A causa de números muy poco claros, se abre un nuevo capítulo en la interna libertaria. Think Tanks, donaciones opacas y otro cruce entre las aristas del “Triángulo de hierro”.
La Inspección General de Justicia (IGJ) exigió que la Fundación Faro presente el listado completo con los nombres de quienes aportaron $5.000 millones de forma anónima a sus arcas. Esta sorpresiva intimación recae sobre una de las principales usinas de pensamiento de la ultraderecha oficialista y expone los manejos poco transparentes de un espacio que opera como sostén financiero fundamental para el gobierno de Javier Milei.
Al exigir el esclarecimiento del origen de esta inmensa cantidad de dinero se sacan a la luz los mecanismos oscuros utilizados para bancar a estos sectores políticos a nivel mundial. A su vez, esta estricta medida de control estatal deja al descubierto un nuevo episodio de la feroz pelea que divide al triángulo de hierro presidencial, exponiendo cómo el organismo regulador bajo la órbita de Karina Milei avanza directamente contra la estructura de recaudación ligada al asesor Santiago Caputo.
Operaciones oscuras y un entramado que recauda millones
Al parecer los manejos pocos claros y la corrupción, ya son una cuestión oficial dentro de las filas libertarias y este caso no difiere mucho de este denominador común. La historia contable de esta fundación comparte una similitud singular con los crecimientos patrimoniales de varias figuras de La Libertad Avanzar, sobre todo por el volumen de opacidad con el que se manejan.
De acuerdo a la documentación oficial presentada, hasta mayo del año pasado la entidad operaba bajo el nombre de Fundación Valorar y presentaba un patrimonio neto de apenas $12 millones. Con el cambio de autoridades y la adopción de su denominación actual experimentó un incremento patrimonial exponencial al multiplicar sus recursos más de 350 en un solo ejercicio. En su balance correspondiente al primer año de gestión libertaria la organización declaró ingresos por casi $5.000 millones bajo el ambiguo concepto de “donaciones, cursos, talleres y prevención”. Pero a diferencia de lo declarado, todo ese dinero no terminó destinado a proyectos de investigación social. Según información oficial, el 92% de estos activos terminó colocado en el mercado financiero a través de fondos comunes de inversión y letras del Tesoro.
A toda esta especulación financiera se le suman enormes agujeros contables descritos por los propios auditores independientes. Los estados financieros se presentaron ante las autoridades sin haber sido transcritos en los libros obligatorios de la propia organización. Este desmanejo se agrava aún más cuando se observan más de $240 millones anotados como “deudores varios” sin especificar a qué personas o empresas se les prestó ese capital. El documento oficial también asienta la toma de préstamos por más de $34 millones sin ninguna explicación sobre sus condiciones y un extraño depósito en garantía millonario que sugiere el alquiler de un inmueble de enorme envergadura.
Para intentar disimular estas irregularidades el organismo de control se apoyó en normativas que obligan a declarar el origen de los fondos cuando superan el equivalente a cuarenta salarios mínimos vitales y móviles. Esta norma obligaba a la entidad a presentar una declaración jurada sobre la licitud de cualquier donación superior a los $11 millones.
El destino de los fondos recaudados deja a la vista de todos cual es la función de esta maquinaria libertaria disfrazada de fundación filantrópica. Entre marzo del año pasado y el mismo mes del corriente año la entidad gastó $1.079 millones en publicidad política a través de la cuenta “Ratio Oficial”. Esta enorme inyección de dinero la convirtió en la segunda mayor inversora en anuncios de la plataforma Meta a nivel nacional.
Para sostener este nivel de gasto se organizaron exclusivas cenas de recaudación en los salones del Yacht Club Puerto Madero, propiedad de los hermanos Juan y Patricio Neuss, empresarios inmensamente beneficiados con concesiones eléctricas durante esta misma administración y que hoy se anotan por la disputa en la Hidrovía del Paraná. El cubierto para asistir al evento alcanzó los U$S 25.000 por persona y apuntaba a que las grandes empresas compraran mesas completas por U$S 200.000. El encuentro terminó congregando a los dueños de Globant, Martín Migoya y Guibert Englebienne, junto a directivos como Marcelo Mindlin de Pampa Energía y Claudio Belocopitt de Swiss Medical. También formaron parte de la velada el titular de YPF Horacio Marín y representantes de firmas petroleras de gran peso como Tecpetrol, Total y Vista Oil & Gas. Ninguno de todos estos nombres figuró en los papeles entregados a las autoridades competentes.
