Esta semana por el boletín oficial de Santa Cruz del 22 de septiembre y por algunas notas en la prensa, nos enteramos de que el gobernador había autorizado la venta de la parcela Fracción G, Matrícula 186, ubicada en el Parque Provincial Península de Magallanes que está rodeado por el Parque Nacional Los Glaciares. El vendedor es la empresa La Lacustre del Sud y la compradora es ASB Hospitality Calafate SAU, creada este mismo año y perteneciente al Holding Albwardy Investment de Emiratos Árabes Unidos. Desde la Red Ecosocialista del MST en el FIT-U en los puntos que siguen denunciamos el negocio inmobiliario y llamamos a discutir los problemas de esta región que sobrepasan este caso concreto y los intereses del sector turístico.
Negociados a (y con) varias bandas
De acuerdo al catastro provincial hasta hace pocos años la empresa Lacustre del Sud, de las familias Laniado y De Tommaso era propietaria de otros ocho lotes, algunos linderos a la parcela que quieren vender y otros de mayor extensión hacia el norte y hacia El Calafate, todas en ubicación estratégica en el parque provincial y sobre la costa del lago. No es la primera vez que esta empresa busca vender tierras en esta área protegida. En un intento de venta anterior, en 2017, la misma empresa recibió una respuesta negativa, condicionada en parte por la falta de plan de manejo para el Parque Provincial Península de Magallanes. Cuando el plan de manejo se aprobó en 2022 las restricciones a la construcción de infraestructura, alojamientos y servicios siguieron vigentes.
Tampoco sería la única compra de tierras por parte de capitales de Emiratos Árabes Unidos. En ciencias políticas al modelo de estado de los Emiratos Árabes Unidos se lo denomina sistema neopatrimonial, el estado pertenece a la dinastía gobernante y lo usa como propiedad propia. El CEO de Albwardy activa negocios inmobiliarios de turismo de lujo para el 1% de los más ricos, son fondos de inversión privados, vinculados estrechamente con la dinastía gobernante; en cambio, el Emir de Abu Dabi y presidente de los Emiratos, Mohamed bin Zayed Al Nahyan, utiliza fondos de inversión estatales para compra de tierras en espacios estratégicos en zona de frontera, como el caso de las más de cincuenta mil hectáreas de El Foyel, El Manso y otras propiedades en las nacientes del río Chubut utilizando testaferros y en 2025 compró el campo con pista de aterrizaje en Bahía Dorada del magnate inglés Joe Lewis.
El objetivo del conglomerado de los Emiratos es construir un complejo de turismo de lujo denominado “Master Plan Ecocentro” en un área natural protegida provincial, en el borde del Parque Nacional Los Glaciares que se sumarían a otros dos hoteles que compró en el país, como el Four Seasons Buenos Aires y el Gran Meliá Iguazú de Puerto Iguazú. En este caso en Santa Cruz, al tratarse de una excepción “por única vez y con carácter estrictamente excepcional” al decreto de restricción de 2017, el emprendimiento hotelero sería el único alojamiento habilitado, sea en el sector sur del parque nacional como en el parque provincial. Esto se llama renta absoluta: ni nacionales ni otros extranjeros se verían beneficiados por las ganancias extraordinarias que le significaría a la empresa de Emiratos comprar esa parcela.
Las reacciones locales y provinciales
Si bien la firma del decreto fue a inicios de septiembre, recién fue publicado en el boletín oficial el 22 de septiembre y despertó el rechazo de diversos sectores en El Calafate que enseguida escalaron a la provincia, por parte de organizaciones ambientales, del Frente Cultural Calafate, la Asociación de Guías de Turismo de la Provincia de Santa Cruz (AGUISAC) de los trabajadores del sector por falta de transparencia y riesgos ecológicos. También se expidieron en rechazo la Asociación de Hoteleros de El Calafate (ACATEC) y la Cámara de Hotelería, Gastronomía, Comercio, Turismo, Industria y Actividades Afines de El Calafate y desde sectores políticos locales.
En caso de construirse estará violando varias normas nacionales y provinciales, como la presupuestos mínimos para la protección de glaciares y ambientes periglaciales aun en sus aspectos mas restringidos y que fue reforzada en 2026 con el Blindaje Ambiental Provincial. También avanza sobre espacios de bosque nativo de máxima protección según el Plan de Manejo del Parque Provincial Península de Magallanes, donde sólo se autorizan actividades científicas y de ninguna manera el uso residencial turístico o no, por lo cual estaría violando la ley de bosques de 2007 e incluso la ley de extranjerización de la tierra debe tener la autorización de la venta de tierras a extranjeros por parte de la Secretaría de Estado de Recursos Hídricos del Ministerio de Energía y Minería y por situarse en área de frontera, el trámite de la conformidad de la Dirección de Asuntos técnicos de Fronteras dependiente de la Vicejefatura del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación. En su conjunto significa una regresión ambiental incumpliendo el Acuerdo Regional de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales vigente desde 2021.
Finalmente, de manera unánime y acompañada por otros sectores la legislatura provincial aprobó un pedido de informes en carácter de urgencia de hasta 48hs para que el gobernador haga público el expediente con los datos del proyecto y los estudios ambientales.
Ni para los trabajadores ni para la naturaleza
Acompañamos las denuncias y esperamos el acceso a la información presentados por los diferentes sectores y en particular por la AGUISAC, el Frente Cultural Calafate y grupos ambientalistas. La operación inmobiliaria promete trecientos puestos de trabajo, pero también asegura una exposición más grave y aumento de la vulnerabilidad del propio glaciar, el atractivo que da trabajo.
Mientras tanto en Santa Cruz, miles de niñas y niños, jóvenes y personas adultas apenas conocen la provincia. Más allá de algunas becas y viajes, el turismo social apenas existe y los beneficios se restringen a descuentos en pasajes a veces otorgados por las propias empresas que a su vez son monopólicas.
Tampoco existen alternativas laborales para periodos donde baja el flujo de turistas y los trabajadores quedan sin ingresos y muchas veces viajan a sus lugares de origen. Así como hay que denunciar la extranjerización y esta venta escandalosa es necesario denunciar las condiciones laborales de trabajadores en gran parte precarizados, que en verano viven hacinados y en espacios reducidos. También faltan tierras y viviendas para los habitantes permanentes tanto en El Calafate como en El Chaltén, donde los servicios colapsan en algunos sectores y barrios por la intensidad de uso y la falta de obras de infraestructura o de apertura de nuevos loteos. La especulación inmobiliaria en espacios urbanos y rurales y en lugares de naturaleza frágil e imponente no es solo de los Emiratos Árabes o de la Lacustre del Sud. Tampoco se restringe solo a atractivos turísticos o las áreas protegidas.
Desde la Red Ecosocialista del MST en el FIT-U, denunciamos estos negociados y denunciamos también las condiciones laborales y de vivienda de los trabajadores y la continuidad de las políticas de cercamiento y apropiación privada de la naturaleza, que históricamente vino asociado a desplazamientos forzados y genocidios de poblaciones indígenas por gran parte de los “estancieros nacionales” para poner sus ovejas. Una política ecosocialista exige no solo denunciar los negociados de ahora y de ayer, sino principalmente llamar a construir una alternativa que apunte a garantizar las condiciones de vida de los trabajadores y las condiciones de sustentabilidad de la naturaleza.
