Si con la estructura legal actual la Corte Suprema de Justicia ya operaba como una guarida antidemocrática repleta de privilegios y concentración de poder, la reciente maniobra del gobierno libertario oscurece aún más todo este panorama.
El presidente Javier Milei y su ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, publicaron el decreto 467/2026[i] para modificar los procedimientos de selección en el máximo tribunal. Esta medida avanza con la excusa de “agilizar” la cobertura de vacantes y acelerar las designaciones en un sector plagado de demoras históricas. Toda esta profunda desregulación administrativa se aplica de igual manera para nombrar con mayor velocidad los cargos de magistrados federales, fiscales y defensores públicos a lo largo y ancho del país.
Un andamiaje judicial a la medida de la corrupción actual
El instrumento publicado por el Ejecutivo modifica los decretos 222 y 588 dictados en el año 2003 y ataca directamente los escasos mecanismos de transparencia que existían previamente. La medida más flagrante es la eliminación del proceso de participación ciudadana en la órbita del Poder Ejecutivo, una instancia que exigía la publicación de los currículums de los aspirantes y permitía que la sociedad civil presentara impugnaciones fundadas durante 15 días. El gobierno justificó esta drástica poda argumentando que dicha etapa representaba una simple duplicación de procedimientos y decidió concentrar todo el control institucional de manera exclusiva en el ámbito del Senado.
La supuesta modernización transmitida por el oficialismo reduce de manera alarmante la difusión pública de las distintas candidaturas. El nuevo texto deroga la exigencia formal de publicar las postulaciones y los antecedentes en los diarios de circulación nacional, limitando toda la comunicación institucional a la página web oficial del Ministerio de Justicia y al Boletín Oficial.
A su vez, el decreto borra de un plumazo las exigencias de contemplar la diversidad de género, la especialidad jurídica y la procedencia regional a la hora de proponer a los nuevos aspirantes. Al descartar estas recomendaciones sobre paridad y federalismo, la Casa Rosada deja el camino totalmente allanado para imponer nominaciones que respondan de forma estricta a sus necesidades políticas de turno. En paralelo a estas facilidades, se dispuso que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero cuente con un acotado plazo de 5 días para emitir los informes impositivos correspondientes de cada postulante.
Fiel a su estilo de agravar la histórica opacidad del Estado, el actual mandatario ya había eludido las escasas normativas de control vigentes al proponer tiempo atrás al juez federal Ariel Lijo y al académico, Manuel García Mansilla, para integrar el máximo tribunal. En aquella oportunidad el mandatario ignoró por completo las pautas del decreto original y desató un enorme escándalo que obligó a García Mansilla a renunciar a su puesto al poco tiempo de haber asumido en comisión.
Favores familiares y blindaje frente a la corrupción
El estado actual del Poder Judicial resulta completamente lamentable al funcionar como una rama del Estado que siempre transita y falla de acuerdo a los intereses del poder político y económico reinante. El reciente decreto de la gestión libertaria perfecciona toda esta maquinaria para asegurar una impunidad absoluta a todos los actores involucrados en el saqueo del país.
Una muestra cabal de esta reconfiguración estructural quedó a la vista durante la última sesión en la Cámara Alta con la escandalosa votación de un verdadero festival de pliegos judiciales. El desembarco de Juan Bautista Mahiques en el ministerio marcó el inicio del diseño de un entramado de magistrados totalmente adaptado a las necesidades de protección que reclama el Ejecutivo. En este ámbito de acomodos se pagan favores de forma obscena, un hecho que quedó fehacientemente demostrado cuando el actual ministro logró la renovación del pliego de su propio padre para que se quede atornillado de por vida en su puesto de juez federal. Además, gran parte de los postulados aprobados recientemente mantienen vínculos directos e innegables con otros magistrados en funciones o con influyentes agentes del poder económico concentrado.
