¡JUSTICIA contra todos los responsables materiales e ideológicos!
El femicidio de Nanci no puede quedar impune. Además de una investigación a fondo que determine los autores materiales de este femicidio, es necesario marcar la responsabilidad del gobierno nacional y provincial de Corrientes, como así también del propio ministerio de educación, además de señalar la pasividad de las conducciones sindicales. Organicemos la bronca para conquistar justicia. ¡Basta de silencio y complicidad! Paro Nacional y plan de lucha de CTERA exigiendo justicia por Nanci.
Después de 21 días, el final que no queríamos
Se conoció la noticia del hallazgo del cuerpo de Nanci Godoy, la docente rural de 52 años que estaba desaparecida desde el 7 de octubre en Corrientes. Una noticia que golpea duramente a su familia, a sus hijos, a sus compañeras y a toda una comunidad que desde el primer día salió a buscarla, se movilizó y reclamó que apareciera con vida. También conmocionó a las escuelas de todo el país, donde miles de docentes nos preguntamos cómo pudo suceder algo así y por qué, una vez más, las denuncias de una mujer trabajadora no recibieron las respuestas necesarias.
En medio del dolor, la conmoción y la indignación, nos solidarizamos con su familia, sus compañeras y toda la comunidad educativa. Pero junto con el acompañamiento, levantamos una exigencia que no puede esperar: ¡Justicia por Nanci Godoy! Que se investigue hasta el final y que paguen todos los responsables, materiales y políticos. Nanci desapareció de su escuela, una escuela abandonada y aislada, y hasta el momento ningún funcionario del ministerio de educación nacional y/ o provincial ha dado una respuesta a su familia. Menos el gobierno de Corrientes. No desaparecemos, nos matan y aquí el silencio es cómplice.
Una docente sola, un Estado ausente y una violencia que también es estructural
Nanci era directora suplente de la Escuela Rural N.º 626, en el paraje El Malezal, departamento de Esquina. Para llegar a su lugar de trabajo debía recorrer 70 kilómetros de caminos de tierra y continuar a caballo. Según trascendió a partir de sus denuncias, trabajaba de lunes a viernes en condiciones de aislamiento, sin servicios básicos y en una precariedad que no puede naturalizarse como parte de la tarea docente ni de ninguna actividad laboral.
La escuela está ubicada en la estancia privada El Curupí. El Estado la destinó a trabajar allí sin garantizarle las condiciones mínimas de seguridad, infraestructura, comunicación y acompañamiento que necesitaba. No se trata de una fatalidad ni de un problema individual: hay que investigar quién tomó esas decisiones, qué condiciones laborales se le impusieron y qué hicieron las autoridades frente a los reclamos que ella había realizado. Y mucho mas allá de esto, porque ningún funcionario al día de hoy ha dicho una palabra.
El 7 de octubre, a las 20.45, Nanci le avisó a su hijo que había llegado bien. Fue el último contacto. Después, el silencio, la incertidumbre y una búsqueda que movilizó a su familia y a la comunidad.
Nanci había denunciado las condiciones en las que trabajaba. Peleó por ser escuchada. Sin embargo, hoy tenemos que preguntarnos por qué esas denuncias no alcanzaron para que se tomaran medidas concretas para protegerla. ¿Quién debía garantizar su seguridad? ¿Qué hicieron las autoridades educativas?
No es un hecho aislado: una mirada feminista sobre el femicidio
La muerte de Nanci también nos obliga a poner sobre la mesa una realidad que el movimiento feminista viene denunciando hace años: las mujeres trabajadoras estamos expuestas a múltiples formas de violencia, y esa vulnerabilidad se profundiza cuando se combina con la precarización laboral, el aislamiento, la falta de recursos y la ausencia de respuestas estatales.
No afirmamos que las condiciones laborales expliquen por sí solas el crimen ni reemplazamos con hipótesis lo que debe determinar la investigación judicial. Pero sí sostenemos que es indispensable investigar cómo esas condiciones pudieron aumentar su vulnerabilidad y qué responsabilidades existen por haberla enviado a trabajar en un lugar aislado sin garantías suficientes.
La violencia de género no puede analizarse al margen de las condiciones materiales en las que vivimos y trabajamos. La precarización, la falta de autonomía económica, la desprotección y la naturalización de que las mujeres resuelvan solas los riesgos que enfrentan forman parte de un entramado de desigualdad que debemos cuestionar.
Sostenemos que no alcanza con discursos contra la violencia ni con campañas en fechas determinadas. Se necesitan políticas públicas, presupuesto, prevención, dispositivos de protección y respuestas concretas ante cada denuncia. Y se necesita que las mujeres trabajadoras tengan voz, organización y herramientas colectivas para defender sus derechos. Programas que desde el gobierno nacional se recortaron. En especial frente a los recursos de protocolo ante búsqueda de persona desaparecida, que muestra los limites frente a una red de complicidades.
Nanci no puede convertirse en una estadística más ni su historia quedar reducida a una noticia policial. Su caso debe investigarse con perspectiva de género, sin prejuicios ni revictimización, escuchando a su familia y a sus compañeras y reconstruyendo todas las circunstancias que rodearon su desaparición y muerte. Que hoy haya aparecido su cuerpo es fruto de la presión por abajo y de la búsqueda de su familia y compañeres, no de una investigación que haya tenido ningún eje ni perspectiva de género y mucho menos de querer llegar a la verdad.
Latifundios de sangre
La desaparición de la docente Nanci Godoy expone el violento entramado socioambiental de Corrientes: escuelas desamparadas dentro de estancias privadas, cotos de caza y una investigación penal que ya se tipifica como femicidio pero que trata de alejar de algunas hipótesis de investigación.
