Lo hizo el Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat que conduce Silvina Frana, a través de la Resolución 306/2021 difundida el pasado 6 de mayo.
Tal como lo señalamos la semana pasada, se terminó aprobando la solicitud de la Empresa Provincial de Energía para ajustar el cuadro tarifario sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD). El aumento será de forma escalonada durante el 2021 y discrimina tres sectores.
Ajuste en cuotas
En primer lugar el de las pequeñas demandas de usuarios residenciales, comerciales, industriales e institucionales. Para ellos el ajuste será del 31,3%, un 14% a partir de mayo, 8% a partir de julio y 9% a partir de noviembre.
En segundo lugar las tarifas sociales y para jubilados. En este caso el ajuste tiene un tope máximo del 14%, un 6% a partir de mayo, 4% a partir de julio y otro 4% a partir de noviembre.
En tercer lugar las grandes demandas, donde el primer aumento será de un 11% en mayo, 7% en julio y otro 7% a partir noviembre. 25% total.
La Organización de Usuarios y Consumidores advirtió que los anuncios hechos por el gobierno provincial de imponer un aumento del 31 por ciento en el servicio de electricidad “es sólo un promedio y no incluye a todos los consumidores. Por eso, muchos recibirán en sus facturas aumentos del 50 por ciento”. Ya que el precio del kw es diferente de acuerdo al consumo, y en ese 31.3% no se están contando otros segmentos del costo tarifario como los impuestos provinciales.
Un esquema regresivo
Si comparamos el 31% final de los pequeños consumos contra el 25% de las grandes demandas, podemos ver que este esquema tarifario desnuda la lógica impositiva en el capitalismo, donde los que más consumen son quienes reciben menores aumentos, mientras que a los pequeños consumidores se les aumenta más. Donde el gobierno provincial y la EPE dicen “incentivos fiscales a la producción” debe leerse apoyo a la rentabilidad de una minoría social sobre el ajuste en el bolsillo de las mayorías.
El impacto que estos aumentos tienen sobre las y los trabajadores santafesinos, debe medírselo en el marco del contexto general inflacionario, de caída en el salario real y la creciente miseria social, agudizado por la pandemia. En ese marco y no en otro el gobierno de Perotti y la EPE deciden aumentar las tarifas, sin dar explicación alguna del esquema de costos y financiamientos de la empresa.
Hay otra salida
Nos oponemos a este ajuste tarifario que se da en un contexto de crisis y segunda ola de covid. Exigimos el congelamiento de las tarifas para los pequeños y medianos consumidores mientras transcurra la pandemia y la prohibición de corte por falta de pago. Y aplicar una política de financiamiento de la EPE que permita sostener un servicio social de calidad y barato, sobre la base de recaudar fondos vía impuestos a los sectores concentrados de la economía local que no pagan un peso. Todo eso en el camino de discutir una EPE verdaderamente estatal y bajo gestión de sus trabajadores y usuarios.