El gobierno de Javier Milei logró darle dictamen a la llamada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada en el Senado. El expediente ingresó como proyecto del Poder Ejecutivo el 27 de marzo de 2026 y el dictamen fue incorporado a la Mesa de Entradas el 20 de mayo, tras su paso por las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Ahora, el oficialismo se prepara para llevarlo al recinto. No estamos ante una ley menor: se trata de una nueva ofensiva, antipueblo, al servicio de blindar a los grandes propietarios, facilitar desalojos, restringir herramientas de intervención estatal, abrir la puerta a la extranjerización de tierras y flexibilizar protecciones ambientales.
No es una norma pensada para cuidar la vivienda de una familia trabajadora. Es una reforma hecha a medida de quienes concentran la tierra, especulan con ella y la convierten en negocio: grandes grupos económicos, fondos de inversión, corporaciones extractivistas, capitales extranjeros y sectores inmobiliarios.
El proyecto original modificaba cuestiones de base de seis normas: la Ley 21.499 de Expropiaciones, el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación en materia de desalojos, la Ley 26.737 de Tierras Rurales, la Ley 27.453 vinculada al RENABAP, la Ley 26.815 de Manejo del Fuego y la Ley 17.801 de Registro de la Propiedad Inmueble.
Con el dictamen, el oficialismo retiró el capítulo referido al RENABAP para tratarlo en una ley específica. Pero el corazón del proyecto sigue intacto: restringir la capacidad estatal de intervenir sobre la propiedad privada concentrada, acelerar desalojos, flexibilizar la compra y control de tierras rurales, debilitar protecciones ambientales sobre territorios incendiados y modernizar los registros inmobiliarios bajo una lógica de mayor circulación mercantil de la propiedad. Pero esos retoques no cambian el sentido general del proyecto: poner la propiedad privada concentrada por encima de derechos sociales, ambientales y territoriales.
Hay que decirlo con claridad: este dictamen no expresa la fortaleza de un gobierno legitimado socialmente. Expresa, sobre todo, la colaboración de una falsa oposición que vuelve a tenderle la mano a Milei para hacer pasar su plan de entrega. Con un gobierno cuestionado, debilitado y atravesado por una imagen negativa creciente, el oficialismo avanza no por fuerza propia, sino por la complicidad de quienes dicen oponerse mientras le garantizan gobernabilidad.
La pregunta de fondo no es sólo jurídica. Es política, social y ambiental: ¿La tierra es un derecho, un territorio para vivir y producir, o una mercancía más al servicio del mercado?
De dónde sale: el Consejo de Mayo y la mano de Sturzenegger
Esta ley no aparece aislada. Forma parte del paquete de reformas que el gobierno busca ordenar a través del Consejo de Mayo, el organismo creado para convertir el Pacto de Mayo en leyes concretas.
Hoy el Consejo está integrado por Manuel Adorni como presidente; Cecilia Domínguez como secretaria técnica y como vocales Federico Sturzenegger, en representación del Poder Ejecutivo; Alfredo Cornejo, por los gobernadores; Carolina Losada, por el Senado; Cristian Ritondo, por Diputados; Gerardo Martínez, por la CGT; y Martín Rappallini, por el empresariado. Es decir: gobierno nacional, gobernadores, Congreso, sindicalismo dialoguista y empresarios sentados en una misma mesa para darle forma institucional al programa de Milei.
Entre las reformas que impulsa este esquema aparecen la modificación de la Ley de Glaciares, la “modernización laboral”, la inocencia fiscal, la “libertad educativa”, la estabilidad fiscal, la explotación de los recursos naturales y la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
El rol de Sturzenegger es clave: traducir la motosierra en arquitectura legal. Donde Milei grita “libertad”, Sturzenegger redacta desregulación, ajuste y privilegios para el capital concentrado. Por eso esta ley debe leerse como parte de una ofensiva más amplia. Es una pieza del mismo plan: menos Estado para garantizar derechos, más Estado para garantizar negocios.
