Fórmula 1. Petrodólares y sportswashing: el negocio político detrás de las carreras 

La confirmación de las últimas fechas de la temporada en Qatar y Abu Dhabi vuelve a proponer un debate sobre los intereses económicos y políticos que atraviesan al automovilismo. Entre conflictos bélicos, monarquías petroleras y gobiernos que buscan mejorar su imagen internacional, la categoría amplía sus fronteras mientras convierte cada vez más a su calendario, que podría contar con Buenos Aires, en una vidriera del poder. 

La Fórmula 1 está acostumbrada a correr a la más alta velocidad, pero parece que también tiene bastante apuro por llegar a determinados destinos por más peligrosos que sean. En medio de la escalada militar en Oriente Medio, la categoría confirmó que disputará sus últimas dos fechas de la temporada 2026 en Qatar y Abu Dhabi. El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, fue el encargado de ratificar la decisión y aseguró que están preparados para garantizar dos grandes fines de semana de competición en dichos lugares. 

La determinación llegó después de que la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán obligara a modificar el calendario: Bahréin debió trasladar su carrera a Malasia y la jornada en Arabia Saudita quedó directamente anulada. Incluso, se había contemplado a Imola como una alternativa para cerrar la competencia. Sin embargo, la posibilidad de mantener las carreras en el Golfo terminó imponiéndose. 

La cuestión no pasa solamente por algo tan lógico como la preocupación por las condiciones de seguridad para pilotos, equipos y espectadores. También invita a mirar qué intereses hay detrás de la expansión de la Máxima y por qué ciertos territorios se convirtieron en destinos prioritarios para el show del negocio. Porque si algo dejó en claro la última década es que la Fórmula 1 no solamente vende velocidad, tecnología y espectáculo: también vende prestigio internacional. 

El deporte como herramienta de lavado de imagen 

El concepto de sportswashing aparece con cada vez más fuerza cuando se habla de las sedes que reciben a las principales competencias internacionales. Se trata de una estrategia mediante la cual gobiernos y Estados utilizan el deporte, sus figuras y su repercusión mundial para construir una imagen positiva hacia el exterior, desplazar discusiones incómodas para ellos y mejorar su posicionamiento ante el resto de países. 

La Fórmula 1 encontró en el Medio Oriente un terreno especialmente fértil para desarrollar ese modelo. Qatar, Bahréin, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos invirtieron enormes cantidades de plata para convertirse en protagonistas del calendario. Detrás de los circuitos futuristas, los hoteles de cinco estrellas y los espectáculos que acompañan a cada Gran Premio, aparecen regímenes que buscan proyectar modernidad y prosperidad, en tanto que las denuncias sobre restricciones políticas, libertades individuales y derechos laborales quedan muchas veces relegadas a un segundo plano. 

Pero este fenómeno no se limita solamente a las monarquías del Golfo. El caso de Ruanda es un ejemplo de cómo el automovilismo puede convertirse en una herramienta de posicionamiento político, ya que su confirmación como sede a partir de 2030 fue presentada como un acontecimiento histórico para el continente africano, que no recibe una carrera de la categoría desde 1993. El proyecto contempla la construcción de un circuito en Bugesera, en las afueras de Kigali, como parte de un plan más amplio de desarrollo turístico, comercial y deportivo impulsado por el gobierno dictatorial de Paul Kagame. 

Y fue justamente la llegada de la Máxima la que despertó varios cuestionamientos por el historial del gobierno ruandés. Organizaciones como Human Rights Watch denunciaron la persecución de opositores, las restricciones a la prensa independiente y los abusos contra sectores vulnerables, como los casos de gentrificación contra las tribus locales para llevar a cabo obras como el trazado en Kigali. También señalaron las denuncias sobre la intervención ruandesa en el conflicto del este de la República Democrática del Congo. 

Así, mientras la Fórmula 1 celebra su regreso a África como una conquista de alcance global, surge una pregunta esperable: ¿qué lugar ocupan las condiciones sociales y políticas de un país cuando se negocia su ingreso al calendario? 