Fundación Faro y las relaciones internacionales de la ultraderecha
El peso y la influencia de esta estructura no se quedan solamente adentro del país, ya que buscan tejer lazos muy estrechos con los sectores más reaccionarios de todo el planeta. Para empujar con fuerza toda esta movida internacional, la dirección ejecutiva quedó en manos del ultra reaccionario Agustín Laje, quien hace dupla con el abogado chileno, Axel Kaiser, como subdirector. Juntos arman un bloque extremista en nuestras latitudes y se encargan de conectar a la fundación con el resto de la ultraderecha global. Además, este equipo de trabajo responde a un consejo internacional presidido por Alberto Benegas Lynch e integrado por figuras extranjeras férreamente aliadas a las ideas conservadoras extremas.
Bajo esta conducción se forjaron relaciones profundas con organizaciones de extrema derecha a escala global. Laje se encargó de organizar en la ciudad de Buenos Aires un gran evento internacional junto al Centro para los Derechos Fundamentales de Hungría, un espacio que responde de forma directa a los lineamientos del ex presidente Viktor Orbán. A estas alianzas se suman lazos estratégicos con la Fundación Heritage, con los foros de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y con la Fundación Disenso ligada al partido español Vox.
Todo este esfuerzo por armar una red de contactos internacionales tiene el claro objetivo de vender una imagen de superioridad moral e intelectual para terminar disputando ideológicamente un sector de la sociedad. El problema es que esa careta choca de frente con la realidad de nuestro país, ya que la organización viene acumulando manchas por varios escándalos que salpican de lleno al entorno del presidente Milei. El primer gran golpe ocurrió con la explosión de la criptoestafa $LIBRA, cuando salieron a la luz fotografías del director de esta usina de pensamiento compartiendo encuentros con Mauricio Novelli, uno de los principales apuntado por aquel fraude financiero. Como si ese ruido mediático fuera poco, la entidad volvió a quedar en el ojo de la tormenta al desatarse la polémica por el presunto enriquecimiento ilícito del funcionario Manuel Adorni. Producto de varias investigaciones periodísticas se terminó conectando a esta organización ultraderechista con la trama de corrupción libertaria. A causa de esto actualmente se investiga si el dinero utilizado para financiar las actividades y pagar posibles sobresueldos no provenía en realidad de los millonarios fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado.
Toda esta sumatoria de denuncias públicas, junto con la evidente falta de transparencia en los números entregados a las autoridades, no hace más que alimentar las dudas sobre los verdaderos métodos de financiamiento que sostienen a esta red internacional.
El nuevo ring de la interna libertaria
El pedido de información sobre los donantes anónimos trasciende lo puramente administrativo y se convierte en un arma de guerra dentro de la propia interna oficialista.
La intimación para que se entreguen los nombres en un plazo perentorio de 10 días es un claro mensaje de poder y de advertencia, sobre todo cuando se observa como es la disposición dirigencial de estos organismos. La IGJ se encuentra actualmente dirigida por Alejandro Ramírez, un funcionario designado por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. Esta reciente reconfiguración del área judicial del Estado dejó al organismo de control bajo la órbita de influencia directa de Karina Milei. Del otro lado del mostrador de las disputas se ubica la Fundación Faro comandada por Laje y coordinada estratégicamente por Francisco Caputo, el hermano del principal asesor del presidente.
Este ordenamiento transforma un simple trámite en un evidente pase de facturas entre las dos facciones en pugna del gobierno libertario. Y de esta manera, la hermana del presidente utiliza los resortes del Estado para golpear el corazón del financiamiento político que maneja Santiago Caputo. Aunque estos personajes intenten negar cualquier intencionalidad política y justifiquen el requerimiento como la corrección de un simple error formal subsanable en 30 horas, la realidad demuestra que las reglas de juego se aplican de manera selectiva según las conveniencias del momento.
Las disputas por el control del relato oficial y de los recursos económicos exponen a cielo abierto la profunda fractura del núcleo duro libertario. Todo este escenario de opacidad financiera y peleas palaciegas deja en evidencia una enorme contradicción dentro de la gestión actual. Quienes llegaron al poder con la promesa de barrer definitivamente los privilegios de la casta política hoy dedican todo su tiempo a ocultar millones de pesos aportados por las grandes corporaciones y a utilizar las herramientas de las instituciones públicas para resolver sus propias vendettas personales.
