Foto. Ariel Esposito
La feroz interna del oficialismo libertario sumó un nuevo capítulo de máxima tensión que sacudió por completo el tablero político y parlamentario. Luego de advertir públicamente que no acataría la orden de retirar el pliego de la jueza Michelli, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado redobló la apuesta y le presentó su renuncia al presidente Javier Milei.
Esta jugada de Patricia Bullrich dejó al descubierto la fragilidad de los acuerdos dentro del gobierno y descolocó a toda la dirigencia oficialista. Milei escuchó la propuesta de renuncia y decidió rechazarla para continuar con la reunión privada restándole total importancia a la declaración de la legisladora. Toda esta secuencia de desobediencias abrió un enorme signo de interrogación sobre el futuro inmediato del Congreso, empujando a la sesión prevista para este próximo jueves a un terreno complicado donde abundan las especulaciones sobre su posible suspensión.
El impacto de este choque amenaza con paralizar una agenda legislativa fundamental para las aspiraciones de la Casa Rosada. El oficialismo buscaba avanzar en el recinto con la aprobación de más de setenta nombramientos judiciales que ya contaban con un dictamen favorable de comisión. Sumado a los pliegos, el temario planificado incluía la sanción de la vital Ley de Inviolabilidad de la propiedad privada y la aprobación final del pago a los denominados fondos buitres.
Todo este andamiaje parlamentario quedó pendiendo de un hilo ante la rebelión explícita de la titular de la bancada libertaria y el creciente malestar de los bloques aliados. Quienes hasta ayer le garantizaban los votos al modelo económico oficialista ahora amenazan con vaciar el recinto y dejar caer la sesión. Los referentes de la oposición dialoguista utilizan esta especie de intento de censura judicial del Ejecutivo como una vía rápida para golpear a un gobierno atravesado por su propia interna, demostrando que su accionar responde al oportunismo del momento y carece de algún tipo de preocupación por los caprichos del gobierno libertario.
El origen del conflicto
El periplo de todo este conflicto comenzó semanas atrás cuando el propio Poder Ejecutivo envió el pliego de la abogada María Verónica Michelli para integrar el Tribunal Oral Criminal Federal 3 de la ciudad de La Plata. La postulación avanzó sin mayores sobresaltos y logró sortear con éxito la instancia de audiencia pública en la Cámara Alta. El respaldo fue tan contundente que la candidata obtuvo la firma favorable en la comisión de Acuerdos gracias al acompañamiento conjunto de diversos senadores oficialistas y opositores. Pero, semejante consenso parlamentario se derrumbó abruptamente por una orden fulminante que bajó directamente desde la secretaría general de la Presidencia. Karina Milei exigió dar marcha atrás con el nombramiento al enterarse de un detalle familiar que la cúpula del gobierno consideró imperdonable.
La magistrada quedó en el centro de la tormenta al confirmarse que es la cuñada del periodista del diario La Nación, Hugo Alconada Mon. Este periodista resulta una figura incómoda para el oficialismo debido a sus investigaciones sobre casos de corrupción que rozan al corazón de la gestión libertaria. Sus trabajos expusieron temas extremadamente sensibles para la imagen presidencial, abarcando desde el escándalo de la criptoestafa $LIBRA hasta el incremento patrimonial del jefe de Gabinete Manuel Adorni. Frente a este peligroso escenario mediático, la orden de Karina fue tajante y obligó a los operadores parlamentarios a frenar el pliego para evitar darle poder a un familiar directo de alguien que contantemente ventila los asuntos referidos a la vida de la casta libertaria.
La ejecución apresurada de esta censura dejó en evidencia los fuertes desmanejos internos y provocó una catarata inmediata de pases de factura. Varios legisladores libertarios apuntaron sus críticas hacia el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, responsabilizándolo por no haber revisado los antecedentes familiares de los candidatos antes de enviar las extensas nóminas al Congreso. En paralelo a estos fuertes reproches, el presidente de la comisión de Acuerdos, Juan Carlos Pagotto, decidió acatar ciegamente la orden de la Casa Rosada reteniendo el dictamen favorable bajo siete llaves. Esta maniobra del legislador riojano implica una violación al reglamento parlamentario y desató la furia de los legisladores aliados que habían prestado su acuerdo genuino para avanzar con el nombramiento.
La “objeción de conciencia” de Bullrich y el efecto dominó en el Senado
En medio de este clima sumamente caldeado, Patricia Bullrich decidió comunicarle a su propia tropa que no acompañaría la cuestionada orden presidencial. Minutos antes de hacer pública su postura, la ex ministra de Seguridad utilizó el grupo de chat interno de los senadores libertarios para adelantar su inminente voto negativo frente al pedido de retiro del pliego. La dirigente justificó su decisión argumentando que el electorado de La Libertad Avanza exige gestos republicanos contundentes y no persecuciones políticas. Desde su perspectiva, vetar a una candidata idónea por el simple hecho de ser familiar de un periodista representa un daño autoinfligido innecesario para la imagen del gobierno en un momento de fuerte desgaste social.
