Mientras el gobierno de Javier Milei insiste en presentarse como el enemigo de los privilegios y la corrupción, una nueva investigación judicial pone el foco sobre Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni. La Justicia analiza contratos millonarios entre su consultora y empresas proveedoras del Estado, en una causa que podría sumar nuevos capítulos a la crisis política que atraviesa al oficialismo.
La trama de los contratos
La investigación, a cargo del juez Ariel Lijo y del fiscal Carlos Stornelli, busca determinar si la consultora +BE, propiedad de Bettina Angeletti, recibió pagos de empresas que mantienen importantes vínculos comerciales con organismos estatales. Los expedientes apuntan a posibles delitos de cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
Según la documentación reunida hasta el momento, al menos tres compañías aparecen en el centro de la pesquisa: Grupo Datco, National Shipping y Foggia Group. Todas ellas mantienen o mantuvieron contratos con distintas dependencias del Estado nacional.
Los investigadores intentan establecer si los servicios de coaching y consultoría facturados por la empresa de Angeletti correspondieron a prestaciones reales o si fueron utilizados como mecanismo para canalizar pagos hacia el entorno familiar de uno de los funcionarios más importantes del gobierno.
Millones bajo investigación
La causa ya logró reconstruir pagos por varios millones de pesos realizados por empresas contratistas del Estado a la firma de la esposa de Adorni. Entre ellos aparecen facturaciones vinculadas a capacitaciones empresariales, selección de personal y asesoramiento organizacional.
La situación adquiere mayor relevancia porque la investigación corre en paralelo a otras causas que involucran al jefe de Gabinete, entre ellas las vinculadas a presunto enriquecimiento ilícito, operaciones inmobiliarias, viajes privados y movimientos patrimoniales difíciles de justificar con los ingresos declarados
Por ese motivo, los contratos de +BE no aparecen como un episodio aislado sino como una pieza más dentro de un entramado que la Justicia intenta reconstruir para determinar si existieron beneficios económicos derivados de la posición política alcanzada por Adorni dentro del gobierno libertario.
La “casta” que hace negocios
El caso vuelve a poner de relieve una contradicción que atraviesa a toda la gestión de Milei. Mientras el oficialismo descarga el ajuste sobre jubilados, trabajadores estatales, universidades, hospitales y programas sociales, las denuncias por posibles negociados y conflictos de interés continúan acumulándose alrededor de funcionarios de primera línea.
No se trata únicamente de determinar responsabilidades penales. También está en discusión el modelo de poder que construye La Libertad Avanza. Un gobierno que llegó prometiendo terminar con la “casta” y con los privilegios de la política aparece cada vez más envuelto en denuncias que involucran a familiares, empresarios amigos y funcionarios beneficiados por su cercanía al poder.
Ajuste para abajo, negocios para arriba
Mientras miles de familias enfrentan salarios que pierden contra la inflación, aumentos permanentes en tarifas y transporte, y un deterioro constante de las condiciones de vida, la Justicia investiga si empresas que hacen negocios con el Estado también financiaron actividades privadas vinculadas al entorno de uno de los hombres más poderosos del gobierno.
Detrás del discurso anticasta y de la motosierra contra los sectores populares, continúan apareciendo indicios de una red de relaciones entre funcionarios y grupos empresarios que poco tiene que ver con la transparencia prometida en campaña.
La pregunta que empieza a instalarse es cada vez más incómoda para el oficialismo: si el ajuste era para terminar con los privilegios, ¿por qué las sospechas vuelven a concentrarse tan cerca de quienes gobiernan?