El paraje El Malezal, en las profundidades del departamento de Esquina, se ha convertido en el escenario de una tragedia que sintetiza el conflicto histórico entre el arraigo social, la educación pública y los intereses de los grandes terratenientes. Nancy Estela Godoy, directora suplente de la Escuela Primaria N° 626, desapareció tras adentrarse en la Estancia El Curupí, un latifundio de unas 15.000 hectáreas propiedad de la familia Nemesio.
Dos meses antes, la docente había radicado una fuerte denuncia de puño y letra ante el Consejo General de Educación. En su carta describía el abandono edilicio, la presencia de alimañas y la total falta de agua potable, viéndose forzada a pernoctar en las inmediaciones y a “negociar” su habitabilidad con el personal del predio privado.
Paralelamente, la justicia evalúa de forma directa la relación entre la presencia de la escuela y el desarrollo de actividades de un coto de caza dentro del predio, en una región bajo la lupa por la proliferación de establecimientos cinegéticos clandestinos orientados al turismo extranjero. Vale decir que los detenidos son peones, a los que se le acusa de haber atacado a Nanci, pero nada se dice de los dueños y mucho menos de los patrones con los que debía negociar Nanci su estadía en ese paraje.
Sea cual sea la verdad detrás de este doloroso escenario, la comunidad rural y toda la sociedad civil exigen que se corra el velo de la impunidad corporativa en el interior profundo y del funcionamiento precario, mafioso y violento de los dueños de todo.
Corrientes y el gobierno nacional deben dar explicaciones
La responsabilidad política del gobierno de Corrientes es ineludible. Es necesario esclarecer qué sabían las autoridades educativas provinciales sobre las condiciones en las que trabajaba Nanci, qué respuestas dieron a sus reclamos, qué medidas de protección dispusieron y por qué no se garantizaron condiciones laborales seguras. El gobierno provincial debe explicar qué hizo antes, durante y después de su desaparición, y poner todos los recursos necesarios a disposición de la investigación.
También exigimos explicaciones al gobierno nacional de Javier Milei y a la Secretaría de Educación de la Nación. La educación rural no puede quedar librada a la suerte de cada docente, a las distancias geográficas ni a los recursos de los propietarios privados de los establecimientos donde funcionan escuelas. El ajuste, el desfinanciamiento y el desprecio por las condiciones de vida de quienes sostienen la educación pública agravan una situación que requiere una respuesta integral.
Que el gobierno nacional no haya asumido públicamente una posición a la altura de la gravedad de este caso es parte de un silencio político que repudiamos. La Nación y las provincias tienen responsabilidades que deben esclarecerse, cada una en el ámbito que le corresponde. Ninguna jurisdicción puede utilizar a la otra como excusa para eludir sus obligaciones.
Exigimos que se investigue también el papel de los responsables de la estancia El Curupí y de cualquier persona que pudiera haber intervenido, conocido hechos relevantes o contribuido a encubrirlos. La propiedad privada no puede convertirse en un límite para investigar ni en un privilegio frente a la ley.
Queremos saber quiénes son los responsables, qué sabían, qué hicieron y qué dejaron de hacer. No aceptamos que la investigación se cierre sobre los responsables materiales sin esclarecer las responsabilidades institucionales y políticas e ideológicas.
¿Dónde estuvieron las conducciones sindicales? ¡Exigimos una acción nacional!
La ausencia de respuestas no involucra solamente a los gobiernos. También tenemos que señalar el papel de las conducciones sindicales docentes, empezando por CTERA y las organizaciones nacionales y provinciales que deben defender a las y los trabajadores de la educación.
Las conducciones sindicales no estuvieron a la altura de la gravedad de esta situación. No impulsaron una respuesta nacional capaz de poner todos los recursos y la fuerza organizada de la docencia al servicio de la búsqueda de Nanci. Y ahora, ante el hallazgo de su cuerpo, tampoco hay una acción nacional contundente para exigir justicia y señalar las responsabilidades políticas.
No alcanza con publicar mensajes de condolencias ni con expresar solidaridad en las redes. Las y los docentes necesitamos que nuestros sindicatos convoquen a asambleas, plenarios, jornadas de protesta y movilizaciones en todo el país. Necesitamos que la fuerza de las escuelas se ponga en movimiento para exigir justicia, esclarecer lo ocurrido y conquistar condiciones laborales seguras.
La pasividad de las conducciones sindicales deja a las trabajadoras y los trabajadores más expuestos frente a gobiernos que ajustan y precarizan. Los sindicatos deben estar presentes cuando una docente denuncia, cuando hay que exigir medidas de protección y cuando una comunidad necesita organizarse. No pueden aparecer solamente después de una tragedia.
La bronca que recorre las escuelas tiene que transformarse en organización y acción colectiva. No podemos permitir que el paso de los días diluya el reclamo ni que la responsabilidad se descargue únicamente sobre quienes cometieron materialmente el crimen.
Comisión investigadora independiente y medidas urgentes
No depositamos una confianza ciega en una Justicia atravesada por desigualdades de clase y de género. Pero que además, ha demostrado ser ineficiente como lo fue en caso de Loan. Exigimos una investigación judicial exhaustiva, independiente de las presiones políticas y económicas, con perspectiva de género y con garantías para que no haya encubrimiento ni impunidad.
Por eso proponemos impulsar una Comisión Investigadora Independiente, integrada por representantes de la familia, organizaciones de mujeres y diversidades, sindicatos docentes, especialistas y organismos de derechos humanos, con acceso a la información necesaria y capacidad para relevar testimonios, reconstruir responsabilidades y hacer públicos sus resultados. Esta comisión debe complementar y controlar socialmente la investigación judicial, sin reemplazar las facultades legales de la Justicia.
Nos falta una maestra. Basta de impunidad! Justicia por Nanci!!
