El registro de 100 sismos asociados al fracking en lo que va de 2026 y el cierre de la Escuela Primaria 291 de Aguada Toledo por problemas de sanidad ambiental exponen la otra cara de Vaca Muerta. Mientras Milei y Figueroa celebran los récords petroleros, crecen las evidencias de los impactos de un modelo que pone los negocios por encima de la salud y el ambiente. Desde el MST y la Red Ecosocialista planteamos una salida de fondo: prohibir el fracking y avanzar hacia una transición ecosocialista, con los trabajadores y las comunidades como protagonistas.
Por Jere Zalazar
El jueves 22 de octubre, a las 6:40 de la mañana, se registró un nuevo sismo en las cercanías de Sauzal Bonito, a unos 17 kilómetros al sudeste de la localidad. Su magnitud fue de 2,5 y, por su intensidad y distancia, no fue percibido por la población. Sin embargo, el evento tiene una relevancia particular: según el Observatorio de Sismicidad Inducida (OSI), fue el sismo número 100 asociado al fracking registrado en Neuquén durante 2026.
La comparación con el año pasado resulta significativa. En 2025 se contabilizaron 102 eventos de este tipo, pero el centenar recién se alcanzó el 18 de diciembre. Este año, la cifra se alcanzó casi dos meses antes y todo indica que podría superarse el registro anterior.
Desde que el Observatorio comenzó sus análisis, en 2019, ya se contabilizaron 695 sismos asociados a la actividad hidrocarburífera no convencional en Vaca Muerta. Los registros se construyen a partir de información del Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES) y de cálculos independientes de la Red Geocientífica de Chile. Sin embargo, el propio Observatorio advierte que la cantidad real podría ser mayor.
El problema no es solamente sísmico. También existe una grave dificultad para acceder a información pública. En mayo de 2021, la Secretaría de Energía de Neuquén, a través de la Subsecretaría de Hidrocarburos, firmó un acuerdo de confidencialidad con el INPRES. Aunque su vigencia terminó el 14 de mayo de 2026, los datos todavía no fueron entregados. Según la información difundida por el Observatorio, la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal ordenó al organismo nacional entregar esa información a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), pero la medida continúa sin cumplirse.
Así, mientras las empresas disponen de información sobre sus operaciones y sus protocolos de seguridad, las comunidades que conviven con esta actividad no cuentan con todas las herramientas necesarias para conocer los riesgos a los que están expuestas.
Una relación que no se puede ocultar
La sismicidad asociada al fracking es un problema documentado en distintas regiones del mundo y también en Vaca Muerta. La inyección de fluidos a presión y los cambios en las condiciones del subsuelo pueden favorecer la reactivación de fallas geológicas y desencadenar sismos. La relación debe analizarse a partir de los datos de cada evento, pero la actividad no convencional y sus posibles impactos sísmicos no pueden quedar fuera de cualquier evaluación seria de los riesgos.
El antecedente más contundente en la zona de Sauzal Bonito ocurrió el 7 de marzo de 2019, cuando se registró un sismo de magnitud 5, el de mayor magnitud identificado hasta ahora en este contexto en la región. El evento estuvo asociado a una deformación superficial del terreno de aproximadamente dos centímetros en cercanías del complejo hidroeléctrico Cerros Colorados, al sur de Portezuelo Grande.
El fenómeno fue estudiado por un equipo liderado por el investigador del CONICET Guillermo Tamburini Beliveau. Los resultados se publicaron en noviembre de 2022 en la revista científica Scientific Reports, del grupo editorial Nature. La investigación documentó la deformación superficial vinculada al evento, un hallazgo relevante para comprender los procesos geológicos asociados a la actividad hidrocarburífera no convencional.
A pesar de estos antecedentes, las empresas mantienen un alto grado de confidencialidad sobre sus sistemas de alerta o semáforos sísmicos. La población no tiene acceso suficiente a los protocolos que se aplican para determinar cuándo detener las operaciones ante determinados eventos, ni cuenta con información completa que permita evaluar su cumplimiento.
No alcanza con que las petroleras aseguren que controlan los riesgos. La población tiene derecho a conocer qué sucede bajo sus territorios, qué medidas se toman y quién fiscaliza su cumplimiento.
La otra cara de los récords petroleros
El 19 de octubre, durante la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026, Javier Milei elogió al gobernador Rolando Figueroa y presentó a Neuquén como el ejemplo del país que pretende construir. Ambos reivindican la expansión hidrocarburífera, el crecimiento de las exportaciones y la creación de condiciones favorables para las grandes inversiones. La adhesión provincial al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) expresa esa orientación.
Pero mientras funcionarios y empresarios celebran los récords de producción, las inversiones y los negocios, en los territorios aparecen otras consecuencias.
La Escuela Primaria 291 de Aguada Toledo permanece cerrada por problemas de sanidad ambiental. El establecimiento está ubicado a unos 1.100 metros de instalaciones de YPF en Sierra Barrosa, donde se detectaron emisiones de metano mediante el seguimiento satelital del Observatorio Internacional de Emisiones de Metano del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente.
