El gobierno de Javier Milei avanzó este lunes en la aplicación de su agenda de desregulación económica al oficializar la reglamentación de puntos centrales de la reforma laboral. A través de la publicación en el Boletín Oficial de cuatro decretos —el 406, 407, 408 y 409/2026— firmados por el Presidente, el jefe de Gabinete Manuel Adorni, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y el ministro de Economía Luis Caputo, el Poder Ejecutivo puso en marcha cambios profundos que afectan la vida cotidiana de millones de empleados del sector privado.
Estas medidas, que incluyen modificaciones en convenios colectivos, sindicatos, recibos de sueldo y el polémico Fondo de Asistencia Laboral, representan un ataque directo a los derechos conquistados históricamente por los trabajadores. Todo este conjunto de cambios busca transformar la legislación laboral para someterla a los intereses de las patronales, profundizando la precariedad y debilitando la organización gremial en los lugares de trabajo.
El Fondo de Asistencia Laboral y la desprotección ante el despido
Uno de los pilares de este ataque es la reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que, bajo la mentira de ayudar al pago de indemnizaciones, altera el régimen vigente y traslada el costo del financiamiento. A partir del 1 de noviembre de 2026, los empleadores del sector privado deberán realizar aportes a fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros administrados por entidades supervisadas por la Comisión Nacional de Valores. El sistema, según se desprende de la normativa oficial, es de carácter obligatorio para empleadores del sector privado, quedando excluidos el empleo público y el personal de casas particulares.
Si bien el Gobierno argumenta que el sistema busca dotar de transparencia al pago de indemnizaciones, la realidad es que el esquema permite que los empresarios descuenten estos aportes de sus contribuciones patronales al sistema de seguridad social, afectando directamente la recaudación destinada a las jubilaciones. Además, la cobertura queda restringida únicamente a trabajadores debidamente registrados con una antigüedad mínima de un año, dejando en una vulnerabilidad extrema a quienes no cuentan con estabilidad laboral.
La norma establece que los fondos deberán invertirse exclusivamente en activos argentinos, prohibiendo activos extranjeros, y fija un tope de comisiones de administración del 1% anual. El procedimiento prevé que, ante una desvinculación, la entidad administradora transfiera los fondos al trabajador en un plazo de hasta cinco días hábiles tras la presentación de una declaración jurada electrónica.
Ataque a los sindicatos y a la negociación colectiva
La reglamentación también apunta al corazón de la organización sindical al imponer controles estrictos sobre los gremios y modificar la dinámica de la negociación colectiva. El Ejecutivo estableció nuevas pautas para medir la representatividad sindical mediante cruces de datos con el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), buscando debilitar la personería gremial y fomentar la fragmentación.
Entre las medidas más agresivas, se introducen límites al uso de las horas gremiales, que ahora deberán ser comunicadas con 48 horas de anticipación y no podrán afectar la continuidad de la producción, cercenando la capacidad de acción de los delegados en los establecimientos.
Asimismo, se fija el fin de la ultraactividad para diversas cláusulas de convenios colectivos vencidos, lo que deja a los trabajadores desamparados frente a la voluntad empresaria al momento de renegociar las condiciones salariales y laborales. La normativa dispone que, si no hay fecha expresa de vencimiento, se podrá tomar como referencia el 31 de diciembre de 2026 para iniciar la renegociación. Además, establece que los aportes y contribuciones convencionales deberán computarse de manera global para verificar el cumplimiento de límites legales, prohibiendo la fragmentación de estos conceptos para eludir los topes establecidos.
Más control patronal sobre la documentación laboral
El Gobierno introdujo cambios obligatorios en el modelo de recibo de sueldo, incorporando un apartado que detalla el costo laboral total asumido por el empleador. Esta medida, constituye una herramienta de presión patronal diseñada para desglosar y exponer ante el trabajador los aportes sindicales, de obra social y de seguridad social, buscando instalar la narrativa de que dichos conceptos son una carga excesiva en lugar de derechos fundamentales.
A esto se suma la regulación sobre las licencias médicas, que ahora deberán tramitarse de manera electrónica, lo que complica el acceso a la salud ante situaciones de enfermedad y otorga a los empleadores una capacidad de control digital sobre la intimidad del trabajador. En caso de discrepancias sobre el diagnóstico, las partes podrán recurrir a una junta médica oficial. Adicionalmente, el Ejecutivo designó a la Secretaría de Transporte como autoridad de aplicación para el trabajo en plataformas digitales de reparto y movilidad, reafirmando su carácter de labor independiente fuera de la Ley de Contrato de Trabajo, y centralizó el registro de la construcción en la ARCA.
Blanqueo laboral y beneficios a las empresas
Mediante el Decreto 409/2026, el Gobierno reglamentó el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), que actúa como un perdón o “blanqueo” para empleadores que tenían personal no registrado. Este régimen contempla una condonación de hasta el 90% de la deuda previsional para micro y pequeñas empresas, y del 100% en conceptos como riesgos del trabajo y obras sociales.
Para el trabajador, el único beneficio es que el período regularizado se computará para sus aportes jubilatorios y prestaciones por desempleo, pero el espíritu de la medida es premiar a quienes negrearon y evadieron las leyes laborales durante años.
La complicidad sindical frente al desguace laboral
Es indispensable señalar el rol cómplice que han jugado las cúpulas sindicales, en particular la CGT, ante este avance del oficialismo. Durante todo el proceso legislativo en el Congreso, la burocracia sindical se negó sistemáticamente a organizar un plan de lucha concreto, optando por una vía judicial que, como era previsible, terminó cediendo ante los intereses del poder de turno. La decisión de no bajar a las calles ni convocar a medidas de fuerza con continuidad dejó a los trabajadores en total indefensión frente a una reforma que busca convertir al empleo en una mercancía ajustable.
Esta traición de las direcciones gremiales no puede ser olvidada, ya que su inacción permitió que el Gobierno y sus aliados ejecutaran este programa de saqueo contra las condiciones de vida de la clase trabajadora.
Hay que luchar contra estos cambios reaccionarios y resistir la aplicación de la reforma laboral esclavista. La única alternativa real es la organización desde abajo para enfrentar estos ataques, rechazando la entrega de los dirigentes y defendiendo con unidad cada uno de los derechos conquistados. La lucha debe ser activa y en las calles, donde verdaderamente se puede frenar esta ofensiva patronal que busca cercenar el futuro de la clase obrera en la Argentina.
