Después de los reveses en el Senado, el gobierno volvió a reunir a su mesa política y puso en marcha una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores. Diego Santilli recibirá a mandatarios del Norte Grande para discutir subsidios a las tarifas eléctricas, mientras la Casa Rosada busca garantizar apoyos para avanzar con sus reformas. Detrás del discurso de “diálogo” aparece una necesidad concreta: conseguir los votos para profundizar el programa libertario.
El Gobierno de Javier Milei intenta recomponer su frente político después de varios tropiezos legislativos. Este martes, la mesa política del oficialismo volvió a reunirse en Casa Rosada, encabezada por Karina Milei, para ordenar las iniciativas que pretende llevar al Congreso antes de fin de mes. En paralelo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mantendrá reuniones con gobernadores del Norte Grande para avanzar en acuerdos sobre tarifas eléctricas.
El movimiento tiene un objetivo evidente: después de los límites que encontró el oficialismo en el Senado, la Casa Rosada necesita reconstruir acuerdos con los mandatarios provinciales para sostener su agenda legislativa.
Entre las prioridades aparecen la eliminación de las PASO, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, el proyecto de Inocencia Fiscal 2 y el denominado “Súper RIGI”. También se analiza una nueva Ley General de Sociedades impulsada por Federico Sturzenegger.
Después del golpe por la Ley de Tierras
La necesidad de recomponer los vínculos con las provincias tiene un antecedente inmediato: el revés que sufrió el Gobierno con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La presión social y la movilización contra la entrega de tierras y las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego obligaron al oficialismo a retirar esos capítulos del proyecto antes de su tratamiento. La derrota parlamentaria expuso, además, el peso que tienen los gobernadores y sus bloques legislativos para definir el destino de las iniciativas de Milei.
Ahora la Casa Rosada busca evitar nuevas derrotas. Para eso, Karina Milei asumió un papel todavía más central en el filtro de los proyectos que llegarán al Congreso, mientras Santilli aparece como uno de los principales encargados de negociar con los mandatarios provinciales.
La escena deja en evidencia una contradicción del discurso libertario. El Gobierno llegó al poder prometiendo terminar con la “casta” y cuestionando las negociaciones políticas tradicionales. Sin embargo, cuando necesita votos, vuelve a recurrir a acuerdos con gobernadores y bloques que hasta hace poco eran señalados como parte de esa misma dirigencia.
La negociación por las tarifas
Uno de los principales encuentros de Santilli será con los gobernadores del Norte Grande. La discusión girará alrededor del denominado régimen de “zonas cálidas”, que contempla un esquema de subsidios para las tarifas eléctricas en regiones donde las altas temperaturas disparan el consumo de energía. La reunión contará también con la secretaria de Energía, María del Carmen Tettamanti.
Las provincias involucradas son La Rioja, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. El reclamo de los gobernadores no es nuevo. Las altas temperaturas hacen que durante buena parte del año el consumo eléctrico sea considerablemente mayor, especialmente por el uso de equipos de refrigeración. Para millones de familias trabajadoras, una tarifa elevada puede significar una parte cada vez mayor de un salario que ya viene deteriorándose.
El Gobierno pretende utilizar esta negociación para acercar posiciones con los mandatarios. El problema no debería resolverse mediante acuerdos particulares entre la Nación y los gobernadores. El acceso a la energía es un derecho y debería garantizarse para todos los trabajadores y sectores populares, independientemente de la provincia en la que vivan.
La caja y los votos
La relación entre Milei y los gobernadores estuvo marcada desde el comienzo de su gestión por una combinación de presión y negociación. El Gobierno redujo fuertemente las transferencias discrecionales a las provincias y utilizó los recursos nacionales como herramienta de presión durante las primeras discusiones legislativas. Al mismo tiempo, cuando necesitó apoyo parlamentario, abrió negociaciones para garantizar recursos y obras a determinados distritos.
Ahora esa dinámica vuelve a aparecer. El oficialismo necesita que los gobernadores colaboren para que sus legisladores acompañen proyectos fundamentales de su programa económico y político. Entre ellos aparecen iniciativas que buscan modificar el funcionamiento del Banco Central, profundizar los beneficios para grandes inversiones mediante el Súper RIGI y avanzar con una reforma electoral que elimine las PASO.
Por eso, la discusión sobre recursos provinciales no puede separarse de la agenda legislativa.
La pregunta es qué se negocia y para quién. Si los recursos públicos se utilizan para garantizar derechos básicos de las provincias, deberían llegar sin condicionamientos políticos. Si, en cambio, se convierten en una moneda de intercambio para conseguir votos, se reproduce una de las prácticas que el propio Milei prometió eliminar.
Una agenda que beneficia al capital
Mientras el Gobierno negocia con los gobernadores, el contenido de las reformas que busca aprobar mantiene una orientación definida. La reforma del Banco Central apunta a limitar su capacidad de financiamiento al Tesoro. El Súper RIGI busca profundizar los beneficios para grandes inversiones. La eliminación de las PASO modificaría las reglas de competencia electoral y podría dificultar la construcción de frentes opositores.
No se trata solamente de una disputa por procedimientos parlamentarios. Son medidas que forman parte de un proyecto económico que busca garantizar condiciones favorables para los grandes capitales, reducir la intervención estatal y trasladar el costo de la crisis sobre las mayorías populares. La negociación con los gobernadores es, entonces, una herramienta para conseguir los votos necesarios para avanzar con ese programa.
El Gobierno necesita a quienes llamó “casta”
La nueva ronda de reuniones muestra que el Gobierno no tiene asegurado el control del Congreso. Milei ganó las elecciones sin contar con una estructura propia de gobernadores y con una representación parlamentaria minoritaria. Desde entonces, tuvo que recurrir permanentemente a alianzas circunstanciales con sectores del PRO, radicales y gobernadores considerados “dialoguistas”.
Ahora, con la mirada puesta en las próximas discusiones parlamentarias y en el Presupuesto 2027, esa dependencia se vuelve todavía más importante.
La Casa Rosada necesita a los gobernadores para conseguir votos. Los gobernadores, por su parte, necesitan recursos para administrar sus provincias. De esa tensión surge la negociación.
Pero hay un tercer actor que no debería quedar fuera de la escena: la movilización popular. La experiencia reciente con la Ley de Tierras mostró que la presión social puede modificar los planes del Gobierno. La resistencia universitaria, científica, sindical y de distintos sectores afectados por el ajuste también demuestra que las reformas no avanzan solamente por acuerdos de despacho.
La pelea recién comienza
El Gobierno intenta recuperar la iniciativa después de sus derrotas legislativas y ordenar una agenda que considera estratégica para los próximos meses.
Para eso necesita dos cosas: disciplinar a su propia coalición y reconstruir acuerdos con los gobernadores. Pero las negociaciones entre funcionarios y mandatarios provinciales no deberían ocultar el contenido de lo que está en discusión.
Mientras Milei busca votos para profundizar su programa, trabajadores, jubilados, estudiantes y sectores populares siguen enfrentando las consecuencias del ajuste. Por eso, frente a una Casa Rosada que intenta cerrar acuerdos entre cuatro paredes, la respuesta debe estar en las calles.
Que los gobernadores negocien no puede significar que los trabajadores paguen. Los recursos provinciales deben garantizar derechos y no convertirse en moneda de cambio para aprobar el ajuste. Y las reformas de Milei deben enfrentarse con organización, movilización y unidad de quienes vienen sufriendo sus consecuencias.