Según informó la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, la comunidad educativa llevaba semanas sin clases cuando las autoridades resolvieron mantener cerrado el edificio hasta fines de febrero de 2027 y trasladar las actividades a Challacó, a unos 30 kilómetros de distancia. La decisión se produjo en un contexto de problemas de infraestructura, dificultades para acceder a la escuela y preocupación por la situación ambiental de la zona.
La organización también cuestionó que se delegaran en YPF estudios y tareas de monitoreo ambiental, sin que la población recibiera información suficiente sobre el alcance del problema. Las emisiones de metano, además de contribuir al calentamiento global, pueden estar asociadas a otros contaminantes perjudiciales para la salud.
Es necesario ser precisos: la proximidad de las instalaciones y la detección de emisiones no permiten atribuir automáticamente cada problema sanitario a una fuente determinada. Precisamente por eso hacen falta estudios independientes, información pública y evaluaciones integrales de la exposición ambiental y sus posibles consecuencias.
Lo que resulta inadmisible es que una comunidad educativa deba abandonar su escuela y alejarse de su territorio sin contar con explicaciones claras, mientras la empresa involucrada participa en las tareas de evaluación y remediación.
Los dos casos, los sismos y la escuela, muestran distintas dimensiones de un mismo problema: los riesgos de una actividad que avanza sobre los territorios mientras las comunidades reclaman información, controles efectivos y garantías para su salud.
Un modelo con responsables políticos
Milei y Figueroa no ocultan su apuesta por profundizar Vaca Muerta. La presentan como una oportunidad para atraer inversiones, incrementar las exportaciones y convertir a la Argentina en una potencia energética. Sin embargo, el aumento de la producción no resuelve por sí mismo los problemas sociales ni garantiza que sus beneficios se distribuyan de manera equitativa.
Desde el MST y la Red Ecosocialista cuestionamos un modelo extractivista que organiza la producción en función de la rentabilidad de las grandes empresas, mientras sus consecuencias ambientales y sociales recaen sobre las poblaciones y los territorios.
No se trata de negar la importancia de la energía ni de desconocer el trabajo de miles de personas que sostienen la actividad. Se trata de discutir quién decide qué producir, para qué y bajo qué condiciones. También de preguntarnos quién se apropia de los beneficios y quién asume los costos.
El secretismo sobre los registros sísmicos, la falta de información ambiental accesible y las dificultades para garantizar condiciones adecuadas a una comunidad educativa muestran los límites de confiar en las propias empresas para controlar los impactos de sus operaciones.
Frente a esta situación, exigimos información pública completa sobre la sismicidad, los pozos en fractura y los protocolos de seguridad; monitoreos ambientales independientes, con participación de las comunidades; y controles estatales efectivos que prioricen la salud y el ambiente por encima de los intereses empresariales.
Pero no alcanza con mejorar los controles de una actividad cuyos riesgos forman parte de su propio funcionamiento. Nuestra perspectiva es terminar con el fracking y construir otra relación entre la sociedad, la energía y la naturaleza.
Una salida ecosocialista
Desde el MST y la Red Ecosocialista planteamos la prohibición del fracking y la expropiación de las grandes petroleras, bajo control de sus trabajadores y de las comunidades. No proponemos dejar a miles de familias sin sustento ni desconocer las necesidades energéticas de la población. Proponemos reorganizar la producción y planificar una transición que permita reducir progresivamente la dependencia de los combustibles fósiles.
Esa transición debe garantizar los puestos de trabajo, los derechos laborales y los ingresos de quienes hoy dependen de la actividad hidrocarburífera. Para eso, impulsamos una reconversión laboral planificada, con capacitación y generación de empleo en energías renovables, recuperación ambiental y otras actividades productivas socialmente necesarias.
La energía debe estar al servicio de las necesidades sociales, no subordinada a la rentabilidad de un puñado de corporaciones. Eso exige discutir la matriz energética, el destino de la producción, la planificación de las inversiones y el control democrático de las decisiones estratégicas.
Esta perspectiva también se construye en las luchas concretas. Somos parte de la campaña Salvemos el Mari Menuco, que enfrenta los proyectos de perforación de YPF en las inmediaciones de los lagos y defiende las fuentes de agua que abastecen a gran parte de la región. Fortalecer esa campaña y la organización de las comunidades es fundamental para frenar el avance petrolero sobre territorios y bienes comunes esenciales.
Los 100 sismos registrados en lo que va del año y la situación de la Escuela 291 deberían encender una alarma. No podemos naturalizar que las comunidades convivan con riesgos que no pueden evaluar por falta de información, ni aceptar que el derecho a la educación, la salud y un ambiente sano quede subordinado a los negocios petroleros.
Frente a Milei y Figueroa, necesitamos fortalecer la unidad entre trabajadores, estudiantes y comunidades para enfrentar el extractivismo y construir una alternativa de fondo. Con organización y movilización podemos avanzar hacia una transición ecosocialista que garantice el derecho al agua, al trabajo y a una vida digna, con el control democrático de la producción y de los bienes comunes.
