Por Karen Maturano de La Zurda
Gemma, Camila, diez tentativas de femicidio y una niña que pidió auxilio en la pared de un baño. La violencia machista no espera y el Estado llega tarde. Dos femicidios en 45 días en San Juan, 2026 ya dejó dos mujeres asesinadas en contextos de violencia de género.
El 30 de julio fue asesinada Gemma Giselle Álvarez, de 29 años. El 13 de septiembre, en Barreal, fue asesinada Camila Agustina Vecchiarello, de 26 años.
Sus casos vuelven a poner sobre la mesa una pregunta que las organizaciones feministas vienen haciendo desde hace años:
¿Qué tiene que pasar para que el Estado llegue antes y no después del femicidio?
Gemma fue asesinada el 30 de julio en Chimbas cuando se dirigía a trabajar. La investigación señala a su expareja, Matías Exequiel Marín, como acusado del femicidio. Según la reconstrucción judicial difundida, la mujer había denunciado previamente situaciones de violencia y hostigamiento. Hay un dato que resulta imposible pasar por alto: la denuncia había sido realizada apenas 29 días antes de su asesinato.
Gemma hizo lo que tantas veces se les pide a las mujeres que atraviesan violencia: denunció. Pero denunciar no fue suficiente para mantenerla con vida.
Por eso no alcanza con detener al femicida. Hay que preguntar qué ocurrió durante esos 29 días. ¿Qué medidas de protección se implementaron? ¿Se controló que se cumplieran? ¿Qué recursos tuvo Gemma para poder protegerse?
Porque una política de género que aparece después del femicidio llega demasiado tarde.
Camila: el dolor que salió a las calles
El segundo femicidio ocurrió en Barreal. Camila Agustina Vecchiarello tenía 26 años y era aspirante a Gendarmería. Fue encontrada asesinada a puñaladas y su pareja, Carlos Gonzalo Riveros, quedó detenido mientras avanza la investigación judicial. El crimen conmocionó a toda la provincia, especialmente a Calingasta. Pero el dolor no quedó encerrado en las casas. Salió a las calles.
El lunes 14 de septiembre, vecinos y vecinas se movilizaron para exigir justicia. Hubo concentraciones simultáneas en las tres localidades principales del departamento: Barreal, Tamberías y Villa Calingasta. En Barreal la concentración se realizó en Plaza San Martín; en Tamberías, en Plaza Domingo Faustino Sarmiento; y en Villa Calingasta, en Plaza Patricias Sanjuaninas. La movilización fue convocada por personas autoconvocadas a través de las redes sociales y contó con alrededor de un centenar de participantes.
La respuesta de la comunidad es importante. Porque frente a un femicidio, la organización popular también es una forma de exigir que el caso no sea olvidado. La consigna fue clara: Justicia por Camila. Y esa movilización tiene que multiplicarse.
Pero hay otro dato que permite dimensionar la violencia que atraviesa San Juan. Durante los primeros seis meses de 2026, el Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, de La Casa del Encuentro, registró 10 tentativas de femicidio en la provincia.
Diez mujeres que sobrevivieron a ataques que pudieron terminar en asesinato. Esto es fundamental para entender qué significa hablar de prevención. Porque cuando una mujer sobrevive a una tentativa de femicidio, el Estado tuvo una oportunidad de intervenir antes de que esa violencia vuelva a escalar.
Cada tentativa debería activar mecanismos de protección, seguimiento y acompañamiento. Sin embargo, la violencia continúa. Y algunos de estos ataques muestran hasta dónde puede llegar.
En junio, en el departamento de Jáchal, un hombre quedó detenido y con prisión preventiva acusado de intentar prender fuego a su pareja. La intervención de la madre de la víctima permitió evitar que el ataque terminara en otro femicidio.
No podemos esperar que siempre aparezca un familiar en el momento exacto. No podemos depender de la casualidad para que una mujer sobreviva. Cinco días que muestran una violencia que no se detiene
Septiembre volvió a mostrar esta realidad de manera brutal. Según un relevamiento publicado el 21 de septiembre, en apenas cinco días San Juan acumuló cuatro situaciones graves de violencia contra mujeres (La Mecha)
El 11 de septiembre apareció en la pared del baño de una escuela de Rawson el mensaje de una supuesta niña de 10 años: “Estoy embarazada. Ayuda, solo tengo 10 años. Fue mi tío”. La frase apareció escrita en la Escuela Carlos María de Alvear y generó una investigación de la UFI ANIVI por la posible existencia de un caso de abuso sexual infantil.
Hay que ser rigurosos: la Justicia todavía no confirmó que el mensaje haya sido escrito por una niña ni que el abuso denunciado haya ocurrido. Se investiga quién escribió la frase y si existe una víctima que necesite asistencia y protección. Pero incluso con esa necesaria cautela, hay algo que no podemos ignorar.
