Este martes, el gobierno nacional presentó el proyecto de Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados, pero lo hizo de una forma diametralmente opuesta a la de sus primeros años. Atrás quedaron los shows mediáticos, los eventos nocturnos atípicos en el recinto y las cadenas nacionales en horario prime time; en esta ocasión, en un sugerente silencio y directamente por ventanilla, el oficialismo ingresó la ley de leyes.
Esta presentación silenciosa, sin discursos grandilocuentes sobre la economía, responde, por un lado, al momento en el cual se encuentra encallado el gobierno. Y al mismo tiempo, encarando un año electoral, el carácter del presupuesto necesita de este silencio para no provocar demasiado.
La discusión sobre el proyecto traza la hoja de ruta de un ajuste sostenido sobre estimaciones macroeconómicas que rozan la fantasía. La prioridad número uno, indiscutible e innegociable de este esquema, vuelve a ser la motosierra sobre las áreas más sensibles del Estado, diseñando un 2027 donde los sectores más vulnerables financiarán un superávit atado con alambre.
Las estimaciones de Caputo
Para sostener el relato del equilibrio fiscal, el ministro de Economía, Luis Caputo, dibujó un escenario macroeconómico que contrasta con los propios antecedentes de la gestión. El proyecto estima para 2027:
- Un crecimiento del PBI del 4%.
- Una inflación acumulada del 18% interanual.
- Un dólar mayorista que cerraría en $1.847,60.
Además, se proyecta también un saldo comercial positivo de US$ 15.560 millones, producto de exportaciones por US$ 133.984 millones e importaciones por US$ 118.424 millones. Sin embargo, la credibilidad de estos números se vuelve bastante inestable si se mira el pasado reciente. No hay que olvidar que, para el presupuesto 2026, el oficialismo había proyectado una inflación anual del 10%, un número que quedó destrozado por la realidad cuando, según el INDEC, solo en los primeros 8 meses de este año se acumuló un 21,3%.
En el mercado también hay un fuerte escepticismo sobre el rebote proyectado; el salto del 9,2% en la inversión que prevé el gobierno resulta utópico para un año electoral marcado por la cautela, y el propio Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del BCRA pronostica cifras de crecimiento muy inferiores a las oficiales.
La motosierra en el 2027
El corazón del proyecto se encuentra en la consolidación de un recorte histórico. De acuerdo a los números presentados, el Sector Público Nacional prevé gastos totales por $216 billones (15,3% del PIB) frente a recursos por $219,3 billones (15,5% del PIB), jactándose de lograr un superávit primario de 1,3% y un resultado financiero positivo del 0,2%.
Mientras se destruyen y recortan partidas esenciales para la vida cotidiana de millones de personas, el pago de los intereses de la deuda pública se consolida como una prioridad absoluta e intocable dentro del esquema oficial. Para 2027, la Administración Nacional destinará $18,61 billones ($18.609.176,1 millones) al rubro de “Deuda Pública – Intereses y Gastos“, lo que representa un 1,1% del PBI exclusivamente en concepto de intereses netos.
La escala de esta prioridad resulta escandalosa al contrastarla con el resto del presupuesto: el dinero asignado solo para cubrir los intereses de la deuda supera en más del doble a la totalidad del crédito presupuestario destinado al funcionamiento de todas las universidades nacionales del país ($7,35 billones) y triplica ampliamente el gasto previsto para áreas de infraestructura y servicios esenciales.
El ensañamiento toma un cariz aún más violento cuando se analiza la letra chica de los recortes sociales. El artículo 17 del proyecto propone derogar tres disposiciones de la Ley 27.160, eliminando así la actualización automática y mensual de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones familiares. De aprobarse, los aumentos para los más de 4.000.000 beneficiarios de la AUH dejarán de estar garantizados por la inflación y pasarán a depender de la discrecionalidad y la voluntad política del Poder Ejecutivo.
De manera paralela, el oficialismo asesta un golpe letal al sector de Discapacidad. En medio del tratamiento de la prórroga de la emergencia del área, el presupuesto deroga los artículos centrales de la Ley 27.793 y, fundamentalmente, elimina el artículo 7 bis que aseguraba la actualización del pago a los prestadores según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El nuevo esquema establece que el nomenclador ya no tendrá valores universales, dejando la negociación de los pagos librada al mercado entre prestadores y obras sociales, todo esto mientras el Estado mantiene con el sector una deuda que supera los $340.000 millones. Por si fuera poco, el proyecto reinstala el antiguo esquema de pensiones por invalidez, determinando que el cobro de la prestación será absolutamente incompatible con tener un empleo formal.
El negocio de los privados adentro del Presupuesto
La crueldad de esta ecuación económica se vuelve mucho más explícita cuando se contrasta a quiénes se les quita y a quiénes se beneficia. Mientras se licúan jubilaciones y se congela el Estado (prohibiendo la cobertura de cualquier vacante administrativa), el presupuesto incluye cláusulas a medida para garantizar negocios corporativos.
El Ejecutivo amplió la exención del Impuesto a las Ganancias a la liquidación de los fideicomisos de las centrales termoeléctricas (como Guillermo Brown y Vuelta de Obligado), lo que significa perdonarles a los futuros compradores privados de estas empresas estatales más de 200 millones de dólares en tributos.
También se incluyó un paquete de incentivos que permite la amortización acelerada en Ganancias y la devolución del IVA para las empresas que obtengan concesiones en los más de 9.000 kilómetros de rutas nacionales que el gobierno pretende privatizar bajo el sistema de peajes.
Un ajuste que no es gratis, se negocia
Toda esta maquinaria de ajuste y transferencias de ingresos hacia los sectores concentrados se presenta en un momento de evidente debilidad en el gobierno. El oficialismo no tiene el músculo político para imponer su agenda en el Congreso sin transpirar; necesita desesperadamente de sus aliados. Por ello, la presentación del presupuesto ocurre en simultáneo con un desfile incesante de gobernadores (como Jalil, Valdés, Sáenz y Jaldo) por el despacho del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La Casa Rosada busca canjear obras específicas y el mantenimiento de beneficios provinciales (como las zonas cálidas) por los votos necesarios no solo para aprobar este presupuesto de hambre, sino para empujar su reforma política y la suspensión de las PASO.
La fragilidad es tal que el propio ministro Luis Caputo no acudirá al Congreso a defender su proyecto cuando comience el debate en comisiones en octubre; enviará en su lugar a sus secretarios Carlos Guberman y Federico Furiase para absorber el costo de las críticas de la oposición y un bloque dialoguista que ya advirtieron sobre las modificaciones en áreas sensibles. En definitiva, este presupuesto 2027 es la confesión por escrito de que el modelo libertario solo puede sostenerse profundizando el ajuste, incluso a riesgo de fracturar el apoyo de sus propios socios políticos.
El cansancio, la asfixia económica y la bronca que despierta este asedio constante contra los trabajadores y las capas más vulnerables exigen una respuesta en las calles. Se vuelve fundamental salir a frenar este desguace social; por eso, el momento de ponerle un límite al ajuste es ahora. La invitación se hace extensiva a todos los sectores castigados: hay que copar la “Marcha de la bronca” el próximo sábado 19 de septiembre, tanto en la Plaza de Mayo como en cada una de las plazas del país.
