Crédito imagen: Marcos Otaño
El Tribunal Penal 1 de Posadas está juzgando a Mariela Ramírez por la muerte, en 2013, de su hija Belén, una niña que padecía síndrome de Rett. Llegó acusada de abandono de persona agravado por el vínculo. La Fiscalía modificó la imputación y pide que se la condene por homicidio agravado por omisión. Un juicio que solo se explica por la falta de perspectiva de derechos en todo el proceso judicial y la decisión de seguir exculpando al Estado de sus responsabilidades sustantivas.
Rocío Belén fue diagnosticada con síndrome de Rett en 2005 por el Dr. José Galeano, médico especializado en neurología infantil, quien explicó a la familia las características de esta enfermedad neurodegenerativa evolutiva que solo puede evidenciarse en niñas, porque los varones fallecen antes o al momento del nacimiento.
La descripción la repitió este martes 4 de agosto ante el Tribunal Penal 1, compuesto por los jueces Gustavo Arnaldo Bernie, Miguel Mattos y la jueza Viviana Cukla. Convocado como testigo en la causa que investiga la muerte de la niña, ocurrida el 23 de julio de 2013, enumeró las etapas de la enfermedad y las complejidades que supone acompañar y cuidar a una persona con este padecimiento.
Mariela Ramírez, la madre de Belén, está siendo juzgada como responsable de esa muerte. Llegó al debate oral acusada de abandono de persona agravado por el vínculo, imputación que se modificó a pedido del fiscal Vladimir Glinka, quien, sorpresivamente y sin argumentos, pidió que se la acuse de homicidio agravado por el vínculo en grado de omisión. Llegó en libertad a este debate, pero Mariela arriesga una cadena perpetua. Si la condenan, esa podría ser la pena.
El cruel regreso a ese tiempo
Esta causa llega a juicio oral trece años después de la muerte de Belén. La niña estaba viviendo temporariamente con Mariela porque sus cuidadoras —abuela y tía materna— viajaron por unas semanas a Corrientes. Llevaba diez días fuera de la casa a la que estaba acostumbrada, donde estaban sus cosas, su rutina y hasta el colchón ortopédico que necesitaba para evitar las escaras.
De repente, toda la red de cuidados se redujo a Mariela. Su exmarido se desentendió de Belén. En el debate dejó claro que él no era el padre biológico y que el reconocimiento legal de la niña era solo por la obra social. Sintió que no tenía nada que explicar y que no tenían nada que reprocharle. El fiscal entendió lo mismo, a tal punto que Glinka se atrevió a sugerirle que debió haber reclamado “alimentos” a Mariela porque estaba ocupándose de la hija menor, de la que sí era su progenitor. Para el fiscal, la única que tenía obligaciones con Belén era la madre.
Ese 23 de julio de 2013, Mariela comenzó su jornada laboral a las 8. Era cajera en el sector de Bromatología de la Municipalidad de Posadas. Hizo doble turno a pedido de una de sus compañeras y se retiró a las 18. La acercó hasta su casa una mujer policía que hacía adicionales en el lugar. “Me venía bien porque me ahorraba el pasaje y llegaba antes a casa”, dijo. Mariela era una trabajadora municipal precarizada en ese entonces.
Encontró a Belén ya sin vida. Angustiada y desesperada, pidió ayuda. La policía llegó y comenzó a instruirse este largo y cruel expediente.
Al momento de la muerte de Belén, en nuestro país estaban vigentes las leyes 22.431, de Protección Integral de las Personas con Discapacidad, y la Ley 24.901 de Prestaciones Básicas. Ella tenía derecho a una pensión pero a pesar de los esfuerzos de Mariela no le habían otorgado.
Perseguir y castigar a quienes cuidan
Estigmatizada como una “mala madre”, se siente atrapada en un expediente judicial que asoma como una advertencia para quienes hoy están cuidando en condiciones similares o aún peores que Mariela.
Un precedente que debería encender todas las alarmas en un contexto donde las escasísimas políticas públicas que acercaban derechos a las personas con discapacidad fueron desmanteladas por el gobierno de Javier Milei. Miles están en riesgo de morir. Si la condenan, miles de familias estarían en riesgo de correr la misma suerte. Miles podrían ser imputadas por “omitir deberes de cuidado”.
—Contanos cómo te sentís en este proceso. Como mamá que perdió una hija, ¿cómo te sentís?
“Siento un dolor, me siento superada por la situación, ahogada por momentos. Escuchar tantas cosas, te sorprenden tantas barbaridades que se dicen, te sorprende la maldad y la ignorancia de la gente sobre lo que significa esta enfermedad”. Mariela lleva días viendo cómo su historia volvió a ser contada en los medios con los mismos sesgos y la misma crueldad con la que fue tratada por los operadores judiciales que instruyeron esta causa.
“Solo quienes vivieron con una persona con este síndrome pueden entender”, y trata de ponerse en el lugar de quienes la critican. “Yo los entiendo”, dice, “porque ellos no saben, no conocen”.
