La lista de casos de corrupción dentro de La Libertad Avanza sigue sumando nombres. En esta oportunidad el protagonista es Santiago Santurio, un diputado nacional del oficialismo que experimentó un salto patrimonial completamente inexplicable de la noche a la mañana. Este legislador pasó de manejar un vehículo de la aplicación Uber para llegar a fin de mes a comprarse una lujosa casa en un barrio cerrado de la provincia de Buenos Aires. La adquisición de esta propiedad valuada en 300 mil dólares fue posible gracias a un insólito y veloz crédito hipotecario otorgado por el Banco Nación.
La causa impulsada en la justicia por la diputada Marcela Pagano saca a la luz una serie de irregularidades alarmantes en la adjudicación de estos fondos públicos. Hasta asumir su banca en el Congreso en diciembre de 2023, Santurio era un docente e inquilino que necesitaba realizar viajes extra en su auto para sostener a su familia.
Según su propia declaración jurada, apenas contaba con un patrimonio total de 12 millones de pesos. Es materialmente imposible justificar de dónde sacó los casi U$S 60.000 necesarios para pagar el anticipo de su nueva vivienda. El Banco Nación decidió ignorar esta enorme carencia de fondos y le entregó un préstamo VIP de U$S 239.000 con una cuota mensual que consume casi el 50% de su salario neto. Cualquier trabajador asalariado es rechazado automáticamente por la entidad bancaria cuando la cuota supera el límite regulatorio del 25% de sus ingresos.
Este meteórico enriquecimiento guarda muchísimas similitudes con el escándalo del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ambos funcionarios experimentaron un progreso patrimonial obsceno en tiempo récord y los dos justifican sus dudosas finanzas apoyándose en cónyuges que no registran ingresos formales ante ARCA. A estas irregularidades se suma el agravante de los plazos otorgados por la entidad financiera. Al diputado libertario se le concedió un tiempo de cancelación de 30 años cuando su mandato como legislador vence en menos de tres años, demostrando una flexibilización total de los requisitos de estabilidad laboral.
El club de los préstamos VIP y la nueva casta
Santurio es uno de los engranajes dentro de una maquinaria de corrupción generalizada que funciona bajo el amparo de la cúpula presidencial. El acceso privilegiado a los fondos del Banco Nación benefició a una extensa lista de funcionarios y legisladores libertarios. Personajes como los funcionarios del Ministerio de Economía Felipe Núñez y Federico Furiase obtuvieron más de 800 millones de pesos de la banca pública. El tuitero gubernamental Juan Doe y los diputados Mariano Campero y Lorena Villaverde también figuran entre los agraciados que recibieron estos créditos millonarios. A todos ellos se les abrieron las puertas del Estado con una facilidad que resulta inalcanzable para cualquier familia trabajadora de nuestro país.
Los escándalos brotan casi de manera cotidiana para confirmar que el gobierno construyó su propia casta de privilegiados con una velocidad asombrosa. Esta dinámica de impunidad quedó en evidencia con el caso de Adorni, un hecho que terminó desatando una profunda crisis interna al desnudar el manejo espurio de los fondos en la mesa chica oficialista. Semejante escenario demuestra cómo el ecosistema libertario acumula causas gravísimas que llegan hasta lo más alto del poder institucional. Un claro ejemplo de esta pudrición estructural es la estafa con las criptomonedas del proyecto $LIBRA, un expediente que se mueve dentro de la Justicia de manera muy lenta y señala directamente al presidente Javier Milei y a su hermana Karina como los principales involucrados. Esta misma funcionaria también se encuentra bajo la mira judicial en la causa que investiga retornos ilegales dentro de la ANDIS. La lista de negocios turbios se extiende con casos como el de Carlos Frugoni, el exsecretario de Coordinación de Infraestructura que omitió declarar siete propiedades en Miami dentro de su declaración jurada. A este entramado oscuro se suma el financiamiento narco de la campaña de José Luis Espert con la plata de Fred Machado, conformando un inmenso prontuario donde estos son apenas algunos ejemplos.
La impunidad con la que operan estos dirigentes contrasta de manera violenta con el brutal ajuste que le imponen al pueblo en su vida diaria. Es totalmente repudiable observar cómo los representantes del gobierno disfrutan de las bondades de la casta mientras exigen sacrificios inhumanos a las mayorías. Para comprender la magnitud de esta burla y el nivel de desconexión de la dirigencia basta con observar la nueva casa del diputado Santurio. El oficialismo amasa fortunas, se reparte créditos exclusivos y vive rodeado de lujos financiados con el esfuerzo ajeno al mismo tiempo que condena a los adultos mayores y a la clase trabajadora a la miseria absoluta.
Frente a la complicidad que garantiza esta fiesta de la nueva casta surge la necesidad urgente de conformar una comisión investigadora totalmente independiente de los poderes del Estado. Este organismo tiene que disponer de todas las herramientas para investigar hasta las últimas consecuencias y lograr que todos los culpables paguen por este saqueo. Castigar a los responsables de esta enorme estafa representa un paso indispensable para comenzar a desarmar por completo un plan económico diseñado para quebrar a las mayorías.
