El poder judicial volvió a mover sus fichas para garantizar la impunidad del poder político de turno.
El juez federal, Marcelo Martínez de Giorgi, tomó una decisión escandalosa al excluir a los querellantes del expediente que investiga la monumental estafa de la criptomoneda $LIBRA. Esta polémica medida representa una ayuda importante para una causa que avanza a paso de tortuga y que tiene como principales sospechosos al presidente Javier Milei, junto a su hermana Karina y al exfuncionario, Manuel Adorni. La exclusión de los damnificados le quita todo el impulso a una investigación que venía desnudando los manejos financieros de la gestión libertaria para proteger directamente los intereses del oficialismo.
El magistrado tomó esta determinación a pedido de la defensa de Mauricio Novelli. Este personaje es uno de los lobistas más complicados en la trama por haber sido el nexo directo entre el creador estadounidense de la moneda virtual y el propio mandatario.
Al apartar a los acusadores particulares de la causa penal, se elimina a los únicos actores procesales que venían aportando evidencias concretas y exigiendo avances reales frente a la inacción estatal.
Un fallo a la medida del poder
Los argumentos presentados por el tribunal rozan el absurdo legal para justificar el apartamiento de cinco inversores particulares que perdieron sus ahorros. El fallo sostiene que ciudadanos como Juan Patricio Marchetto, Alan Vega, Matías Alejandro Paris, Braian Emanuel Quintero y Martín Romeo no lograron demostrar fehacientemente la titularidad de las billeteras virtuales utilizadas para comprar el activo digital. El juez argumenta que la propia red informática donde se realizaron las operaciones resguarda el anonimato de los usuarios. Esta justificación insólita traslada a las víctimas la responsabilidad de producir pruebas técnicas complejas que el propio Estado debería resolver mediante peritajes especializados.
A esta barrera burocrática se le sumó una visión completamente sesgada sobre la naturaleza de la estafa perpetrada desde las redes sociales del presidente. El magistrado dictaminó que la inversión en una moneda digital implica asumir riesgos propios de un mercado altamente volátil y especulativo. Con esta insólita mirada se intenta instalar la idea de que la pérdida millonaria de los usuarios fue un accidente financiero. Así se descarta el fraude orquestado de manera deliberada desde las más altas esferas del gobierno libertario. El accionar de la justicia busca exculpar a los funcionarios libertarios argumentando que los ahorristas sabían perfectamente dónde ponían su dinero al participar de operaciones de alto riesgo.
La resolución también beneficia enormemente a la secretaria general de la Presidencia. El juez desestimó que los damnificados financieros puedan intervenir como querellantes en la línea de investigación que apunta a los presuntos cobros de sobornos por parte de Karina Milei para facilitar reuniones con el primer mandatario. Toda esta arquitectura legal deja la causa en una parálisis absoluta. Ahora, todo el peso del caso recae en soledad sobre el fiscal Eduardo Taiano. Este funcionario público arrastra un largo historial de demoras injustificadas y en más de un año y medio de instrucción, no citó a declarar a un solo testigo o imputado por falta de presupuesto y de voluntad política.
Todo este gran salvavidas judicial cobra un sentido muy particular al observar los recientes movimientos políticos institucionales. Hace apenas unas semanas, el Senado de la Nación aprobó el pliego de Ana Juan para ocupar un juzgado federal en la provincia de Buenos Aires. Esta letrada es la esposa del juez Martínez de Giorgi y su postulación fue impulsada de manera exclusiva por el Poder Ejecutivo. El intercambio de favores queda obscenamente expuesto ante los ojos de toda la sociedad trabajadora.
Impunidad libertaria y complicidad judicial
Este tipo de maniobras en los tribunales federales señalan de manera brutal cómo funciona la red de protección recíproca entre la corporación judicial y los altos funcionarios del Ejecutivo. El gobierno libertario acumula un tendal de denuncias por manejos espurios mientras levanta falsas banderas de transparencia y de lucha contra los privilegios de la vieja política. El reciente escándalo protagonizado por el antiguo vocero presidencial es el exponente más claro de la podredumbre libertaria. La salida de Manuel Adorni, por un grave caso de enriquecimiento ilícito, confirma que los negociados turbios son una constante innegable dentro del proyecto político de La Libertad Avanza.
Se demuestra que es imposible confiar en las instituciones actuales para llegar a la verdad de los hechos y conseguir justicia por quienes fueron víctimas de esta estafa. La nula celeridad de los tribunales y los groseros favores cruzados demuestran que la justicia tradicional funciona como una trampa diseñada para proteger a los responsables del saqueo.
Frente a esta enorme red de complicidades, se vuelve fundamental conformar una comisión investigadora verdaderamente independiente de los tres poderes del Estado y de los partidos del régimen. Esta nueva estructura de control popular debe estar integrada por trabajadores y personalidades intachables de la sociedad civil con plenas facultades para abrir todos los libros contables e investigar las rutas del dinero fugado. Esa es la única salida viable para garantizar un castigo ejemplar a todos los corruptos y terminar con un sistema que vulnera constantemente los derechos de las mayorías.