Blindaje a la propedad privada
El primer golpe del proyecto apunta contra la Ley 21.499 de Expropiaciones. La reforma incorpora el criterio de “interpretación restrictiva”, que obliga al Estado a justificar con extrema precisión la utilidad pública de una expropiación y limita el uso de conceptos amplios como bienestar general, salud, ambiente, desarrollo o interés social. En la práctica, funciona como un candado legal para impedir que el Estado recupere tierras, predios o bienes estratégicos cuando estén en juego necesidades sociales, urbanas o ambientales.
A eso se suma un cambio clave: el dictamen incorpora el “valor de mercado” y abre la puerta al reconocimiento del “lucro cesante” en las indemnizaciones. Aunque se haya incluido un límite del 30%, salvo prueba en contrario, el problema sigue siendo enorme: permite que grandes propietarios, corporaciones o fondos de inversión reclamen no sólo por el valor del bien, sino también por las ganancias futuras que dicen que iban a obtener.
También se refuerza la figura de la expropiación irregular: si una regulación estatal afecta de manera sustancial el uso, goce o disposición de una propiedad, el dueño podría reclamar una indemnización aunque no haya expropiación formal. Así, una norma ambiental, un límite al uso especulativo del suelo o una política de ordenamiento territorial podrían terminar judicializadas como si fueran una expropiación encubierta.
No se trata sólo de proteger la propiedad privada. Se trata de blindarla frente al interés público. La vivienda, el ambiente, la obra pública y los bienes comunes quedan subordinados a la rentabilidad proyectada de quienes concentran tierra y riqueza.
Desalojos y barrios populares: más velocidad para expulsar
El dictamen también modifica el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación para acelerar desalojos de inmuebles urbanos y rurales. Aunque el oficialismo incorporó algunos cambios —diferencia entre usurpadores y ocupantes legítimos, ciertas salvaguardas para situaciones de vulnerabilidad y retoques en materia de alquileres—, la lógica central se mantiene: procedimiento sumarísimo, restitución anticipada y más velocidad para recuperar la propiedad.
En criollo: menos tiempo para defenderse, regularizar la situación o encontrar una alternativa habitacional. En un país con alquileres impagables, salarios pulverizados y crisis de vivienda, acelerar desalojos no resuelve nada: agrava el problema.
El proyecto original también avanzaba sobre la Ley 27.453 y el RENABAP, debilitando herramientas de integración socio urbana, regularización dominial y protección frente a desalojos en barrios populares. Ese capítulo fue retirado del dictamen para tratarlo en una ley específica, pero no porque el Gobierno haya abandonado la ofensiva: lo separaron para facilitar el acuerdo parlamentario.
Por eso, que el capítulo RENABAP haya salido del dictamen no es una garantía. Es una pausa táctica. La amenaza sobre los barrios populares sigue en pie, ahora combinada con una reforma que acelera desalojos y fortalece la propiedad privada concentrada frente al derecho a la vivienda.
Extranjerización al palo
Seguro nos estamos olvidando de algo, pero en definitiva cada artículo es un grito de odio a la pobreza. La siguiente es la Ley 26.737, el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. En un entreverado quita y ponga de palabras y artículos, vacían de contenido la única ley que ponía algún freno a la extranjerización de la tierra. Por un lado, dejan prácticamente por fuera del concepto de extranjerización a las personas físicas y jurídicas privadas extranjeras; por el otro, concentran las restricciones casi exclusivamente en Estados extranjeros, empresas estatales u organismos controlados por gobiernos extranjeros.
Lo más grave es que derogan el límite del 15% a la titularidad extranjera sobre tierras rurales, también los límites por nacionalidad y el tope de concentración por titular de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o superficie equivalente. Es decir: desaparece el sistema de topes generales que impedía que el territorio nacional, provincial o municipal quedara crecientemente en manos extranjeras. Y como si fuera poco, el dictamen explicita el “dominio pleno” de las provincias sobre su territorio y abre una puerta peligrosísima: incluso Estados extranjeros u organismos estatales extranjeros podrían adquirir tierras si la provincia lo solicita y el Poder Ejecutivo Nacional lo autoriza. Traducido del idioma jurídico al castellano llano: habilitan a las provincias a oficiar de ventanilla política para entregar territorio.
