En el mismo día en que el Indec oficializaba la catástrofe social al confirmar que la pobreza trepó al 32,3% (un drama que, hunde a cerca de 15 millones de argentinos en la miseria) y mientras Javier Milei completaba un paseo para el olvido por Nueva York, el gobierno logró anotarse una victoria en el Congreso que golpeará de lleno a miles de hogares del país. Luego de un largo trajín de derrotas, la Cámara Alta aprobó la reforma del régimen de Zonas Frías por 38 votos a favor y 8 en contra. Se trata de un golpe al bolsillo de millones de usuarios y, en simultáneo, un salvavidas multimillonario para las empresas energéticas.
La jornada legislativa había nacido plagada de dudas y amenazaba con convertirse en un nuevo traspié para La Libertad Avanza. En un país donde el costo de la canasta de servicios públicos asfixia mes a mes los salarios, nadie quiere quedar pegado a una ley que encarece las tarifas de gas en las regiones más frías, mucho menos cuando ya asoma en el horizonte el proceso electoral de 2027. Este temor provocó que varios senadores radicales, que históricamente le vienen votando todo al oficialismo (como Abad, Losada, Galaretto, Juri, Suárez y Kroneberger), esta vez marcaran sus votos en rojo.
Incluso, la sesión estuvo a punto de naufragar cuando el santacruceño José Carambia intentó hacer caer el quórum levantándose de su banca, pero la maniobra fue neutralizada por la chubutense Edith Terenzi, quien estiró su discurso hasta asegurar los números.
La llave que finalmente destrabó esta victoria para el gobierno fue, una vez más, el salvoconducto de un puñado de senadores peronistas que responden a los gobernadores del norte. Con la promesa del Jefe de Gabinete, Diego Santilli, de mantener un esquema de “Zonas Cálidas” para sus territorios, los senadores Guillermo Andrada (Catamarca), Sandra Mendoza (Tucumán) y Carolina Moisés (Jujuy) aportaron los votos decisivos. Todo esto, sumado al abandono del recinto por parte del bloque de Unión por la Patria al inicio del debate, le sirvió en bandeja el triunfo al oficialismo.
Este resultado le otorga un poco de oxígeno político a Patricia Bullrich en el Senado. Tras semanas de duros cruces internos con el presidente y su hermana Karina, y de ser señalada como la responsable de la falta de orden legislativo, la presidenta de la bancada libertaria logró encadenar dos triunfos al hilo: la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central y el hachazo a los subsidios en las Zonas Frías.
El peso del tarifazo en los territorios
Lo que se aprobó en el Senado implica deshacer la ampliación de lo sancionado en 2021, con el objetivo de “ahorrarle” al Estado unos 400 millones de dólares anuales a costa de los usuarios. En términos concretos, la norma restringe el régimen casi exclusivamente a la Patagonia, la Puna y Malargüe, dejando a 1,16 millones de hogares sin ningún tipo de subsidio y modificando severamente la factura de otros 3 millones.
El recorte impacta brutalmente sobre grandes áreas del país. La provincia de Buenos Aires perderá el descuento en 94 municipios, afectando a zonas como Bahía Blanca, Tandil, Olavarría, San Nicolás y Pergamino. Lo mismo ocurrirá en el sur y centro de Córdoba (Río Cuarto, Calamuchita), el sur de Santa Fe (Rosario, Venado Tuerto), la casi totalidad de San Luis (Villa Mercedes, Merlo) y grandes porciones de Mendoza, San Juan, Salta, Jujuy, La Rioja, Catamarca y Tucumán.
Además del achique geográfico, el proyecto modifica la estructura del beneficio. A partir de ahora, el descuento recaerá únicamente sobre el Precio de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), dejando sin cobertura los altísimos costos de transporte troncal y distribución. Quienes queden fuera de las áreas originales y busquen retener el beneficio, deberán someterse a una evaluación donde tendrán que demostrar ingresos inferiores a tres Canastas Básicas Totales (unos $4,8 millones de pesos en la actualidad), quedando sujetos además a un estricto tope de “consumo indispensable“.
Motosierra para los usuarios, perdón para las empresas
Mientras se le quita el respiro tarifario a más de 4 millones de argentinos, el mismo proyecto incluyó un artículo que muestra la esencia del modelo libertario. Se incluyó una condonación de deudas escandalosa a favor de grandes distribuidoras como Edesur, Edenor y diversas cooperativas eléctricas.
La norma habilita un mecanismo para que estas empresas compensen las obligaciones que mantienen con CAMMESA (una deuda que ronda los 2.000 millones de dólares) utilizando la dudosa figura de los “activos regulatorios“, es decir, supuestos ingresos que dejaron de percibir durante los años de congelamiento tarifario. Con este nuevo diagrama, el planteo del gobierno es muy claro. Para las familias trabajadoras solo hay rigor fiscal y tarifas dolarizadas, mientras que para las corporaciones que lucran con un servicio deficiente, hay perdón absoluto y negocios garantizados.
Nuestra salida: recuperar lo público
Frente a esta estafa sistemática, se vuelve urgente proponer una salida de fondo que corte de raíz con el negocio capitalista. No existe ninguna manera de solucionar la crisis de los servicios públicos si el sistema sigue atado al lucro de un puñado de corporaciones.
El primer paso indispensable es exigir la apertura inmediata de los libros contables de todas las empresas privatizadas. Esta medida permitirá demostrar ante toda la sociedad las ganancias extraordinarias que estas firmas acumularon durante décadas y contrastarlas con su desinversión absoluta. Una vez expuesto este gran saqueo, el camino a seguir es la reestatización total e inmediata del sistema eléctrico, el gas, el agua y el transporte, sin pagarle ni un solo peso de indemnización a los empresarios. Sobran los motivos para rescindir estas concesiones sin compensación alguna: son las empresas prestatarias quienes le deben al pueblo trabajador por sus reiterados incumplimientos y por brindar un servicio históricamente decadente.
Sin embargo, recuperar estas compañías para la órbita pública no significa dejarlas en manos de los funcionarios de turno o de políticos tradicionales que siempre terminan pactando con las patronales. La única garantía para asegurar un servicio de calidad es poner a estas empresas bajo el control democrático e indelegable de sus propios trabajadores, los técnicos especializados y los comités de usuarios.
Solo una gestión social, participativa y desde abajo tiene la capacidad de decidir de manera transparente las obras de infraestructura necesarias y establecer cuadros tarifarios verdaderamente accesibles para cualquier salario. A su vez, tomar el control de estos resortes estratégicos representa la única herramienta real para impulsar una reconversión del sector. Ningún empresario privado invertirá sus márgenes de ganancia en investigar y desarrollar fuentes limpias, eólicas o solares mientras pueda seguir exprimiendo el modelo de los combustibles fósiles. Una administración controlada por la clase obrera cuenta con la independencia necesaria para planificar una transición urgente hacia energías amigables con el planeta y romper definitivamente con los dictados del FMI. Recuperar lo nuestro con control social y soberanía es la única alternativa para que la luz, el gas y el agua dejen de ser un negocio millonario para pocos y vuelvan a ser un derecho inalienable para las mayorías populares.
