Nadia Beller, expareja de Fernando Cerimedo, declaró ante el fiscal Franco Picardi y aseguró que el consultor le habló de pagos ilegales en ANDIS y de una presunta canalización de la corrupción hacia Karina Milei. Además, ofreció conversaciones grabadas que podrían incorporarse a la causa. La declaración se conoce apenas horas después de que la Cámara Federal confirmara los procesamientos de Diego Spagnuolo y otras 18 personas.
Un nuevo hilo llega a Casa Rosada
La causa por las presuntas coimas y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó un nuevo elemento. Nadia Beller declaró por videoconferencia ante el fiscal Franco Picardi y sostuvo que Fernando Cerimedo le había hablado de hechos de corrupción en ANDIS y de pagos ilegales cuyo destino, según lo que él le habría contado, estaba vinculado con Karina Milei.
Beller no aportó montos, fechas ni detalles concretos que permitan por sí solos probar esos dichos. Ella misma aclaró que la información que posee es referencial, ya que proviene de conversaciones mantenidas con Cerimedo. Pero ofreció poner a disposición de la Justicia grabaciones de esas conversaciones que se encuentran en un teléfono incautado en Bolivia.
La Justicia deberá ahora determinar si ese material contiene información relevante y, fundamentalmente, si puede ser corroborado mediante otras pruebas.
Una causa que ya tiene 19 procesados
El testimonio adquiere mayor peso político porque llega después de una decisión clave de la Cámara Federal: la Sala II confirmó los procesamientos de Spagnuolo, su segundo Daniel Garbellini y otras 17 personas, entre ellas empresarios vinculados con laboratorios y proveedores.
El tribunal sostuvo la existencia de una estructura destinada a direccionar contrataciones y obtener beneficios mediante sobreprecios y presuntos pagos ilegales. La investigación detectó sobreprecios que alcanzarían entre el 2.000% y el 4.000% en determinados medicamentos de alto costo.
Es decir, la causa ya no se encuentra solamente en el terreno de una denuncia política o periodística: existen procesamientos judiciales que sostienen una hipótesis de organización ilícita. Eso no equivale a una condena definitiva, pero marca un avance significativo del expediente.
La pista de Karina Milei
Uno de los aspectos que Beller volvió a poner sobre la mesa es el posible vínculo entre las maniobras investigadas en ANDIS y funcionarios de la Casa Rosada.
Según su declaración, Cerimedo le habría dicho que “la corrupción estaba canalizada por la hermana del Presidente”, en referencia a Karina Milei. Sin embargo, la testigo no pudo precisar cómo se realizaban esos supuestos pagos ni aportar montos o mecanismos concretos.
También mencionó a Natalia Basil, exfuncionaria de ANDIS y expareja de Cerimedo, quien habría denunciado irregularidades mediante un correo electrónico antes de dejar su cargo. Este punto podría convertirse en otra línea de investigación si la Justicia logra encontrar ese supuesto correo y establecer su contenido y destinatarios.
El negocio sobre la discapacidad
La gravedad del expediente no puede medirse solamente por las personas que aparecen involucradas. ANDIS administra recursos destinados a medicamentos y tratamientos para personas con discapacidad que no cuentan con cobertura médica.
La Cámara Federal sostuvo que la organización investigada habría utilizado ese organismo para obtener beneficios mediante contrataciones y sobreprecios. Y ahí aparece una contradicción que excede a los nombres propios: mientras el Gobierno justificó recortes en el área en nombre del déficit cero, la investigación judicial apunta a un presunto esquema de sobreprecios millonarios sobre recursos destinados precisamente a garantizar prestaciones de salud.
El ajuste se presenta como inevitable cuando se trata de derechos. Pero cuando aparecen negocios alrededor de esos mismos recursos, las cifras parecen adquirir otra dimensión.
Que se investigue hasta el final
La nueva declaración abre una pregunta política ineludible: si los retornos investigados en ANDIS efectivamente existieron, ¿hasta dónde llegaba la cadena de responsabilidades?
La respuesta no puede quedar limitada a los funcionarios que ya fueron procesados. Hay que investigar toda la ruta del dinero, los empresarios beneficiados, los funcionarios involucrados y cualquier eventual conexión con la Casa Rosada.
Los fondos destinados a personas con discapacidad no pueden ser una caja para funcionarios ni empresarios. Que se abran todas las cuentas, se conozca el destino de cada peso y se investigue hasta el último responsable.