También se altera el régimen de zonas de seguridad de frontera, donde el dictamen prevé una intervención articulada entre la provincia y la autorización previa de Nación. A eso se suma el debilitamiento de restricciones sobre tierras ribereñas de cuerpos de agua de gran envergadura —esto recuerda inevitablemente a la situación de la usurpación de Lago Escondido a manos de Lewis— y la vuelta explícita de considerar “inversión” a la adquisición de recursos naturales no renovables por parte de extranjeros.
El golpe se completa con la extinción del Consejo Interministerial de Tierras Rurales, el único organismo en el que participaban los pueblos originarios mediante el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, disuelto en 2024. En nombre de la propiedad privada, borran controles, borran límites, borran participación social y convierten la soberanía territorial en una oportunidad de negocios para corporaciones, fondos y gobiernos amigos.
Otra víctima, la Ley de Manejo del Fuego
Como no podía ser de otra manera, atendiendo a las intenciones plasmadas por el Consejo de Mayo y a las posteriores acciones del Gobierno, también se modifica la Ley 26.815, de Manejo del Fuego. No es un detalle técnico: el dictamen toca una de las protecciones más importantes contra la especulación inmobiliaria, extractiva y agropecuaria sobre tierras incendiadas.
Hasta ahora, la ley establecía restricciones temporales para impedir que un territorio arrasado por incendios provocados o accidentales fuera inmediatamente convertido en negocio. En particular, fijaba límites de 60 años para modificar el uso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales; y de 30 años para cambiar el destino de zonas rurales, periurbanas, pastizales, matorrales o áreas donde se mezclan edificaciones con vegetación. En concreto: no se podía quemar un territorio y al día siguiente lotearlo, venderlo, concesionarlo, transformarlo en negocio inmobiliario o reconvertirlo para otro uso productivo.
El dictamen modifica el artículo 22 bis y deroga el artículo 22 quater, debilitando precisamente esa barrera. Esa es la gravedad: en un país atravesado por incendios cada vez más destructivos, el Gobierno no fortalece la prevención ni la restauración ambiental; flexibiliza las condiciones para que después del fuego entren los negocios.
La modificación es particularmente peligrosa porque Argentina tiene antecedentes recientes y brutales. En la Comarca Andina, los incendios iniciados en la zona de El Hoyo y Puerto Patriada arrasaron miles de hectáreas, obligaron a evacuaciones y dejaron al desnudo el impacto de la sequía, los vientos, las altas temperaturas, la falta de inversión en prevención y la precariedad estructural con la que se enfrenta el fuego.
A eso se suma el desguace de organismos estratégicos y la precarización de quienes están en la primera línea. Mientras aumentan las condiciones extremas que favorecen incendios —sequía, calor, viento y alertas meteorológicas críticas—, el Gobierno debilita las herramientas públicas que permiten anticiparlos, prevenirlos y enfrentarlos. Avanza contra el Servicio Meteorológico Nacional, recorta presupuesto, despide personal y deteriora capacidades técnicas claves. Pero además sostiene la precarización de brigadistas y combatientes del fuego: trabajadores y trabajadoras que arriesgan la vida en condiciones extremas, muchas veces con salarios bajos, contrataciones inestables, falta de equipamiento adecuado y escaso reconocimiento estatal.
El Estado se corre de la prevención, abandona a quienes combaten los incendios y después libera las tierras quemadas para que entren los negocios. La ecuación es transparente y brutal: menos prevención, brigadistas precarizados, más territorios arrasados y más libertad para la especulación inmobiliaria, extractiva y agropecuaria.
Por eso la pregunta se impone sola: ¿qué pasa cuando se eliminan las restricciones sobre tierras quemadas, se desfinancia la prevención, se precariza a brigadistas, se desmantelan organismos técnicos y al mismo tiempo se promueve un régimen de entrega territorial a grandes capitales? No es desidia. No es ignorancia. Es un plan sistemático. Quieren convertir cada incendio en una oportunidad de negocios. Donde hubo bosque, comunidad, agua y vida, quieren abrir la puerta al loteo, la especulación inmobiliaria, el extractivismo y la entrega de nuestros bienes comunes.
