Tras la jornada de la semana pasada, en la que el oficialismo logró salvar el DNU 70/23 vaciando el quórum con la complicidad de los gobernadores aliados, la Cámara de Diputados se prepara para una nueva y extensa sesión. Convocada a partir de las 12 del mediodía y con promesa de extenderse hasta altas horas de la madrugada, la agenda parlamentaria de este miércoles volverá a dejar en evidencia las verdaderas intenciones del gobierno de Javier Milei. El temario que trae bajo el brazo La Libertad Avanza busca consolidar un andamiaje legal diseñado para la entrega del país, la desregulación a favor del capital especulativo y la precarización de las condiciones de vida.
En una sesión en la que el oficialismo confía en retener el control de los tiempos, se pondrán en debate proyectos sumamente discutidos, como la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. A esto se sumarán iniciativas sobre discapacidad y endeudamiento familiar, donde los libertarios presentarán proyectos propios que operan como simulacros de gestión para frenar las demandas genuinas de los colectivos afectados, ofreciendo respuestas cosméticas a crisis estructurales que su propio programa económico no hace más que profundizar.
Propiedad Privada y el fraude de la Ley de Tierras
El plato fuerte de la jornada será el tratamiento del proyecto sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta iniciativa, craneada originalmente por Federico Sturzenegger, carga con un pesado prontuario. En su versión original intentó barrer con la Ley de Manejo del Fuego y flexibilizar por completo la extranjerización de la tierra, dos puntos fundamentales para el modelo de entrega que busca imponer el Gobierno en favor de los capitales foráneos. Fue la presión de la movilización y el enorme repudio en las calles lo que obligó al oficialismo a desmembrar este texto en el Senado a principios de agosto.
Hoy, más de dos meses después, el proyecto aterriza en la Cámara baja conservando elementos sumamente nocivos. En medio de una crisis habitacional, donde acceder a un alquiler es prácticamente una misión imposible para las familias trabajadoras, el texto oficialista incluye la creación de la figura de los “desalojos exprés”. Mediante este protocolo, el Gobierno busca otorgarle todas las herramientas represivas y jurídicas a los grandes especuladores inmobiliarios, vulnerando todavía más el elemental derecho a la vivienda. Además, el proyecto que llega con media sanción del Senado mantiene la eliminación de la figura de la expropiación por interés público, despojando al Estado de una herramienta fundamental para el desarrollo de políticas sociales.
Pero la rosca parlamentaria no se detiene. En un movimiento de puro pragmatismo para salvar su andamiaje desregulador, el oficialismo se vio forzado a restituir la Ley de Tierras dentro de este mismo proyecto. Obviamente que, sin un gramo de convicción sobre alguna cuestión cercana a la soberanía, la reincorporación de los límites a la venta de tierras a extranjeros funcionó como la moneda de cambio para que la oposición colaboracionista vaciaran la sesión opositora de la semana pasada y evitaran el rechazo total al DNU 70/23. Un retroceso táctico de Milei producto de la presión callejera, utilizado como chivo expiatorio para no perder su principal decreto ajustador.
Discapacidad y endeudamiento: simulacros y desidia
La agenda de este miércoles también abordará dos problemáticas extremadamente sensibles: la discapacidad y la brutal morosidad de las familias. Para ambos casos, el Gobierno ensaya la misma estrategia cínica: presentar dictámenes propios que vacían de contenido los reclamos y operan como un muro de contención para no afectar el bendito equilibrio fiscal.
En el área de discapacidad, un colectivo que viene sufriendo el desguace sistemático de sus prestaciones y pensiones bajo esta gestión, el oficialismo, junto a la UCR y el PRO, logró forzar un dictamen de mayoría. Su objetivo central es obstaculizar el pedido opositor y de las organizaciones afectadas, que exigen prorrogar la Ley de Emergencia hasta diciembre de 2027. Las organizaciones advierten que, sin esta emergencia, se pierden las garantías para exigirle a la Justicia la resolución urgente de más de 300 mil pensiones cajoneadas y el pago a los prestadores asfixiados por la inflación. Frente a esta desidia, el oficialismo intentó maquillar su postura con algunos retoques burocráticos, en medio de fuertes presiones institucionales (incluso desde la Iglesia y en el marco de la próxima visita del Papa), pero sin garantizar ni la inyección de presupuesto necesario ni el pago de la deuda con los transportistas y acompañantes terapéuticos.
El panorama es igual de trágico en lo que respecta al endeudamiento familiar. Millones de hogares argentinos no pueden afrontar los gastos en tarjetas de crédito o los préstamos de consumo porque sus salarios fueron licuados por la política de la motosierra libertaria. Mientras la oposición exige declarar la emergencia crediticia por 180 días, topes a las tasas de interés y planes de refinanciación, el dictamen libertario resulta una burla cruel. La propuesta oficialista no ofrece ninguna quita, freno a embargos ni alivio financiero real, limitándose a obligar a los bancos a informar mejor sobre las condiciones de los créditos e impulsar cursos de “educación financiera“. Con el agua al cuello, el Gobierno manda a las familias a hacer cursitos para aprender a endeudarse mejor.
Ninguna confianza en la rosca del Congreso
Esta extensa sesión volverá a demostrar que la Cámara de Diputados funciona como una cueva de negociados donde los derechos de las mayorías se cambian por favores ajenos a la realidad de los trabjadores. El oficialismo confía en sus dictámenes de mayoría porque sabe que cuenta con la inestimable colaboración de una parte de la casta política que, discursivamente, dice oponerse al Gobierno, pero en los hechos le garantiza los números para gobernar.
No se puede depositar ni un ápice de confianza en un Congreso que legisla a espaldas del pueblo y que utiliza problemáticas urgentes, como la discapacidad o el despojo de la tierra, como fichas de cambio para salvar a un presidente que desprecia a la clase trabajadora. El verdadero freno a las leyes de entrega, a los desalojos exprés y al cinismo institucional no está en el recinto, sino en la organización desde abajo, impulsando la movilización masiva y una verdadera huelga general que ponga en jaque a este plan de ajuste y miseria.
