La investigación sobre la estafa de la criptomoneda $LIBRA sumó un nuevo elemento que complica al presidente. Un informe elaborado por la Policía Federal contradice uno de los principales argumentos utilizados por Javier Milei para desligarse de la operatoria que dejó miles de damnificados y millonarias ganancias para un reducido grupo de especuladores.
Negocios del poder
La causa judicial por la estafa vinculada a la criptomoneda $LIBRA volvió a colocar al gobierno de Javier Milei en el centro de las sospechas. Según reveló un informe de la Policía Federal incorporado al expediente, la creación y administración inicial del token estuvo concentrada en una única billetera digital vinculada a la empresa Kelsier Ventures, propiedad del empresario Hayden Davis. El dato contradice la versión sostenida por el presidente, quien intentó presentar el proyecto como una iniciativa amplia y descentralizada sobre la que no tenía conocimiento ni control.
De acuerdo con el análisis técnico, la billetera identificada habría sido la responsable de la creación de la criptomoneda y de la distribución inicial de los activos. Para los investigadores, esto demuestra un nivel de concentración incompatible con la imagen de un emprendimiento abierto que el oficialismo buscó instalar públicamente.
La novedad se suma a una larga serie de elementos que vienen erosionando la defensa presidencial. Desde que estalló el escándalo, Milei sostuvo que simplemente había difundido información sobre un proyecto privado sin conocer en profundidad su funcionamiento. Sin embargo, la investigación judicial acumuló indicios sobre reuniones previas con los impulsores de la criptomoneda, intercambios con empresarios del sector y movimientos financieros bajo análisis.
La causa también está atravesada por sospechas sobre transferencias por casi 4,8 millones de dólares realizadas en fechas cercanas al lanzamiento del token. Esos movimientos son investigados para determinar quiénes fueron los beneficiarios finales y si existieron pagos o beneficios vinculados a la promoción oficial de la criptomoneda.
Un escándalo que no se cierra
Más allá de las responsabilidades penales que determine la Justicia, el caso expone una forma de gobernar donde los límites entre la función pública y los negocios privados aparecen cada vez más difusos. No se trata únicamente de una criptomoneda fallida: detrás de la operatoria hubo miles de pequeños inversores perjudicados, mientras un reducido grupo de actores concentró ganancias millonarias. Diversas reconstrucciones de la maniobra sostienen que el valor del activo se disparó tras la promoción presidencial para luego desplomarse, dejando pérdidas masivas entre quienes ingresaron tardíamente al negocio.
El informe de la Policía Federal vuelve a mostrar que las explicaciones oficiales presentan fisuras difíciles de sostener. Mientras el gobierno intenta minimizar el impacto político del escándalo, la investigación sigue avanzando y suma elementos que ponen en cuestión la narrativa construida por la Casa Rosada desde el primer día.
El caso $LIBRA vuelve a evidenciar una realidad conocida: mientras se justifican ajustes sobre jubilaciones, salarios, salud y educación en nombre del equilibrio fiscal, continúan apareciendo negociados, privilegios y vínculos oscuros entre el poder político y los grandes negocios financieros. La pregunta de fondo sigue siendo quiénes se beneficiaron con la operatoria y qué grado de responsabilidad tuvo el propio presidente en una estafa que continúa proyectando sombras sobre su gobierno.
