La maratónica sesión en la Cámara de Diputados, que se extendió por más de 15 horas, dejó al descubierto no solo la fragilidad parlamentaria del gobierno de Javier Milei, sino también la obscena dinámica de toma y daca que impera en el Congreso.
Luego de haber conseguido aprobar (con modificaciones que lo obligan a volver al Senado) el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y de darle media sanción a su propia iniciativa sobre Discapacidad (ambos logros atados a fuertes concesiones previas), el oficialismo cerró la jornada con una jugada puramente especulativa. Al advertir que no le daban los números para aprobar su proyecto sobre endeudamiento familiar, La Libertad Avanza (LLA) maniobró en plena madrugada para devolver el tema a comisiones, asegurándose así de cajonear una discusión urgente para millones de familias asfixiadas por la crisis.
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Esta vuelta a comisión fue el último eslabón de una cadena de negociaciones y retrocesos que el oficialismo viene arrastrando desde que necesitó blindar el DNU 70/23 la semana pasada. La urgencia del Gobierno por mostrar alguna victoria legislativa lo llevó a ceder en puntos clave y a entregar modificaciones que, irónicamente, van en contra de la motosierra y el ajuste ortodoxo que le exige el FMI.
El salvataje de madrugada
El debate sobre la creciente morosidad y el endeudamiento de los hogares arrancó cuando ya pasaban las tres de la mañana. Rápidamente quedó en evidencia que la votación iba a estar sumamente ajustada. El dictamen de mayoría, impulsado por LLA, el PRO y la UCR, no aportaba ninguna solución real para quienes no pueden pagar sus deudas. Como bien se denunciaba desde una parte de la oposición, el proyecto oficialista es puro maquillaje: no establecía tasas máximas de interés ni planes de refinanciación, limitándose a promover capítulos de educación financiera y portabilidad crediticia. Básicamente, frente a una crisis donde el 40% de los deudores con menores ingresos no puede afrontar sus pagos por la caída brutal del poder adquisitivo, la respuesta del Gobierno era mandarlos a hacer un cursito de finanzas.
Por su parte, el dictamen de minoría (apoyado por Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica) proponía declarar la emergencia por 180 días, estableciendo planes de refinanciación, topes para que las cuotas no superen el 30% de los ingresos y la condonación del 100% de los intereses punitorios.
Al ver que su proyecto minimalista iba camino a ser rechazado, lo que hubiera habilitado la votación del dictamen de la oposición, la diputada libertaria Silvana Giudici presentó sorpresivamente una moción de orden para que el tema regresara a las comisiones de Finanzas y Defensa del Consumidor.
El rol clave del cordobesismo
La maniobra oficialista para dilatar el debate se aprobó con 121 votos a favor (LLA, PRO, UCR y aliados) y 117 en contra (UP, FIT, Coalición Cívica y parte de Provincias Unidas). La balanza, al igual que había ocurrido horas antes con la Ley de Inviolabilidad Privada, se inclinó gracias a la abstención de cinco diputados cordobeses que responden al gobernador Martín Llaryora: Carolina Basualdo, Carlos Gutiérrez, Juan Schiaretti, Ignacio García Aresca y Alejandra Torres.
Este accionar generó un verdadero estallido en el recinto. Los bloques opositores, que pretendían rechazar el texto oficialista para avanzar con el propio, denunciaron a los gritos el toma y daca entre emisarios del Gobierno y legisladores. La bronca se potenció porque la moción de Giudici no incluyó ninguna fecha concreta para retomar el debate en comisiones. Esto significa que el oficialismo tiene luz verde para cajonear indefinidamente el problema de la morosidad familiar.
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Un Congreso de espaldas a la calle
Durante la extensa jornada también se aprobaron otras iniciativas, como la creación de un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y el endurecimiento de las penas por vandalismo rural. Sin embargo, el saldo político de la sesión es la consolidación de un modus operandi sumamente nocivo.
El gobierno de Milei, empantanado en su propia crisis y desesperado por mostrar gobernabilidad, se sostiene a base de concesiones y pactos de trasnoche con una casta política que dice ser oposición, pero le garantiza los números cuando las papas queman.
Las abstenciones salvadoras de los gobernadores aliados y las negociaciones en los pasillos demuestran que, mientras el oficialismo ofrezca algo a cambio, siempre encontrará cómplices dispuestos a sostenerle el andamiaje del ajuste. Frente a este panorama de complicidad parlamentaria, queda más claro que nunca que ninguna salida favorable para las mayorías saldrá de este Congreso. La verdadera respuesta para frenar el saqueo, defender los derechos y terminar con las maniobras de la casta se tiene que construir en las calles y con la movilización popular.