La guerra, los intereses económicos y una neutralidad cada vez más discutible 

La situación en Oriente Medio también volvió a poner en evidencia las contradicciones de una categoría que suele presentarse como ajena a las disputas políticas internacionales. La suspensión de las carreras de Bahréin y Arabia Saudita demostró que los conflictos bélicos pueden alterar los planes de su organización. No obstante, la continuidad de Qatar y Abu Dhabi muestra que cada situación se evalúa dentro de un entramado de compromisos, riesgos y conveniencias comerciales. 

No se trata de cuestionar que la seguridad deba ser el criterio principal para decidir dónde competir. Por el contrario, ese debería ser el punto de partida. El problema aparece cuando las decisiones se toman dentro de una estructura donde los intereses económicos tienen un peso determinante y la F1 no ofrece demasiadas explicaciones sobre los criterios utilizados para evaluar cada escenario. 

La doble vara también merece atención. La Fórmula 1 necesita garantizar que sus equipos, trabajadores e hinchas puedan desarrollar cada evento sin correr riesgos, pero al mismo tiempo tiene compromisos comerciales de largo plazo con los organizadores. En ese equilibrio, la supuesta neutralidad deportiva termina siendo una posición política en sí misma. 

Un detalle que tampoco pasa inadvertido es el origen del propio presidente de la FIA. Mohammed Ben Sulayem nació en Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos (que también incluye a Abu Dhabi), y desarrolló buena parte de su trayectoria dirigencial dentro del automovilismo emiratí antes de llegar a la conducción del organismo internacional. Fue presidente de la Emirates Motorsports Organization y tuvo un papel importante en el crecimiento de los fierros en la región.  

Su vínculo con su país no demuestra por sí mismo que exista un conflicto de intereses, pero agrega un elemento partidario a una decisión que involucra directamente al lugar de donde es oriundo y a sus socios regionales. En un campeonato donde la comercialización y la geopolítica tienen cada vez más peso, su posicionamiento merece ser contextualizado y examinado. 

Los petrodólares que mueven el calendario 

Detrás de cada Gran Premio existe un negocio multimillonario. Las entradas, los derechos televisivos, los acuerdos publicitarios y los contratos con los organizadores conforman una estructura económica que convirtió a la Fórmula 1 en uno de los productos deportivos más rentables del mundo. En ese esquema, los países del Golfo encontraron una oportunidad para ganar protagonismo. Sus recursos energéticos, sus fondos de inversión y la participación de empresas estatales les permiten desembolsar cifras extraordinarias para asegurarse un lugar en el campeonato. 

La presencia de Aramco, la petrolera estatal saudí, entre los principales patrocinadores de la categoría (y patrocinador directo de Aston Martin) es una muestra de esa relación. La compañía no solamente tiene una presencia destacada, sino que representa a una industria históricamente vinculada a los combustibles fósiles, en una competencia que busca proyectar una imagen de innovación y transición tecnológica saludable para el planeta. 

La contradicción es evidente. Mientras la Fórmula 1 impulsa cambios en sus motores y fuentes de energía para reducir su impacto ambiental, buena parte de su expansión comercial se apoya en capitales provenientes de economías petroleras. La sustentabilidad funciona como una bandera institucional, pero los petrodólares siguen siendo una pieza fundamental del negocio. 

El calendario de la F1 termina siendo un reflejo de esta dicotomía entre sus prioridades. Las carreras ya no se incorporan únicamente por su tradición fierrera o su importancia deportiva, sino por la capacidad de los gobiernos para desembolsar una torta de guita y así garantizarse un lugar. Mientras algunos circuitos con peso histórico desaparecen, nuevos destinos surgen respaldados por fortunas estatales y roscas políticas. 

Así, detrás del show y la competencia, la Máxima se profundiza en un esquema en el que los dólares deciden dónde se corre, quién puede ser anfitrión y qué intereses se benefician. La Fórmula 1 vende una imagen progresista, pero su expansión deja cada vez más en claro que, en este negocio, la bandera a cuadros se agita al ritmo de los poderosos. 

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