Por la noche del lunes 20 de marzo, el gobierno nacional tomó la medida de intervenir Edesur, una de las empresas responsables por los sucesivos cortes de luz que se vienen dando en la zona del AMBA durante la ola de calor. La intervención, según lo anunciado estará a cargo de Jorge Ferraresi, ex ministro del actual gobierno e intendente de Avellaneda.
Así, durante 180 días, el antes mencionado, tendrá la función por designio del ENRE. El mismo organismo declaró: “Esta intervención, que tendrá como tarea fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución de obras para mejorar el servicio, será llevada a cabo por el ingeniero Jorge Ferraresi, que tiene una enorme capacidad de gestión y experiencia en el sector energético”. Fiscalizar, controlar y monitorear, son todas tareas que el gobierno actual, como los anteriores, ya tendrían que estar cumpliendo.
Queda a la vista de todos los usuarios, que por estos días han sufrido insoportables cortes del servicio, que la designación de Ferraresi no es más que una pantomima ante la furia expresada en las calles. Como así también lo es la ejecución de multas por 2.700 millones a Edesur. No porque esté mal multar a estos estafadores, sino porque desde el gobierno, a principio de año, se le condonó una deuda por cifras muchos mayores. Junto con Edenor debían a Cammesa 219.615 millones de pesos. Pero terminaron acordando que sólo deberán pagar 80.210 millones entre ambas, en 96 cuotas y a tasa en pesos subsidiada, ya que el resto, $ 139.405 millones, es una fabulosa condonación de deuda otorgada por el Ministerio de Economía.
Esta intervención de carácter “técnico”, no modifica un ápice de las empresas que se han enriquecido a costa de subsidios millonarios y tarifazos. Con esta medida el gobierno no tomará el control de la empresa ni tampoco va a afectar a los accionistas. Mantiene la rentabilidad de una privatizada que no ha invertido un peso en mejorar la infraestructura del servicio prestado, siendo responsable de que más de 100.000 usuarios por día no tengan luz.
Para terminar de una vez por todas con este curro, es necesario avanzar con una solución estructural como la nacionalización de todo el conjunto del sistema energético, poniéndole punto final a las privatizadas. Paso que no se tiene que dar con la designación de ningún veedor testimonial, sino con el control de las empresas, ya de carácter estatal, por parte de los trabajadores, técnicos especializados en la materia y usuarios. Sólo de esta manera los servicios públicos pueden dejar de ser un nicho de negocios, para transformarse en un derecho garantizado.