43 mujeres que denuncian haber sido explotadas desde niñas reclamaron una audiencia con León XIV durante su visita a la Argentina. La Justicia investiga a exautoridades del Opus Dei por trata de personas y reducción a la servidumbre. La entrevista de Periodismo de Izquierda realizada hace unos meses por Andrea Lanzette a la periodista Paula Bistagnino permite entender que detrás de las denuncias hay una estructura de poder religioso, económico y político.
Un reclamo que llegó hasta el Vaticano
La visita del papa León XIV a la Argentina volvió a poner en el centro de la escena las denuncias contra el Opus Dei. Un grupo de 43 mujeres que fueron numerarias auxiliares de esta organización reclamó públicamente ser recibido por el pontífice para contar sus historias y exigir justicia.
El pedido no era nuevo. El 15 de septiembre habían presentado una solicitud formal ante la Santa Sede, pero, según denunciaron, no habían recibido respuesta. El lunes 9 de noviembre difundieron un video a través de Ending Clergy Abuse (ECA), una organización internacional que acompaña a sobrevivientes de abusos dentro de instituciones religiosas.
Los testimonios describen un mecanismo de captación que comenzaba cuando muchas de ellas tenían apenas 13 o 14 años. Provenientes de familias humildes, principalmente de distintas provincias del país, aseguran que fueron convocadas con promesas de educación, formación profesional y oportunidades laborales. Sin embargo, terminaron realizando tareas domésticas en residencias vinculadas al Opus Dei: cocinar, limpiar, lavar, planchar y atender a sacerdotes y otros integrantes de la organización.
Según sus denuncias, trabajaban durante jornadas extenuantes, sin salarios, vacaciones ni descansos regulares. También relataron situaciones de aislamiento, control de sus vidas y violencia psicológica. Algunas sostienen que la única manera de abandonar esas condiciones fue escapar.
La dimensión de las acusaciones excede los testimonios individuales. En octubre de 2024, la Fiscalía Federal N.º 3 y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) solicitaron la indagatoria de cuatro exautoridades del Opus Dei. La investigación fiscal identificó al menos 44 posibles víctimas y describió hechos ocurridos entre 1972 y 2015, vinculados con presunta trata de personas y reducción a la servidumbre.
En junio de 2025, la fiscalía reiteró el pedido de indagatorias y amplió la imputación a otras autoridades, entre ellas Mariano Fazio, actual vicario auxiliar de la prelatura. El Opus Dei, por su parte, niega categóricamente las acusaciones y sostiene que las tareas respondían a una vocación religiosa libremente elegida.
La causa tuvo además novedades judiciales en septiembre de 2026: la Cámara Federal de Casación Penal confirmó por mayoría la prescripción y el sobreseimiento de Gabriel Dondo respecto de tres denunciantes. La decisión no resuelve el conjunto de las denuncias ni equivale a una absolución general de la institución. La investigación sobre las restantes situaciones debe analizarse en sus propios términos.
Una estructura de poder detrás de la fachada religiosa
Para comprender la dimensión política de estas denuncias es necesario mirar más allá de los hechos puntuales. En la entrevista realizada por Periodismo de Izquierda, Paula Bistagnino, periodista e investigadora y autora del libro Te serviré, explicó que el Opus Dei no puede entenderse solamente como una organización dedicada a la espiritualidad. “Son, sobre todo, una estructura de poder y una gran estructura de poder”, sostuvo.
Bistagnino describió una organización con presencia internacional, recursos económicos, propiedades, instituciones educativas y vínculos con sectores de poder. Según explicó, su estrategia histórica fue construir influencia en ámbitos políticos, judiciales, empresariales y académicos, muchas veces sin que su pertenencia institucional resulte visible.
En Argentina, su investigación identificó alrededor de 20 asociaciones civiles y más de 150 propiedades vinculadas con esa estructura. También señaló la importancia de las universidades y los espacios de formación en la difusión de ideas conservadoras y en la construcción de cuadros con influencia en el Estado.
No se trata, entonces, de una institución aislada de los conflictos sociales. Su intervención alcanza debates sobre derechos sexuales y reproductivos, educación, familia y organización económica. Como explicó Bistagnino, el Opus Dei busca revertir avances sociales que considera incompatibles con su concepción conservadora de la sociedad.
Mujeres para servir, hombres para ejercer el poder
Uno de los aspectos más graves que revela la investigación es la división jerárquica y patriarcal de las tareas dentro de la organización.
En su entrevista con PDI, Bistagnino explicó que las numerarias auxiliares eran mujeres destinadas a realizar el trabajo doméstico en las residencias del Opus Dei. Muchas habían ingresado siendo menores de edad y provenían de familias pobres. Mientras tanto, los varones de la organización tenían mayor presencia en ámbitos profesionales, empresariales, políticos y judiciales.
La periodista también reconstruyó el funcionamiento de la Escuela de Mucamas de Bella Vista, conocida formalmente como Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos. Funcionó entre 1972 y 2015 y, según su investigación, formaba a niñas y adolescentes para desempeñarse como trabajadoras domésticas al servicio de integrantes de la organización.
