Mientras el grueso de la población esperaba con ansias el comienzo de la histórica semifinal entre Argentina e Inglaterra, el gobierno nacional concretaba una maniobra presupuestaria multimillonaria que intentó pasar casi desapercibida.
El Poder Ejecutivo firmó el Decreto 594/2026, mediante el cual se modificaron 111 programas de la Administración Central. Si bien el ajuste recayó fuertemente sobre las empresas públicas, la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) resultó ser una de las áreas más beneficiadas por este reacomodamiento de partidas. El expediente del decreto fue rubricado por el subsecretario de Presupuesto, Rodrigo Germán Cabado, a las 10:52 de la mañana del miércoles, tan solo unas horas antes del histórico triunfo argentino en Atlanta.
La información detallada en el Boletín Oficial confirma que la SIDE, el oscuro organismo manejado por Cristian Auguadra bajo la atenta mirada de Santiago Caputo, recibió un incremento presupuestario de $49.261,5 millones. Este refuerzo de caja, que representa uno de los diez aumentos más grandes de todo el decreto, se distribuye en distintos rubros destinados a sostener el aparato de espionaje. Lo más alarmante de esta inyección de dinero público es que casi $7.500 millones, alrededor del 15% del total, fueron asignados directamente a gastos reservados. Este concepto permite el uso discrecional de los fondos sin ningún tipo de publicidad ni desglose administrativo, amparándose en el supuesto carácter secreto de sus operaciones.
El resto de la ampliación para el aparato de inteligencia se destina, en su mayor parte, a gastos de personal, absorbiendo unos $31.396 millones. Además, se contemplan unos $17.865,5 millones para la compra de bienes de capital, destacándose la adquisición de equipos de computación. Para darle curso a todos estos movimientos, el decreto lleva las firmas de figuras centrales del gabinete como Diego Santilli, Luis Caputo, Sandra Pettovello, Federico Sturzenegger, Alejandra Moteoliva, Mario Lugones, Carlos Prestri y Pablo Quirno.
La motosierra recorta empresas públicas
El reordenamiento de los gastos del Estado no solo implicó sumar dinero para la SIDE, sino que también aplicó fuertes recortes en áreas clave. El decreto refleja ajustes en 16 programas por un total de $348.794 millones. La tijera de la motosierra libertaria cayó de lleno sobre dos empresas públicas nacionales fundamentales para la estructura energética del país. Energía Argentina S.A. (ENARSA) perdió $238.395 millones destinados a transferencias corrientes, mientras que Nucleoeléctrica Argentina (NASA) sufrió una quita de $65.000 millones en transferencias de capital. Solo entre estas dos empresas se explica casi el 87% de todo lo recortado por la gestión libertaria.
A la par de estos ajustes, el gobierno realizó ampliaciones presupuestarias por $4,79 billones, donde el Ministerio de Capital Humano concentró el mayor refuerzo. Sin embargo, la readecuación de partidas también incluyó transferencias millonarias hacia otros sectores que suelen ser privilegiados por el actual modelo. El Poder Judicial engrosó sus fondos con $111.138 millones adicionales, mientras que el Ministerio Público se vio beneficiado con un extra de $230.460 millones. Ninguna de las recomposiciones presupuestarias anunciadas en el texto oficial logra solucionar los profundos problemas económicos que atraviesa el país tras años de ajuste salvaje.
Este fortalecimiento financiero de la SIDE es directamente necesidad política de este gobierno. En un contexto donde el ajuste no cierra sin represión, Milei necesita una fuerza de inteligencia robusta y bien paga, capaz de anticipar y neutralizar el descontento social.
Ningún gobierno desde la vuelta de la democracia ha solucionado los vicios que traen estos tipos de aparatos. Por las disposiciones que viene mostrando este gobierno, estos cambios se realizan en función de la puesta en marcha de un régimen con una respuesta represiva mucho más acelerada. Es una demostración más del carácter de estos organismos, únicamente dispuestos a responder a las necesidades del poder político de turno y a atacar los reclamos populares. No se puede permitir que sigan financiando el espionaje y la represión con el dinero que les roban, por ejemplo, a nuestros jubilados, por nombrar alguna variable de ajuste.
Hay que exigir la disolución inmediata de la SIDE, la apertura de sus archivos y que todo ese presupuesto millonario sea destinado de urgencia a un aumento de emergencia para los sectores más vulnerables. Mientras sigan gobernando para los mercados y sus propios servicios de inteligencia, la vida de las mayorías seguirá siendo la variable de ajuste.
