Una pregunta para nada “rebuscada” a casi seis años del #NiUnaMenos y tres de la Ley Micaela, y la respuesta del aspirante a juez Elián Smith que se volvió viral, muestran el atraso de la tan reclamada sensibilización y perspectiva de género en el ejercicio de la función pública y en todos los niveles del Estado y su gobierno.
La pregunta de la diputada Vanesa Siley fue en una entrevista personal convocada por la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial en el Concurso 364, para cubrir tres cargos en la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Santa Cruz.
¿Qué significa el concepto techo de cristal?, preguntó la diputada. El postulante Smith no supo responder. Que genere indignación es el primer reflejo, pero sobre todo es una muestra clarísima de lo mucho que falta por hacer en materia de género en todas las instituciones del Estado y sobre todo en la Justicia, que interviene en los procesos de judicialización de los casos de violencia de género mostrando su cara más machista y patriarcal, como orden jurídico que no aplica la perspectiva de género sino que fomenta los estereotipos.
El techo de cristal es un concepto que hace referencia al conjunto de obstáculos no explícitos con los que nos topamos las mujeres en el acceso igualitario a los espacios de poder y decisión. Este tipo de barrera existe en todas las instituciones de esta sociedad patriarcal y capitalista: en las empresas, hospitales, partidos políticos tradicionales, sindicatos y, por supuesto, en la justicia. Es de cristal porque se supone “invisible”, pero está fundamentado en la división sexual del trabajo y de las tareas de cuidado y también en los estereotipos de género vigentes.
Hoy por hoy, el acceso a los cargos no rige por la idoneidad, capacidades y habilidades de los y las postulantes sino que reproduce la lógica desigual del patriarcado, que nos impide tener el mismo acceso que los varones: se naturalizan los sesgos machistas que vulneran a las mujeres, cuerpos gestantes y disidencias.
Visibilizar estos mecanismos de opresión y comprenderlos es una tarea para ayer, pero además dicho video evidencia que el pueblo y las y los trabajadores debemos participar, a través de mecanismos democráticos, en las designaciones de funcionarios públicos con amplios poderes como los jueces y otros. No pueden seguir primando las designaciones pactadas entre cuatro paredes, que perpetúan en el poder a los mismos de siempre. Todos los privilegios deben ponerse en cuestión: la elección directa de los jueces y fiscales por voto popular se torna urgente, también como mecanismo que garantice la idoneidad, formación y capacitación de quienes ocupan esos lugares de poder. Sin elección por voto popular y juicios por jurados, la propuesta de reforma judicial feminista que hacen sectores oficialistas es no cambiar nada.
Es urgente avanzar en despatriarcar la justicia y en un sistema judicial que garantice los derechos sociales y de género. Para eso hace falta organización y movilización en las calles, como siempre se hizo para conquistar cada derecho y cada ley por el movimiento de mujeres.
El papelón del aspirante a juez es, además, una muestra contundente de que la aplicación y alcance de la Ley Micaela, la ESI, la ILE, la creación de refugios suficientes para atender a las mujeres víctimas de violencia machista, la no revictimización de las víctimas por parte de la Justicia y la celeridad en los casos de violencia de género tienen responsables: son el Estado, el gobierno nacional y, en este caso concreto, la gestión de Alicia Kirchner.
Ingrid Urrutia y Sofi Martínez