La medida de fuerza será este jueves 12 de noviembre, desde las 21 hasta el cierre del servicio, en las seis líneas y el Premetro. El gremio denuncia una crisis sanitaria que ya dejó siete trabajadores fallecidos y más de 150 afectados, y exige el retiro definitivo del material cancerígeno. Mientras tanto, Emova y el Gobierno porteño siguen sin dar una respuesta de fondo.
La muerte de otro trabajador del subte volvió a poner en evidencia una problemática que lleva años sin resolverse: la presencia de asbesto en las instalaciones y formaciones de la red porteña. Frente a este nuevo fallecimiento, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP) anunció un paro en todas las líneas y el Premetro para este jueves 12 de noviembre, desde las 21 hasta la finalización del servicio.
El trabajador fallecido es Oscar Pauer, quien se desempeñó durante más de 32 años en el taller Rancagua de la línea B y se había jubilado en agosto de 2024. Según denunció el sindicato, murió a causa de un cáncer vinculado con la exposición prolongada al asbesto presente en su lugar de trabajo.
Desde la AGTSyP señalaron que se trata del séptimo trabajador fallecido por enfermedades relacionadas con este material y que más de 150 operarios ya fueron diagnosticados con afecciones de salud asociadas a la exposición. El gremio calificó la situación como una “verdadera crisis sanitaria bajo tierra” y sostuvo que la muerte de su compañero podría haberse evitado.
Un material prohibido que sigue presente
El asbesto —también conocido como amianto— es un mineral altamente cancerígeno cuyo uso está prohibido en Argentina desde hace más de dos décadas. Su presencia en la red de subterráneos representa un riesgo tanto para quienes trabajan diariamente en talleres y formaciones como para los usuarios.
La problemática no es nueva ni desconocida para las autoridades. Los trabajadores vienen denunciando desde hace años la contaminación y reclamando un plan efectivo para retirar el material de toda la red. Sin embargo, los fallecimientos y los diagnósticos de nuevas enfermedades muestran que las medidas adoptadas hasta ahora no alcanzaron para garantizar condiciones laborales seguras.
En un comunicado, los metrodelegados apuntaron contra la concesionaria Emova, perteneciente al Grupo Roggio, y los gobiernos responsables del sistema. Denunciaron que la continuidad de la exposición pone en riesgo a trabajadores, usuarios y vecinos, y reclamaron respuestas por los compañeros afectados y fallecidos.
La empresa, por su parte, lamentó el fallecimiento de Pauer y afirmó que continúa trabajando en un plan integral de desasbestizado. Pero las declaraciones y los anuncios no resuelven la urgencia: mientras el material siga presente, la salud de quienes trabajan y viajan en el subte continúa expuesta a un riesgo que debería haberse eliminado.
Los reclamos de los trabajadores
El paro del jueves forma parte de una lucha que no se limita a exigir respuestas por un nuevo fallecimiento. La AGTSyP reclama medidas concretas para terminar con la contaminación y proteger a quienes estuvieron expuestos durante años.
Entre sus principales demandas se encuentran:
- Retiro definitivo del asbesto de toda la red de subterráneos.
- Reemplazo de las formaciones contaminadas.
- Incorporación de todos los trabajadores, activos y jubilados, al Relevamiento de Agentes de Riesgo (RAR).
- Reducción de la jornada laboral para disminuir el tiempo de exposición al material cancerígeno.
- Respuestas y justicia para los trabajadores afectados y las familias de quienes fallecieron.
La discusión vuelve a poner sobre la mesa quiénes pagan las consecuencias de la falta de controles y de las demoras empresariales y estatales. El subte es un servicio público esencial, pero garantizar su funcionamiento no puede estar por encima de la vida y la salud de quienes lo sostienen todos los días.
La muerte de Pauer no puede quedar reducida a un comunicado de condolencias ni a una nueva promesa empresarial. Hace falta un plan verificable, con plazos, controles y participación de los trabajadores, que garantice el retiro del asbesto y la protección de toda la población expuesta.
El reclamo de los metrodelegados vuelve a señalar una responsabilidad que atraviesa a la concesionaria y a los gobiernos que administraron y controlaron el servicio. No puede haber transporte público seguro sobre la base de trabajadores enfermos. La salud no es un costo operativo ni una variable de ajuste.