Ganancias para el colonialismo, pérdidas para el pueblo
La Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada no aparece sola. Forma parte de un paquete más amplio de reformas impulsadas por el gobierno de Milei y ordenadas alrededor del Consejo de Mayo: reforma laboral, modificación de la Ley de Glaciares, RIGI, anuncio del “Súper RIGI”, Ley de Libertad Educativa, cambios sobre tierras rurales, manejo del fuego y desalojos. Todas tienen un mismo sentido: flexibilizar derechos, desarmar controles públicos y poner el territorio, el trabajo y los bienes comunes al servicio del capital concentrado.
En un Estado de derecho, las leyes deberían acompañar transformaciones sociales para ampliar derechos, garantizar igualdad, proteger a la población y sostener políticas públicas. Pero bajo este gobierno, las reformas no buscan mejorar la vida de las mayorías. Buscan responder a las demandas de grandes corporaciones, fondos de inversión y poderes extranjeros que ven en la Argentina una plataforma barata para extraer recursos, comprar tierras, apropiarse del agua, expandir la minería, el agronegocio, los negocios inmobiliarios y ahora también los megaproyectos tecnológicos y de datificación.
El resultado es claro: más privilegios para los grandes propietarios y más vulnerabilidad para quienes viven y trabajan la tierra. Los desalojos acelerados pueden golpear especialmente a campesinos, comunidades originarias y pequeños productores, que sostienen una parte fundamental de la producción de alimentos para el consumo interno, muchas veces sin títulos formales de propiedad. Así, la “seguridad jurídica” que promete el Gobierno no es para el pueblo: es para quienes quieren comprar, desmontar, contaminar, alambrar y expulsar.
A esto se suma el desfinanciamiento de organismos estratégicos como el INTA, el CONICET, el IANIGLA o el Servicio Meteorológico Nacional, junto con despidos, precarización y deterioro de capacidades científicas y técnicas. Mientras niegan el calentamiento global y desmantelan herramientas de prevención, habilitan el avance extractivista sobre glaciares, humedales, bosques, ríos y territorios rurales. La motosierra se transforma en topadora: arrasa derechos, comunidades y bienes comunes para dejar el camino libre a la minería, los megadatacenters, el agronegocio y la especulación inmobiliaria.
Por eso la pregunta vuelve una y otra vez: ¿para qué y para quiénes gobiernan? La respuesta es cada vez más evidente. Gobernar para ellos es convertir la Argentina en una zona de sacrificio: extranjerización de la tierra, entrega de bienes naturales, privatización de derechos y subordinación de la vida a la rentabilidad. Todo envuelto en el discurso de una Argentina “más rica”, “más poderosa” y “más libre”, cuando en realidad lo que ofrecen es un país más desigual, más dependiente y más saqueado.
Frente a este plan no alcanza con indignarse. Tenemos que informarnos, organizarnos y actuar. Defender la tierra, el agua, los glaciares, los bosques, la salud y la educación pública es defender las condiciones mismas de la vida. Hablemos de lo que está pasando con nuestres amigues, vecines, compañeres de trabajo o de estudio. No dejemos que nos impongan la agenda del miedo, la resignación o el individualismo.
Construyamos desde abajo una salida ecosocialista, plurinacional, soberana, feminista y popular. Un país que reconozca nuestras diversidades, nuestros derechos y el vínculo vital que tenemos con la naturaleza. No nos quedemos callades. Hagamos ruido. Organicémonos en defensa de los bienes comunes, los glaciares y la tierra.
Te esperamos en la Escuela Ecosocialista. La asamblea es abierta. Sumate a construir un espacio de resguardo de la vida.
Equipo de trabajo de la Red Ecosocialista: Lucila Amaría Juari, Priscila Bernshtein, Jessica Gentile, Claudia Iturralde, Gabriela Mendez Stiglich, Juan Facundo Romano y Alina Sordelli
