyecto oficial redobla la apuesta al limitar drásticamente las herramientas de investigación del organismo recaudador. A partir de estos cambios, ARCA solo podrá utilizar la información declarada por el propio contribuyente y quedará inhabilitada para usar otras fuentes probatorias para justificar sanciones.
Además, se amplía considerablemente el margen de tolerancia frente al patrimonio no declarado, permitiendo diferencias de hasta $5 millones sin aplicar ningún tipo de castigo. Y, como si fueran pocos los puntos anteriores, ahora el gobierno quiere que los evasores cuenten con la enorme ventaja de poder rectificar sus declaraciones en 15 días sin perder los beneficios y tendrán acceso a una condonación total de sus multas previas.
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La impunidad como política de Estado
Todos estos mecanismos legales retratan de cuerpo entero el carácter oscuro y elitista de la gestión libertaria. Está más que claro que ningún trabajador asalariado se inscribe en este tipo de regímenes porque la inmensa mayoría de la población jamás podría acumular fortunas de $100 millones por fuera del sistema. El sueldo de los trabajadores pierde poder adquisitivo todos los días frente a la carestía de la vida, mientras las altas esferas del poder diseñan leyes específicas para proteger sus riquezas injustificables y perdonarse las deudas fiscales.
Con la adhesión de estos altos funcionarios a la inocencia fiscal, el gobierno suma una nueva y pesada mancha a su largo historial de operaciones turbias. La gestión libertaria queda envuelta en un manto de corrupción total que se hace visible a través de innumerables episodios como el caso $LIBRA, los desmanejos en Andis o los créditos hipotecarios VIP para los amigos del poder. A toda esta lista se suma la investigación por el enriquecimiento ilícito de Adorni, quien sumó a nombre de su esposa una casa en el exclusivo barrio Indio Cua sin declararla en su momento.
La inscripción de Sturzenegger, Espert y el propio Jefe de Gabinete en un régimen construido a su propia medida confirma que la urgencia de la dirigencia libertaria consiste en evitar dar explicaciones sobre sus patrimonios y asegurarse la impunidad necesaria para disfrutar de los millones acumulados a espaldas del pueblo.