Todo este tejido de protección corporativa es una necesidad de primer orden para un gobierno enredado a diario en múltiples casos de corrupción y desvío de fondos. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, representa en la actualidad el principal exponente de estos escándalos por su enriquecimiento patrimonial injustificable. A esta grave crisis se suma que el propio presidente de la Nación y su hermana Karina arrastran causas de enorme peso por sus vinculaciones directas con la criptoestafa $LIBRA y los millones evaporados en la agencia Andis. La cúpula libertaria sabe perfectamente que sus andanzas oscuras requieren de una justicia adicta que esté siempre dispuesta a cajonear los expedientes y a mirar hacia otro lado cuando el dinero desaparece misteriosamente de las arcas públicas.
Una herramienta legal contra los derechos de los trabajadores
La reconfiguración profunda de los tribunales supera ampliamente el encubrimiento de los funcionarios corruptos para convertirse en un arma de ataque directo contra las mayorías populares. El gobierno necesita colocar magistrados amigos en puestos estratégicos para poder impugnar rápidamente cualquier reclamo que surja desde la clase trabajadora. Todo el brutal trabajo desregulador y flexibilizador que impulsa el oficialismo requiere de un respaldo legal sumamente firme para facilitar y agilizar los negocios de las grandes patronales. Estos sectores concentrados de la economía exigen contar con la arquitectura judicial necesaria para resguardar sus ganancias millonarias a costa del empobrecimiento general de los trabajadores.
En esta misma sintonía de clase, el acelerado recambio de jueces busca garantizar un endurecimiento feroz de las penas para lograr la criminalización de cualquier sector que se anime a organizarse para protestar contra el brutal modelo económico en curso. Todo este plan de disciplinamiento avanza a paso firme mediante la utilización deliberada del Código Penal contra los sectores populares. La famosa seguridad jurídica extendida por el gobierno funciona únicamente como una garantía para blindar al capital financiero y otorgar una inmensa tranquilidad a una cúpula política que sabe que el ajuste salvaje se sostiene exclusivamente con un aparato de represión legal a su entera disposición.
Por un sistema judicial democrático y bajo control popular
Frente a este escenario de acomodos y privilegios inaceptables resulta por demás evidente que el sistema no se arregla en absoluto con modificaciones superficiales o parches estéticos.
Para terminar de raíz con la lógica corporativa que sostienen el clan Mahiques y todos sus aliados es indispensable romper definitivamente con la estructura actual de los tribunales nacionales. Es fundamental que todos los magistrados, tanto los jueces como los fiscales, sean elegidos de forma directa por medio del voto popular. El pueblo debe conocer a quienes imparten justicia en lugar de permitir que las autoridades sean electas entre cuatro paredes mediante pactos oscuros que solo garantizan el encubrimiento de los poderosos. Estos cargos de inmenso poder deben dejar de ser vitalicios para pasar a tener mandatos temporales estrictos, contando siempre con la posibilidad de una revocabilidad inmediata de sus funciones si incumplen con sus deberes o se involucran en actos ilícitos.
Para desarmar la vida de lujos escandalosos en la que operan estos funcionarios es una prioridad absoluta terminar con sus sueldos onerosos. Resulta imperioso eliminar todos los privilegios salariales de la casta judicial para que perciban exactamente el mismo ingreso que cualquier trabajador promedio de nuestro país.
Al mismo tiempo, la verdadera lucha contra la impunidad exige conformar urgentemente una comisión investigadora independiente que esté integrada por personalidades intachables y reconocidos referentes de los derechos humanos. Esta herramienta popular debe llegar a la verdad definitiva sobre los negociados multimillonarios de la gestión libertaria para asegurar que los culpables paguen por todo el daño social provocado.Esta democratización genuina y de fondo del aparato de justicia requiere forzosamente anclarse en una transformación socialista de toda la sociedad que invierta las prioridades económicas a favor de la clase trabajadora
[i] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/343100/20260616