Tras esa clara advertencia interna, Bullrich recurrió a sus redes sociales para formalizar su desmarque ante la opinión pública. En su publicación confirmó que apelaría al derecho a la objeción de conciencia para oponerse abiertamente a la directiva emanada desde la Casa Rosada. Este sorpresivo posicionamiento generó un estallido automático en el bloque y desató un tenso debate interno donde algunos pocos legisladores respaldaron su postura, mientras otros exigieron lealtad absoluta y verticalismo hacia los hermanos Milei.
El mensaje desafiante de la senadora cruzó rápidamente las estrechas fronteras partidarias y encontró eco inmediato en figuras clave del radicalismo y del PRO. La senadora Carolina Losada ratificó su apoyo total al pliego de Michelli exigiendo coherencia con los principios innegociables de independencia en la Justicia. En esa misma línea crítica, el legislador formoseño, Francisco Paoltroni, se sumó a la rebelión afirmando que los senadores no son meros levantamanos y cuestionó duramente la innegable impericia del gobierno para manejar los procesos institucionales.
Una gestión atravesada por las peleas palaciegas
Este nuevo y escandaloso encontronazo asoma como el síntoma más evidente de un proceso de degradación sostenido en la vida interna del gobierno nacional. La estabilidad en la cúpula oficialista transita por una zona de turbulencias desde que explotó el caso de presunto enriquecimiento ilícito que involucra al actual jefe de Gabinete. Manuel Adorni se ha negado de manera reiterada a brindar explicaciones claras sobre su evolución patrimonial, generando un desgaste incesante que golpea directo a la presidencia. La jefa de la bancada oficialista ya había protagonizado un cortocircuito previo de enorme magnitud al exigir públicamente la rápida presentación de la declaración jurada de bienes del vocero presidencial. La mesa chica de la Casa Rosada interpretó esa jugada como una provocación inaceptable frente a la estrategia oficial orientada a defender a ultranza al ministro coordinador.
Ahora, es fundamental aclarar que el posicionamiento actual de Bullrich obedece a una lógica política puramente oportunista y de supervivencia, derribando cualquier intento romántico de mostrarla como una heroína de la institucionalidad o una líder cruzada contra la corrupción interna. Las valoraciones personales y las complejas cuentas en el tablero electoral de cara al año 2027 ocupan un lugar central en cada uno de sus movimientos legislativos. Mientras viaja a la provincia de Mendoza para participar de un evento internacional sobre ciberseguridad, la senadora juega su propio y calculado partido político. Su objetivo primordial busca consolidar un perfil que le permita capitalizar a futuro el profundo desgaste de un gobierno propenso a encubrir sus propios escándalos, incluso cuando declare mediáticamente que trabajará con esfuerzo para lograr la reelección del actual presidente.
La grave crisis interna que atraviesa el oficialismo se extiende mucho más allá de los desencuentros mediáticos con la titular de la bancada en la Cámara Alta. Desde el inicio mismo de esta gestión, la estructura de poder centralizada conocida como el Triángulo de Hierro exhibe grietas cada vez más profundas e irreversibles. La pelea descarnada por la concentración absoluta de las decisiones estratégicas enfrenta a cielo abierto al asesor Santiago Caputo con “el Jefe”, Karina Milei, manteniendo a la administración libertaria en un estado fuego amigo permanente.
Estos cruces feroces terminaron absorbiendo a otros actores fundamentales del ecosistema libertario. Esta disputa por el control del gobierno, hace unos días, sumó la participación activa del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien protagonizó duros enfrentamientos con el asesor Santiago Caputo. Siendo este uno de los últimos cruces internos dentro del universo libertario.
Una crisis que acelera rupturas
Mientras la Casa Rosada avanza ciegamente con polémicas decisiones bajo una estricta demanda de obediencia debida, los hechos concretos demuestran que la cohesión interna transita un momento de agotamiento importante.
Este crudo escenario de roces permanentes instala en la política nacional la posibilidad de una ruptura de bloques a mediano plazo. Las tensiones con Patricia Bullrich sacan a la luz los graves problemas de la mesa de conducción para alinear a sus propios aliados en los debates estratégicos. La dinámica política actual impide dictaminar quiebres definitivos inmediatos y deja un mínimo margen de acción para que el Poder Ejecutivo intente reordenar su alborotada tropa mediante intensas e inciertas negociaciones de última hora. En los pasillos del Senado ya se analiza la idea de utilizar el bloqueado pliego de Michelli como moneda de cambio para habilitar una votación conjunta que destrabe los otros 130 nombramientos judiciales impulsados con urgencia por los gobernadores provinciales.
Todo este frágil y transitorio equilibrio político está condicionado de forma directa a las consecuencias palpables del modelo económico impuesto por el oficialismo. La interna de La Libertad Avanza permanece en estado de ebullición y el conflicto latente amenaza con recrudecerse ante cada nuevo desentendimiento legislativo o fracaso discursivo.
A medida que la severa situación económica castiga implacablemente a las mayorías trabajadoras, se multiplican rápidamente las voces dentro de la endeble coalición dispuestas a trazar límites estrictos de convivencia política. Los futuros de estas alianzas pueden depender del impacto real del brutal ajuste en las calles de todo el país. Cuanto mayor y más dolorosos sean los costos del plan económico sobre la calidad de vida de la población, más serán los referentes oficialistas dispuestos a romper filas orgánicas para resguardar su preciado capital político en las próximas batallas electorales.