Las jóvenes recibían promesas de formación y titulación, pero, de acuerdo con los testimonios y la investigación periodística, terminaban sometidas a jornadas de trabajo sin remuneración, restricciones a su libertad y separación de sus familias. Bistagnino señaló, además, que la institución recibió subsidios estatales durante su funcionamiento.
La propia estructura del Opus Dei reproduce una concepción profundamente desigual de las relaciones entre mujeres y varones: a ellas se las educa para servir y obedecer; a ellos se los prepara para ocupar espacios de decisión e influencia.
No es una contradicción accidental con su discurso religioso. Es una concepción de sociedad en la que la subordinación de las mujeres, la familia tradicional y la obediencia a las jerarquías ocupan un lugar central.
La relación del Opus Dei y la Iglesia Católica
El Opus Dei no es una organización ajena a la Iglesia Católica. Como explicó Bistagnino en nuestra entrevista, forma parte de su estructura institucional y recibió un reconocimiento excepcional dentro de ella: la figura de prelatura personal, que le otorgó una organización propia y una relación directa con la autoridad pontificia.
Por eso, las denuncias no pueden reducirse a las responsabilidades individuales de algunos integrantes. También exigen investigar los mecanismos institucionales que permitieron el funcionamiento de estas prácticas y las responsabilidades de quienes tenían autoridad para conocerlas, controlarlas o impedirlas.
La Iglesia Católica arrastra una historia de intervención contra derechos conquistados por las mujeres y las diversidades. Su jerarquía se opuso al derecho al aborto, cuestionó la educación sexual integral y defendió concepciones tradicionales de la familia y la sexualidad. También ha enfrentado numerosos escándalos de abusos y encubrimientos dentro de sus propias instituciones.
La crítica no está dirigida a la fe de millones de personas, sino a una institución jerárquica que concentra poder, interviene sobre la vida privada y pretende conservar privilegios políticos, económicos y culturales.
El Opus Dei lleva al extremo muchas de las concepciones más conservadoras de la Iglesia y construye, alrededor de ellas, una estructura de influencia que trasciende lo estrictamente religioso.
León XIV: una audiencia selectiva no alcanza
Durante su visita a la Argentina, León XIV se reunió el 9 de noviembre con cinco personas que denunciaron abusos por parte de miembros del clero y de instituciones eclesiásticas. Según informó el Vaticano, escuchó individualmente sus testimonios y recibió propuestas para fortalecer los mecanismos de protección y acompañamiento.
Sin embargo, entre las personas recibidas no estuvieron las 43 mujeres que denuncian al Opus Dei ni las víctimas del Instituto Próvolo, que también habían solicitado una audiencia. La exclusión nos abre una pregunta: ¿quién decide qué víctimas merecen ser escuchadas y cuáles quedan afuera?
El gesto de recibir a sobrevivientes puede presentarse como una señal de apertura, pero no alcanza si no está acompañado por transparencia, investigación y respuestas concretas frente a las denuncias que involucran a las propias estructuras eclesiásticas.
León XIV es la máxima autoridad de una institución que reconoce al Opus Dei como parte de su organización. Su responsabilidad política e institucional no desaparece detrás de una imagen más moderada o de gestos de cercanía. No alcanza con escuchar algunos testimonios mientras otros reclamos siguen sin respuesta.
Las víctimas necesitan justicia y reparación, no solamente encuentros protocolares ni declaraciones de solidaridad.
Iglesia y Estado: asuntos separados
Hay una dimensión que atraviesa todo este caso y que no puede quedar afuera: la relación entre la Iglesia y el Estado.
En la entrevista con Periodismo de Izquierda, Bistagnino explicó que la Escuela de Mucamas del Opus Dei recibió financiamiento estatal durante décadas. Es decir, una institución denunciada por prácticas de explotación de niñas y adolescentes contó con recursos públicos para sostener parte de su funcionamiento.
La relación entre el Estado y las instituciones religiosas no se limita a este caso. Se expresa en subsidios a establecimientos educativos confesionales, privilegios institucionales y distintas formas de financiamiento público. Mientras la educación pública atraviesa necesidades presupuestarias, el Estado continúa destinando recursos a instituciones religiosas.
La separación de la Iglesia y el Estado no es solamente una cuestión simbólica. También implica discutir el financiamiento, los privilegios y la influencia de las jerarquías religiosas sobre las políticas públicas.
Desde Periodismo de Izquierda defendemos una educación pública, laica, gratuita y científica, sin imposiciones religiosas ni subsidios estatales destinados a sostener privilegios confesionales. La fe debe ser una decisión personal, no una herramienta de poder financiada con recursos de toda la sociedad.
Las denuncias de estas mujeres vuelven a mostrar por qué es necesario discutir el poder de la Iglesia Católica y su relación con el Estado. No alcanza con investigar a quienes ejecutaron determinadas prácticas: también hay que esclarecer las responsabilidades de las instituciones que las hicieron posibles y garantizar que no vuelvan a repetirse.
Ni la fe ni la religión pueden ser una cobertura para la explotación, el sometimiento y la impunidad. Separación de la Iglesia y el Estado. Justicia y reparación para las mujeres denunciantes.
