En una jornada legislativa extensa, la Cámara de Diputados terminó dándole luz verde al polémico proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. Esta iniciativa del gobierno de Milei, que lleva la firma original del ministro de Desregulación Federico Sturzenegger, logró avanzar con 124 votos a favor, 119 en contra y 6 abstenciones. Sin embargo, el texto aprobado cayó mutilado al recinto y, producto de los cambios que se le tuvieron que hacer, deberá volver al Senado para su ratificación definitiva.
Maniobras para salvar el decreto
El debate dejó a la vista las enormes concesiones que La Libertad Avanza tuvo que tragar para no quedarse con las manos vacías y poder salvar su andamiaje desregulador. Un ejemplo del complicado momento político por el que atraviesa la gestión de Milei.
La muestra más clara de esto fue la obligación de preservar la Ley de Tierras sancionada en el año 2011, una normativa que le pone un tope del 15% a la compra de terrenos rurales por parte de capitales extranjeros. Llegar a la restitución de este límite fue el resultado de un largo derrotero marcado por la presión de las calles y las idas y vueltas en los tribunales.
Hay que recordar que este paquete a favor de la entrega ya había sufrido un fuerte tijeretazo en la Cámara alta. En aquella oportunidad y al calor de la movilización del 6 de agosto, el oficialismo se vio forzado a eliminar no solo su ataque a la Ley de Manejo del Fuego (que buscaba permitir el uso de tierras arrasadas por incendios para los negociados del agronegocio y los negocios inmobiliarios), sino también la parte del proyecto de Sturzenegger que aumentaba los límites para la venta de tierras rurales y facilitaba su extranjerización. Ahora, en la Cámara baja, el gobierno se topó con otra pared y tuvo que retroceder sobre sus propios pasos para restituir la Ley de Tierras. Este giro se dio luego de que por la maniobra de la Corte Suprema se activara el artículo del DNU 70/23 que eliminaba de cuajo las restricciones a los capitales foráneos.
El enorme descontento que generó esa vía libre para la extranjerización puso al oficialismo contra las cuerdas. Ante el peligro inminente de que la oposición juntara los números en la sesión especial de la semana pasada y volteara por completo el decreto desregulador, los libertarios negociaron con sus aliados de siempre y metieron la restitución de la Ley de Tierras como moneda de cambio. Fue una jugada de pura especulación política para blindar el DNU que, en la votación de esos artículos específicos, cosechó un respaldo de 239 votos a favor.
Luz verde a los desalojos exprés
A pesar de este retroceso, el texto que terminó avanzando mantiene elementos profundamente nocivos y diseñados a la medida del capital y la especulación. La normativa aprobada endurece al extremo las condiciones para que el Estado pueda avanzar con expropiaciones. El articulado establece que la utilidad pública será de interpretación estrictamente restrictiva y exige el pago previo de una indemnización basada en el valor de mercado del inmueble. Peor aún es la incorporación del pago por lucro cesante, una trampa fuertemente cuestionada porque encarecerá cualquier expropiación futura. Este blindaje busca proteger los bolsillos de las empresas que sean privatizadas, haciendo que al Estado le cueste fortunas si en el futuro el Congreso decide recuperarlas por razones de interés público.
En la misma sintonía de favorecer a los dueños del suelo y golpear a los sectores populares, la ley acelera de forma brutal los desalojos. La norma habilita juicios sumarísimos para que cualquier sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado pueda recuperar un inmueble ocupado en tiempo récord. En un contexto de crisis habitacional extrema, el proyecto apenas deja un margen miserable de 10 días para ofrecer una solución habitacional en caso de que haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de total desamparo.
Migajas frente a la urgencia social
Tras abrochar la votación de este nefasto proyecto, la maratónica sesión continuó su curso para tratar otras dos problemáticas urgentes que el Gobierno insiste en abordar con migajas y un desprecio total. El temario siguió con los debates sobre las políticas de discapacidad y la gravísima morosidad familiar.
Por el lado de la discapacidad, un sector que viene sufriendo un ajuste despiadado, el oficialismo negoció un dictamen que plantea hacer compatibles las pensiones con ingresos laborales de hasta dos salarios mínimos. El texto también fija el monto de la prestación en el 70% del haber jubilatorio mínimo y mantiene el nomenclador de prestaciones. Todo esto avanza bajo la atenta y quejosa mirada del Poder Ejecutivo, que sigue poniendo reparos por el costo fiscal que implica garantizar derechos básicos.
En cuanto al endeudamiento que asfixia a millones de hogares, las diferencias quedaron bien marcadas en el recinto. Por el lado del Gobierno solo se proponen esquemas preventivos de educación financiera para las familias ahogadas por la crisis, desde la oposición se impulsa declarar la emergencia crediticia para avanzar con una refinanciación real y la condonación de intereses punitorios.
En definitiva, lo que se vivió y se sigue viviendo en el Congreso es un nuevo capítulo de sumisión y salvataje a los sectores más concentrados de la economía. El gobierno libertario y su casta aliada armaron una sesión a medida para cuidar las ganancias de los especuladores inmobiliarios y blindar sus políticas de entrega, dejando a las mayorías populares y a los sectores más vulnerables a la deriva. Es urgente redoblar la organización y la movilización en las calles para frenar de una vez por todas este andamiaje legal que solo busca rematar el territorio nacional y hundir aún más las condiciones de vida de la clase trabajadora.
