El gobierno decidió postergar el tratamiento del proyecto para eliminar las PASO ante la falta de votos y el rechazo de distintos gobernadores. La iniciativa, que el oficialismo pretendía utilizar para reordenar el escenario electoral de cara a 2027, quedó nuevamente en suspenso. El retroceso expone las dificultades de Milei para imponer su agenda en el Congreso y muestra que, pese a sus discursos de fortaleza, la Casa Rosada sigue dependiendo de acuerdos con sectores de la llamada “casta” política.
Una reforma hecha a medida
El Gobierno de Javier Milei volvió a poner el freno a uno de sus proyectos centrales de reforma política. Ante la posibilidad concreta de sufrir una nueva derrota en el Congreso, la Casa Rosada decidió no avanzar por ahora con el proyecto que busca eliminar las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).
La decisión fue reconocida por el propio oficialismo: en Casa Rosada admiten que no cuentan con los apoyos suficientes entre los gobernadores para llevar adelante la iniciativa. El proyecto, que pretendía ser tratado en septiembre, quedó así sin fecha definida.
El retroceso se produce en un momento en que el Gobierno intenta recuperar la iniciativa parlamentaria después de varios golpes recibidos en el Congreso.
El Gobierno pretende modificar las reglas electorales en un momento en que Milei ya comenzó a proyectar su eventual candidatura a la reelección en 2027. Por eso, la reforma electoral aparece directamente vinculada con la estrategia política del oficialismo para los próximos comicios.
La suspensión o eliminación de las primarias modificaría las condiciones en las que los partidos y frentes políticos definen sus candidaturas y podría beneficiar a estructuras con mayor capacidad económica y territorial.
El problema no es defender las PASO, ya que tiene pisos totalmente proscriptivos. El punto central es rechazar que las reglas electorales sean modificadas desde arriba y en función de las necesidades coyunturales del Gobierno de turno.
Milei llegó al poder prometiendo terminar con los privilegios de la política. Sin embargo, ahora busca modificar las reglas del juego mientras prepara su estrategia para intentar permanecer en la Casa Rosada.
Otra vez, los gobernadores tienen la llave
El proyecto vuelve a chocar con un obstáculo que el Gobierno conoce bien: los gobernadores. La Casa Rosada necesita de los mandatarios provinciales y de los bloques que responden a ellos para construir mayorías parlamentarias. Y, nuevamente, esa alianza circunstancial parece no estar garantizada.
La situación resulta especialmente significativa porque el propio Gobierno había puesto a Diego Santilli a cargo de una nueva ronda de negociaciones con los gobernadores para avanzar con su agenda legislativa.
Pero mientras el oficialismo intenta construir acuerdos en los despachos, los mandatarios provinciales también tienen sus propios intereses y no necesariamente están dispuestos a acompañar cada iniciativa de Milei. La consecuencia es evidente: el Gobierno puede anunciar reformas, pero no tiene asegurado el poder parlamentario para aprobarlas.
La “casta” que Milei necesita
Existe una contradicción política que resulta difícil de ocultar. Milei construyó buena parte de su discurso electoral atacando a los partidos tradicionales, a los dirigentes profesionales y a la llamada “casta”. Sin embargo, una vez en el Gobierno, tuvo que recurrir una y otra vez a esos mismos sectores para aprobar sus leyes.
Gobernadores, diputados del PRO, radicales y distintos bloques provinciales se convirtieron en piezas fundamentales para que el oficialismo pudiera avanzar con su programa.
Ahora ocurre nuevamente. Para eliminar las PASO, Milei necesita el apoyo de quienes forman parte de la estructura política que durante años presentó como enemiga. La “casta” que debía desaparecer terminó siendo necesaria para que el Gobierno pueda gobernar.
Una seguidilla de retrocesos
La decisión de frenar el proyecto se suma a otros obstáculos que el Gobierno encontró en el Congreso durante las últimas semanas. La presión social ya había obligado al oficialismo a modificar sus planes respecto de otros proyectos. El caso de la Ley de Tierras fue particularmente significativo: la movilización contra la extranjerización hizo que el capítulo específico sobre tierras fuera retirado del proyecto.
Estos episodios muestran que la Casa Rosada no tiene vía libre para aprobar todas las reformas que anuncia. La eliminación de las PASO se suma ahora a esa lista.
Y el problema para Milei no es solamente perder una votación. Cada retroceso pone en cuestión la capacidad del Gobierno para imponer su agenda en un Congreso donde no cuenta con mayoría propia.
Un gobierno que necesita negociar
El freno a la eliminación de las PASO vuelve a mostrar los límites del proyecto libertario. Milei puede tener capacidad para imponer medidas mediante decretos, vetos y decisiones administrativas, pero cuando necesita transformar sus políticas en leyes debe enfrentarse con una realidad diferente: no tiene mayoría propia y necesita negociar permanentemente.
Y esas negociaciones tienen un límite: la movilización popular puede modificar los planes oficiales, mientras que gobernadores y bloques legislativos pueden negarse a acompañar determinadas iniciativas.
Por ahora, el proyecto para eliminar las PASO quedó en el freezer. El Gobierno intentará seguramente volver a la carga cuando encuentre mejores condiciones políticas. Pero el retroceso deja una señal: la motosierra también encuentra obstáculos.
Y frente a un Gobierno que pretende modificar las reglas electorales para acomodarlas a su proyecto de poder, la defensa de los derechos democráticos no puede quedar reducida a una negociación entre dirigentes. La movilización popular también tiene que ser parte de esa pelea.
