martes, 23 julio 2024 - 17:14

Santa Fe. La EPE pide un aumento en las tarifas del 33,8%

Lo hizo el presidente de la Empresa Provincial de Energía (EPE), Mauricio Caussi, el pasado viernes 23 de abril en una audiencia pública virtual. La ministra de Infraestructura de Santa Fe, Silvia Frana, será la encargada de aceptar o no el pedido.  

Una medida más que golpea el bolsillo de les trabajadores

La audiencia, transmitida por Facebook, contó con 82 inscriptos y 22 oradores. Entre ellos, Claudio Bulacio de la Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica de la República Argentina (ADEERA), el defensor del Pueblo Raúl Lamberto, y diputadas y diputados de los distintos partidos que componen la cámara provincial.

El encuentro generó apoyos oficiales, críticas y polémicas frente al pedido de un incremento promedio del 33,8% sobre el Valor Agregado de Distribución (VAD). Si consideramos que ello no incluye, ni los impuestos ni el costo de la energía que la EPE compra en el Mercado Eléctrico Mayorista, el aumento final podría llegar al 42,8% para pequeñas demandas y superar el 50% en determinados consumos residenciales y comerciales.

Desglosado por sectores, los usuarios residenciales que hoy tienen tarifas de 482 pesos pasarán a 725. Los que pagan 1.290 pesos deberán afrontar 1.777. Y los que abonan 2.930 las facturas aumentarán a 4.087. Mientras que los consumos hogareños de 6.854 se incrementarán a 10.003 pesos. Los jubilados seguirán con tarifa diferencial y el aumento no superará el 14%.

El presidente –Caussi– lo consideró “absolutamente razonable” y se animó a decir sin ponerse rojo que “atiende las necesidades de la empresa, pero también dos cuestiones fundamentales: el bolsillo de los santafesinos y santafesinas, especialmente de aquellos sectores que más necesitan, y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas”. Toda una muestra de la insensibilidad y el cinismo que caracteriza a la casta política que gobierna estas instituciones del Estado.

Mauricio Caussi, presidente de la Empresa Provincial de Energía.

Es necesario recordar que el costo de la energía que la EPE compra “al por mayor” representa actualmente el 50% de la tarifa, y esta empresa mantiene –por ese concepto- una deuda de $ 15 mil millones. Lo que no se entiende es por qué, si el precio de esa energía hoy está congelado a nivel nacional, la empresa provincial igual se anticipa a aumentar sus tarifas, y peor aún, manteniendo deudas millonarias. Tampoco se entiende por qué, si la empresa declaró una proyección de un 18% de aumento en sus ingresos, el promedio tarifario es del 33.,8%.

Semejantes garabatos solo se explican porque la Empresa Provincial de Energía solo se sustenta con los ingresos del mencionado VAL (la tarifa de sus usuarios), y actualmente no tiene acceso al crédito externo ni mucho menos está en la agenda del Estado provincial invertir recursos, a tono con la política de bajar costos del gobernador pejotista Omar Perotti.

En un cuadro nacional y provincial de pandemia y creciente pobreza e indigencia, producto del aumento en los precios y la caída brutal del salario real, semejante medida solo será un nuevo golpe al bolsillo de las y los trabajadores y desocupados.

Por una EPE verdaderamente estatal, con control de sus trabajadores y usuarios.

Es inadmisible que, en este contexto económico y sanitario, se decida “desde arriba” un aumento tarifario. Debemos estar alertas y movilizados para impedirlo, y exigir el congelamiento de las tarifas mientras transcurra la pandemia, manteniendo y aumentando las tarifas sociales, sobre la base de recaudar fondos imprimiendo fuertes impuestos a los sectores concentrados como las exportadoras. Además, prohibir el corte del servicio en caso de falta de pago.

Frente a esta política de aumentos, sin ninguna explicación respecto del esquema de costos. Que mantiene una empresa provincial ineficiente, cuyos ingresos, costos operativos e inversiones solo dependen de ajustar el bolsillo a los usuarios, urge abrir el debate sobre la necesidad de una EPE verdaderamente estatal, que funcione bajo la gestión de sus trabajadores, organizaciones de consumidores y usuarios y que entienda al servicio de luz como un derecho social, y no como un negocio.

Ignacio Mancini

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