Por Mili Álamo
El femicidio de Gemma Giselle Álvarez, ocurrido el 30 de julio de 2026 en la provincia de San Juan. Vuelve a exponer una realidad que atravesamos todos los días las mujeres y diversidades del país. Cuando ocurre un femicidio, se desmientes todos los discursos del gobierno sobre una supuesta disminución de los casos de violencia de género. Gemma era trabajadora de la salud y madre de una niña de 11 años, que había denunciado previamente a su expareja, principal acusado del crimen.
Los hechos
El femicida Matías Exequiel Marín mantuvo una relación amorosa con Gemma. La reconstrucción realizada por los investigadores revela la extrema violencia con la que se produjo el ataque. Ella había denunciado a su femicida por violencia de género y él, en represalia, esperó que Gemma saliera de su casa para dirigirse a su trabajo y la persiguió en automóvil. Según la pesquisa, Gemma intentó escapar en su motocicleta mientras era perseguida por un Volkswagen Gol Trend blanco. El agresor logró interceptarla al cerrarle el paso, obligándola a detener su marcha. Luego descendió del vehículo y la atacó con un arma blanca. La autopsia confirmó que recibió 31 puñaladas, heridas que le ocasionaron la muerte en el lugar. En la zona estaba pasando un penitenciario que se detuvo al ver la moto impactada por el auto; en el momento en el que se acerca a la escena, Marín le dispara y sale huyendo por un descampado. El penitenciario logra llegar a Gemma, y ella muere intentando ser auxiliada.
El femicida estuvo prófugo y protegido por vecinos y amigos durante todo el día, hasta que en la noche del 30 la policía logró aprehenderlo mientras intentaba suicidarse.
Un femicidio que podría haberse evitado
Lejos de tratarse de un hecho aislado, este femicidio es parte del entramado social y político donde la violencia contra las mujeres encuentra condiciones para reproducirse. Las denuncias previas, las dificultades para garantizar protección efectiva y la reiteración de estos hechos muestran que el problema excede las responsabilidades individuales y alcanza a las instituciones del Estado. Era un crimen evitable, porque Gemma había acudido a la “justicia” para denunciar a su femicida, pero el día después que llegaron las “medidas de protección”, él la asesinó.
La desprotección y la revictimización que enfrentan las víctimas de violencia que deciden denunciar aumenta cada día en un contexto nacional atravesado por políticas de ajuste. A lo que se suma el desmantelamiento y desfinanciamiento de programas destinados a prevenir la violencia de género y una creciente legitimación pública de discursos que relativizan la desigualdad estructural entre varones y mujeres. La violencia extrema no surge de manera espontánea: se alimenta de prácticas cotidianas de control, amenazas, impunidad y desprotección institucional.
En el momento en el que se eliminan los canales de denuncia y acompañamiento, los espacios de escuchas y las políticas destinadas a prevenir violencias, quedamos expuestas a la materialización en nuestros cuerpos de la violencia machista. El desprecio por nuestras vidas es la impunidad que la justicia le da a los varones violentos. Cada femicidio representa un fracaso del Estado para garantizar el derecho a vivir una vida libre de violencias. Las consignas que recuerdan a Agostina, Dulce y a todas las pibas que nos arrebataron expresan precisamente esa continuidad: cada nuevo asesinato confirma que las demandas históricas siguen vigentes mientras las respuestas institucionales resultan insuficientes.
Nos pasemos 100 pueblos
El femicidio ocurrido en San Juan vuelve a demostrar que la violencia machista no constituye una emergencia ocasional, sino una problemática estructural. Mientras persistan discursos negacionistas de la violencia de género, que minimicen las desigualdades o presenten los derechos conquistados como privilegios, continuará existiendo un terreno fértil para reproducir relaciones de poder basadas en el control y la violencia. El Estado, de la mano de Milei y con toda la complicidad del PJ y los socios dialoguistas nos deja a nuestra suerte todos los días.
Se inscribe en un contexto donde las desigualdades de género son reforzadas por decisiones políticas que debilitan los programas de prevención, asistencia y protección frente a las violencias. La persistencia de discursos que deslegitiman las demandas del movimiento feminista, junto con el desfinanciamiento de las instituciones encargadas de garantizar derechos, configura un escenario de mayor vulnerabilidad para mujeres y diversidades.
Nuestra respuesta es colectiva. Acompañar y luchar. Es la demanda al Estado por políticas públicas reales, financiadas y que sirvan para realmente luchar contra la violencia. Nuestro grito de justicia es colectivo porque tenemos la responsabilidad política de defender nuestros derechos e ir por cambios de fondo con lucha, con movilización y en las calles. En una coyuntura donde es política de Estado, que nuestras vidas no importen, nos matan por mujeres, trabajadoras y pobres, con toda la legitimación del gobierno nacional y provincial, y niegan, sistemáticamente las desigualdades históricas y estructurales que sufrimos. A este gobierno femicida le decimos que no retrocedemos ni un paso atrás, y llamamos a mujeres y diversidades a seguir organizades en asambleas, en nuestros lugares de estudio o trabajo, pero sobre todo en las calles. Que nuestro grito de justicia se haga eco en cada rincón del país.
