Mientras el gobierno de Javier Milei exige sacrificios a trabajadores, jubilados y sectores populares, la familia Adorni vuelve a quedar bajo la lupa por su adhesión al régimen de “inocencia fiscal” impulsado por la propia administración libertaria. La medida, presentada como una herramienta para blanquear capitales y simplificar controles, vuelve a exponer los privilegios que rodean a funcionarios y allegados al poder.
La casta también tiene perdón fiscal
La polémica alrededor del vocero presidencial, Manuel Adorni, sumó un nuevo capítulo luego de que trascendiera que integrantes de su entorno familiar se acogieron al denominado régimen de “inocencia fiscal”, una herramienta promovida por el gobierno nacional que reduce controles y facilita la regularización patrimonial. La información se conoce en medio de las investigaciones sobre movimientos de dinero, propiedades y contrataciones que involucran al círculo cercano del funcionario.
El pedido de adhesión al régimen de Bettina Angeletti, esposa del Jefe de Gabinete, fue formalmente presentado el 31 de mayo. En cambio, él presentó el pedido en el día de ayer. Con esta jugada podrán blanquear el dinero no declarado que tenían en su poder y hasta modificar sus declaraciones juradas anteriores al fisco.
La figura de Adorni viene acumulando cuestionamientos desde hace meses. A las denuncias vinculadas a contrataciones estatales, gastos de campaña y la situación patrimonial de familiares cercanos, ahora se agrega la utilización de un régimen que el oficialismo presenta como una forma de “desburocratizar” la relación entre contribuyentes y el Estado, pero que para numerosos especialistas constituye una nueva flexibilización de los controles sobre grandes patrimonios y operaciones financieras.
Desde el gobierno sostienen que la iniciativa busca terminar con la presunción de culpabilidad fiscal y facilitar la exteriorización de activos. Sin embargo, la medida se inscribe en una orientación más amplia que combina beneficios para sectores de altos ingresos, reducción de mecanismos de fiscalización y una creciente tolerancia hacia la evasión y la fuga de capitales, mientras se profundizan los controles sobre trabajadores, monotributistas y pequeños contribuyentes.
Un doble discurso cada vez más evidente
El caso adquiere relevancia política porque se produce en un contexto donde el oficialismo justifica recortes sobre áreas sensibles del Estado argumentando la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal. Durante el último año, el gobierno avanzó con ajustes sobre salud, educación, ciencia, jubilaciones y programas sociales, afectando directamente las condiciones de vida de millones de personas.
La contradicción resulta difícil de ocultar. Mientras se reclama austeridad para quienes viven de su salario, se multiplican los mecanismos que alivian la situación de grandes contribuyentes, empresarios y funcionarios vinculados al poder. El discurso de la “casta” que llevó a Milei a la presidencia aparece cada vez más distante de una realidad marcada por privilegios para los sectores concentrados y sacrificios para las mayorías.
La crisis de credibilidad del oficialismo
La adhesión al régimen de inocencia fiscal se conoce además en medio del desgaste provocado por distintos escándalos que golpean al gobierno. Las investigaciones sobre el caso $LIBRA, las denuncias por contrataciones estatales, los cuestionamientos patrimoniales a funcionarios y las crecientes internas dentro del oficialismo alimentan una crisis de credibilidad que comienza a impactar sobre la imagen presidencial.
El problema no radica únicamente en la conducta de un funcionario o de su entorno familiar. Lo que queda expuesto es un modelo político y económico que descarga el peso de la crisis sobre trabajadores y jubilados mientras garantiza beneficios para sectores empresariales, especuladores financieros y quienes mantienen vínculos privilegiados con el poder. La llamada “inocencia fiscal” parece funcionar, una vez más, como una amnistía para los de arriba mientras se exige cada vez más a quienes viven de su trabajo.
