En la localidad de Las Juntas, Ambato, provincia de Catamarca, se llevó acabo la primera “Asamblea de Ríos Vivos” organizada por activistas y vecinos de la comunidad.
Su objetivo fue revalorizar un bien común vital, escaso y en disputa como es el agua. Amenazada por el extractivismo y hoy en particular en peligro ante la empresa israelí, Mekorot.
¿Quién es Mekorot? Es la empresa nacional del Estado sionista de Israel, que monopoliza y viola el derecho al acceso al agua al pueblo palestino, un apartheid del agua. Denunciada a nivel mundial por crímenes de guerras, es cómplice y actora del genocidio perpetrado por Israel que despojó de sus tierras al pueblo palestino, apropiándose de las mismas y de todos sus bienes comunes, expandiendo su coloniaje y dejando a millones de habitantes hacinados, privados del agua y sometidos a la extrema pobreza
El gobierno nacional, de la mano del ministro del interior –Wado de Pedro– y a través del Consejo Federal de Inversiones (CFI), avanza en acuerdos con gobernadores de siete provincias de las diez que participaron de la Misión Técnica por el Agua llevada a cabo en 2022 en Israel. En la pagina oficial del gobierno dicen que: “San Juan y Mendoza rubricaron sendos acuerdos con Mekorot en septiembre de 2022. Las provincias de Catamarca, La Rioja y Río Negro firmaron los contratos para el inicio de la elaboración de los planes maestros hídricos. Mientras que las provincias de Formosa y Santa Cruz rubricaron los contratos de consultorías para iniciar el proceso de asesoramiento con Mekorot. Además, la provincia de Santiago del Estero firmó un convenio con el CFI para el desarrollo de los lineamientos técnicos y términos de referencia para el Plan Maestro hídrico de la provincia”.
En nuestra provincia, el gobernador Raúl Jalil (PJ – Juntos por la patria) junto a los intendentes son cómplices de este negociado. Justifican la privatización del agua para importar la tecnología de Mekorot con el objetivo de “mitigar las sequias e inundaciones”. Mienten. Importan el modelo de una empresa que saquea, ocupa y coloniza al pueblo palestino para hacer en Argentina lo mismo. Wado de Pedro ha llegado a justificar estos acuerdos secretos en nombre de una supuesta soberanía. No tiene nada de soberano transformar los territorios en economías de enclave sionistas, no hay soberanía sin acceso a la información, sin consultas realmente libres e informadas.
El gobierno, como con todos los proyectos extractivos y espurios, no brinda el acceso a la información real. A cuenta gotas, por el esfuerzo y la persistencia de las asambleas es que vamos recogiendo información y armando el rompe cabezas, se filtró que Mekorot puso como requisito la construcción de al menos 4 diques en nuestra provincia, proyectos que el gobierno ya está ejecutando. Mekorot pretende controlar el precio del agua, gestionarla y distribuirla, así como la venta de agua “purificada” de origen residual, al igual que hace en Israel. En la asamblea se trató la situación que se vive en cada territorio y se relató la persecución y hostilidad que viven los pobladores que se oponen. Como en las mayorías de las provincias del NOA, la pobreza es feroz y los salarios son de hambre, la salida laboral más efectiva es en los municipios, como el de Ambato, donde expresarse públicamente contra Mekorot o ser disidente del oficialismo es sinónimo de perder la fuente de sustento. La extorsión y represión por los gobiernos son sistemáticos, porque saben que estos proyectos no tienen licencia social.
Entre las historias de amedrentamiento para disciplinar a quienes se animan a alzar la voz, conmovió la de un vecino de 76 años al que le quitaron 60 hectáreas. Otros pobladores perdieron también más de 100 hectáreas para los proyectos hidráulicos que se están ejecutando en la zona. Por ejemplo, el del Dique La Herradura en Las Juntas, aprobado por “consenso social”, cuando en realidad se hizo una audiencia trucha plagada de irregularidades para avanzar con el proyecto.
La construcción de este dique supuestamente abastecerá de más agua la zona, pero los pobladores más antiguos se niegan por el gran desastre ecológico que generaría, dado que los pueblos que viven de la cosecha, de los frutos de la tierra que cultivan en la cuenca baja del Río Las Trancas, como las localidades de Colpes, Huaycama, La Puerta Norte, entre otros, no tendrían agua al menos que abran la compuerta del dique. Alteraría el curso del agua y los pequeños agricultores no podrán tener acceso a ella, de a poco desaparecería la biodiversidad.
Desde la Red Ecosocialista propusimos seguir motorizando acciones de visibilidad y articulando con el resto de las provincias en la defensa de nuestro bien más preciado, el agua, y echar definitivamente a esta empresa genocida que ya está presente entre nosotros y se oculta con diferentes nombres en nuestra Latinoamérica como en Uruguay (que está sufriendo la peor sequía de su historia), Paraguay, Brasil, y ahora nuestro país. Es por ello que desde el MST en el FIT-Unidad y la Red Ecosocialista decimos que el agua nunca puede ser privada, es un bien común y vital para la vida: por ende, debe ser estatal y bajo administración y control de sus trabajadores y comunidades. Invocamos la ley general de ambiente, el Acuerdo Escazú y la consulta libre, informada, popular y vinculante para que los pueblos decidan y controlen todo.
Moine Gonzalo y Francisco Barros
Estudiantes de Geografía de la UNCa y militantes de la Red Ecosocialista