Un fiscal que no va a cumplir la ley
El fiscal del debate, Vladimir Glinka, en un gesto de sobreactuación misógina, dijo: “Yo no voy a permitir que esta causa se tiña falaz e injustamente como una cuestión de géneros, desde ya. Porque para juzgar con justicia y objetividad hay que sacar los estereotipos de los dos lados… esto no es una cuestión de género y no está acá la imputada juzgada por su rol de madre, bajo ningún punto de vista; de hecho, no lo ejercía“, prejuzgó sin ningún prurito.
Y siguió explicitando ante el Tribunal, a manera de alarde de impunidad, su decisión de sostener el incumplimiento de todo el marco jurídico vigente en nuestro país, los tratados internacionales incorporados a nuestra legislación mediante la Constitución y las diversas normas que lo obligan a intervenir con perspectiva de género.
—“Ella está acá por el cuidado o el mal cuidado que desempeñó, en principio, en los últimos diez días de Belén“, y dejó sentado su oposición al pedido de la defensa de que fuera convocado como testigo el “padre biológico que nunca se hizo cargo“.
“Me opongo a que venga el padre, nunca se hizo cargo, no hay constancia de él, mucho menos podemos imputarle los últimos diez días. Esto no es una cuestión moral, no quiero que se tiña o se manche esta causa de algo que no es. Esto no se trata de una cuestión de género“, sostuvo, empatizando con el progenitor ausente.
Malas madres podemos ser todas las madres
Sigue siendo difícil explicar por qué el Poder Judicial de Misiones está juzgando a Mariela.
“Esta causa nunca debió haber llegado a juicio”, sostuvo el Dr. Miguel Ángel Varela, abogado defensor, quien lamentó que no se hayan tomado con mayor rigor las características del síndrome de Rett y que no se hayan leído, en ese contexto, las condiciones y la causa de muerte de la niña.
Lo único que podría explicar este proceso es el sesgo de género y de clase. “El fiscal no quiere hablar de perspectiva de género, cuando en otras causas lo usa. Pero bueno, si no queremos hablar de perspectiva de género, hablemos de desigualdad. A mi acusada la están juzgando por ser mujer, madre, porque la consideran mala madre“, remarcó.
Tampoco se investigó ni se señaló la responsabilidad del Estado. La ausencia de políticas públicas de cuidado que hubieran significado aliviar la carga que recayó en esa red de mujeres —abuela, tía, madre, hermana— que hizo más de lo que podía para garantizar los derechos.
“Me perdonarán, pero yo me sentí abandonada por el Estado, porque en muchas oportunidades intenté solicitar la pensión de ella, escribí cartas a la presidenta en ese momento y nunca recibí la pensión. Solamente tenía mi sueldo; lo único que tenía era lo del transporte. No tenía pensión para ella. Eso hubiera hecho la diferencia. La cuestión económica, los recursos, cambian mucho la calidad de vida de las niñas con síndrome de Rett“.
El Dr. Galeano remarcó con mucha claridad y vehemencia lo difícil que resulta sostener los cuidados de una persona con esta enfermedad y resaltó la necesidad de una red y de infraestructura de cuidados. “Yo eso lo veo en mis pacientes, los que atiendo en el hospital y los que llegan al privado con su cuidadora, con sus sillas“.
A la Fiscalía le parece irrelevante todo este contexto. Es más, en ocasiones pareciera burlarse de las dificultades y de los intentos de explicar y describir los padecimientos que afrontaban. Está muy interesada, en cambio, en la vida privada de Mariela: si salía con sus amigos, si se mostró compungida o abatida en el velorio, si exhibía esa imagen estereotipada e idealizada de madre.
Glinka retomó de la etapa de instrucción esa figura de la “mala madre” y la contrapuso con la de la madre heroica. Mariela es la mala, la negligente, la descuidada, y la compara con la abuela y la tía, que según él tenían actitudes de madres sacrificadas, abnegadas, las que todo lo pueden, tensionando sin pudor vínculos sensibles y precarios.
Un proceso judicial que violenta y sigue dañando
La muerte de Belén significó un hecho traumático para toda la familia, no solo por la pérdida de una niña a la que amaban, sino también por todo lo que se desencadenó: sospechas, acusaciones e imputaciones. Esa red de cuidados fue puesta bajo el examen de la policía y del Poder Judicial.
“Imagínese que estabas en el velorio de tu hija y te cae la policía, los medios“, dice Mariela, que hoy vuelve a vivir ese hostigamiento, pero amplificado por las redes sociales y en un contexto donde los discursos de odio y las expresiones discriminatorias y violentas están consentidos e incentivados.
Este viernes debería cerrarse la etapa de los testimonios. Se esperan los alegatos para la semana que viene. Hasta ahora, el expediente judicial y los testimonios que fueron expuestos y sobreexpuestos en los medios de comunicación fueron una especie de espectáculo morboso, muy costoso, que no resuelve ningún conflicto ni repara ningún daño. Todo lo contrario: sigue empleando los escasos recursos y el tiempo del Poder Judicial para seguir dañando.
Alicia Rivas
