Acorralado por las pruebas y con los números en rojo, el exjefe de Gabinete del gobierno libertario, Manuel Adorni, presentó un pedido de prórroga ante el juez federal Ariel Lijo para retrasar la entrega de su justificación patrimonial. Maniobrando para ganar algo de tiempo y evitar el llamado a indagatoria, el exfuncionario busca acceder a información clave de la fiscalía antes de ensayar una coartada por su presunto enriquecimiento ilícito. Mientras el gobierno se burla de la crisis y el presidente niega el ahogo de los endeudados, los exfuncionarios estrella de la anticasta no pueden explicar cómo se hicieron millonarios en tiempo récord
La maniobra: ver las cartas antes de jugar
El reloj corría en contra de Adorni. Tras la intimación formal realizada por el fiscal Gerardo Pollicita, el ex vocero y ex ministro coordinador tenía un plazo de 15 días hábiles que vencía inexorablemente este miércoles. Sin embargo, antes de que se cumpla la fecha límite, su defensa solicitó a Comodoro Py una extensión de dos semanas más.
¿El verdadero motivo del retraso? Adorni pretende que el juez Lijo le habilite el acceso a la extracción forense del teléfono celular de Matías Tabar, el contratista que llevó adelante las millonarias y suntuosas refacciones en la casa del exclusivo country Indio Cuá. Tabar había entregado su dispositivo de manera voluntaria, revelando chats, llamadas y presupuestos. La maniobra de Adorni es un tanto obvia. El funcionario eyectado del gobierno de Milei busca saber exactamente qué información tiene la Justicia en su contra para poder empatar su declaración jurada con los datos del expediente, evitando así caer en contradicciones que lo dejen a un solo paso de la declaración indagatoria como acusado.
Un desfasaje millonario que no resiste archivo
El dictamen de 207 páginas elaborado por el fiscal Pollicita expone las inconsistencias del clan Adorni, marcando 20 puntos oscuros que el exfuncionario debe justificar. Apoyado en un informe técnico de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAFI), el Ministerio Público desnudó que el nivel de vida de Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, es matemáticamente incompatible con sus salarios.
Durante su paso por la función pública (entre el 14 de diciembre de 2023 y su escandalosa renuncia el 27 de junio de 2026), el grupo familiar comprobó ingresos por $229.752.283. No obstante, sus gastos cotidianos (tarjetas, expensas, seguros, impuestos) treparon a $272.820.832. Es decir, hay un agujero negro de más de 43 millones de pesos tan solo en el nivel de vida diario.
A esto se le suma el dato más escandaloso: la fiscalía detectó erogaciones por 402.578 dólares que no tienen ningún tipo de sustento ni correlato en los ingresos lícitos de la pareja. Este medio millón de dólares en moneda dura fue utilizado para la compra del lote 380 en el Country Indio Cuá, para pagarle 245.000 dólares en efectivo billete al contratista Tabar por la remodelación de la vivienda, para adquirir un departamento en la calle Miró al 500 (Caballito), comprar un Jeep Compass y costear lujosos viajes al exterior.
La necesidad de una investigación independiente
El caso de Adorni es uno de los tantos capítulos de corrupción que destrozan el relato moral del gobierno de Milei. Mientras el oficialismo descarga un brutal plan de ajuste sobre el pueblo trabajador, quienes formaron parte de su mesa chica acumularon propiedades, dólares en efectivo y lujos obscenos en apenas dos años y medio de gestión.
Dejar esta causa exclusivamente en las manos de Comodoro Py y de jueces como Ariel Lijo, un magistrado funcional a los armados del poder de turno, es una garantía de impunidad. Para que esta matriz de corrupción no quede sepultada bajo los favores políticos, se vuelve fundamental la conformación de una Comisión Investigadora Independiente. Una herramienta conformada por personalidades intachables, organismos de derechos humanos y referentes sociales, con acceso irrestricto a los libros contables y a la información del Estado. Solo con justicia real y democrática se podrá terminar con la impunidad, castigar a los responsables y recuperar para el pueblo cada peso saqueado por esta nueva casta libertaria.
