El pasado martes 12 de septiembre se notificó a la defensa de los estudiantes procesados por defender la universidad pública en 2018 el llamamiento a una audiencia preliminar, previa al juicio efectivo por el falso cargo de Usurpación. Este acto es un intento de avance de judicialización a los estudiantes y de clara criminalización de la protesta social.
La audiencia está citada para el próximo 29 de septiembre a las 8 horas en la sede de Tribunales Federales. El nuevo fiscal de la causa, Pablo Gustavo Montesi, quiere ganarse la medalla al mejor aplicador de la línea conservadora y de “mano dura”, por eso mueve la causa para que no prescriba. Es grave que en el ámbito de la Justicia Federal penal se intente avanzar en perseguir a quienes se movilizan y luchan por la educación.
El 2018, un año de luchas imparables
Aquel año pasará a la historia como el año en que se despertó un inmenso movimiento de lucha, con la juventud a la vanguardia. Una marea que se plantó con los métodos de lucha históricos de la clase obrera (paros, tomas, movilizaciones, etc.) y se organizó por varias causas. Ese año fue cuando las pibas y disidencias pusimos en debate y construimos la imparable ola verde por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito.
Pero esa enorme ola de lucha no se quedó solo en las causas feministas, sino que también alimentó la histórica rebelión educativa en defensa de la educación pública, en particular la comunidad universitaria, que enfrentaba al recorte del endeudador Mauricio Macri. Dicho proceso de lucha se extendió a nivel nacional con grandes movilizaciones y tomas en más de 50 facultades en todo el país y exigía aumento de salario para les docentes, incremento en el presupuesto para becas y para el comedor universitario, la creación de protocolos para enfrentar la violencia de género, contra la privatización del conocimiento y muchas reivindicaciones que al día de hoy están más que vigentes.
Actualmente los docentes universitarios se encuentran reclamando un aumento superior al 10% ofrecido por el gobierno nacional. Los estudiantes vemos con preocupación cómo nuestras becas y los fondos para la educación pierden valor frente a la inflación, y encima se difunden discursos que cuestionan la gratuidad y accesibilidad a la educación pública, en particular a la educación superior, con su sistema de vaucherización y privatización en todos los niveles. En caso de que estas propuestas avanzaran, su aplicación pondría en riesgo el ingreso, permanencia y egreso de millones de personas trabajadoras e hijos de trabajadores y sectores populares a la educación superior.
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Van contra lxs 27 porque quieren ir por todxs
Pero no podemos dejar de mencionar que esta causa se da en el marco de un intento de avance represivo más general, que va contra todo aquel que se anime a luchar por lo que le corresponde, y a defender los derechos conquistados con largos años de lucha y resistencia a los planes de ajuste que todos los gobiernos han aplicado desde la vuelta a la democracia hasta nuestros días. Así lo vemos cuando avanzan en causas contra los dirigentes de los movimientos sociales y de la Unidad Piquetera, contra los vecinos y vecinas de las comunidades que enfrentan la autovía de Punilla y el negocio inmobiliario. El avance de esta causa sólo se explica por el terror de los gobiernos a que nuestra juventud se rebele contra las injusticias, como lo viene haciendo en toda Latinoamérica. Hoy como en 2018 se vuelven a reactivar esos organismos democráticos que fueron claves para que lxs estudiantes nos organizáramos: las asambleas de las facultades y la Interfacultades, que hoy frente a la inacción de la burocracia estudiantil intenta volver a nuclear a les estudiantes que queremos defender nuestra universidad pública y que nadie se quede afuera.
Volvamos a poner en pie una enorme marea por la absolución a lxs 27 estudiantxs
Ante cada intento de avanzar hubo respuesta. Enormes movilizaciones, pronunciamientos de organizaciones sociales, políticas, sindicales, de derechos humanos -como Norita Cortiñas-, feministas, ambientales, estudiantiles. De autoridades de la propia UNC, consejos directivos de la Facultad de Comunicación, Ciencias Sociales, Psicología, Artes y Filosofía. También del Consejo Superior de la UNC, que en el día de ayer, martes 19, volvió a ratificar su pronunciamiento, en el marco de la realización de movilizaciones por el Comedor Universitario. Más de 500 testigos se presentaron en apoyo a les estudiantes, y se consagró como Amicus Curiae el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Nuestra compañera Luciana Echevarría, legisladora y docente universitaria, presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto de pronunciamiento por la absolución y el cese a la criminalización a la protesta.
Juntada de firmas, videos, films, cortos, intervenciones artísticas, campañas internacionales y actos se han realizado en todos estos años desde que la causa comenzó. Ahora, igual que siempre, volvamos a reactivar la campaña por la absolución a lxs 27 estudiantes, que los Centros de Estudiantes de todas las facultades convoquen a las asambleas para informar y debatir acciones futuras entre todxs.
Convocamos a concentrar en Tribunales Federales el próximo 29 de septiembre a las 8 horas, día donde se realizará la audiencia preliminar.
Franca Condori Bazan, procesada de la UNC