Una niña —real o potencial— eligió una pared de un baño escolar como lugar para pedir ayuda. Y eso obliga a preguntarnos cuántas situaciones de violencia permanecen ocultas detrás de las paredes, dentro de las familias y lejos de las instituciones.
Cuando las órdenes no alcanzan
Ese mismo relevamiento periodístico señaló otros episodios ocurridos en esos días.
En Santa Lucía, un policía habría incendiado el automóvil de su expareja, quien había solicitado protección previamente.
Y el 15 de septiembre, también en Santa Lucía, la Policía intervino cuando un hombre habría intentado introducir por la fuerza a una adolescente de 14 años en un vehículo.
Son situaciones diferentes y cada una debe ser investigada judicialmente. Pero juntas muestran algo: la violencia machista no aparece únicamente cuando termina en femicidio. Está en las amenazas. En la persecución. En la violencia económica. Y también en los ataques que casi terminan en asesinato.
Según los datos difundidos por CAVIG citados en ese relevamiento, durante 2026 el organismo recibió 1.270 denuncias, de las cuales 259 correspondieron a desobediencias de órdenes judiciales.
Entonces aparece una pregunta inevitable: ¿De qué sirve una orden de protección si el Estado no puede garantizar que sea cumplida?
Refugios, recursos y protección: una deuda que sigue pendiente.
En San Juan existen organismos y dispositivos estatales destinados a abordar la violencia de género. Existe el CAVIG y también la Dirección de Género y otros espacios institucionales. Pero tener una estructura administrativa no significa que tengamos una política suficiente. La realidad concreta es la que importa.
Una mujer que decide abandonar a su agresor necesita un lugar donde dormir. Necesita comida, asistencia psicológica, asesoramiento jurídico poder llevarse a sus hijxs. Y, fundamentalmente, necesita saber que cuando salga de su casa no va a quedar en la calle.
En la provincia contamos con tres refugios estatales de contención, una cantidad que resulta insuficiente para una política integral de protección frente a la magnitud de las denuncias y situaciones de violencia existentes.
“El ajuste nacional también golpea a las mujeres y a la comunidad”
La situación de San Juan no puede analizarse separada del contexto nacional. El gobierno de Javier Milei modificó y redujo políticas destinadas a prevenir y atender las violencias de género.
Según un análisis de Chequeado, la inversión real en ocho programas vinculados a políticas de género cayó 94,8% entre 2023 y 2025. La Línea 144 y el programa Acompañar se encuentran entre los programas que sufrieron fuertes reducciones.
Al mismo tiempo, el Gobierno nacional viene cuestionando la utilización de la categoría de femicidio y promoviendo una agenda que organizaciones feministas consideran regresiva en materia de derechos de las mujeres y diversidades. Mientras tanto, en las provincias las mujeres siguen denunciando, Siguen pidiendo ayuda, Siguen escapando y algunas terminan asesinadas. No queremos llegar después
Gemma denunció. Camila terminó asesinada. Diez mujeres sobrevivieron a tentativas de femicidio durante los primeros seis meses del año. Una niña apareció —según el mensaje investigado— pidiendo ayuda en la pared de un baño escolar. Y en apenas cinco días de septiembre se acumularon nuevos episodios graves de violencia.
No podemos mirar cada hecho como una historia aislada. Porque detrás de todos ellos existe una estructura social que permite que la violencia contra mujeres, niñas y diversidades continúe reproduciéndose.
Camila y Gemma: sus nombres no se olvidan
La movilización de Calingasta mostró que el dolor puede transformarse en organización. En Barreal, Tamberías y Villa Calingasta, las calles se llenaron para reclamar justicia por Camila. Que esa movilización continúe. Que la bronca se transforme en organización.
Que el asesinato de Gemma tampoco quede archivado. Que se investiguen todas las responsabilidades. Que ninguna denuncia sea desestimada. Que ninguna mujer tenga que escribir un pedido de auxilio en una pared porque no encontró otro lugar donde ser escuchada.
Porque Ni Una Menos no puede ser solamente una consigna de una marcha anual. Tiene que ser una pelea cotidiana.
Se debería empezar por garantizar presupuesto específico y creciente para prevención y asistencia, con equipos interdisciplinarios suficientes en toda la provincia; una red de refugios públicos en todos los departamentos de la provincia, con atención las 24 horas y capacidad para recibir también a hijxs; y un sistema de protección que permita actuar rápidamente frente a una denuncia y controlar efectivamente el cumplimiento de las medidas judiciales.
También implica fortalecer la ESI en todas las escuelas, con capacitación para docentes y equipos que puedan intervenir frente a situaciones de abuso y violencia. Que una infancia/adolescencia pueda reconocer una situación de abuso, ponerla en palabras y encontrar a quién recurrir también es una herramienta de prevención.
Por Gemma.
Por Camila.
Por cada niña y cada adolescente que atraviesa una situación de abuso o violencia.
Por todas las que ya no están.
Y por todas las que seguimos acá.
