El gobierno sufrió un nuevo y duro traspié dentro del Congreso al fracasar su intento de aprobar una polémica reforma territorial. La discusión que se abrió con el partido contra Inglaterra y lo que vimos durante los festejos retumbó en el Congreso.
La sesión especial convocada para tratar la “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada” terminó estancada por la falta de acuerdos y debió suspenderse. El oficialismo había logrado alcanzar el quórum de manera sumamente ajustada al reunir la presencia de 37 senadores. Para lograr abrir el recinto, los libertarios contaron con la ayuda indispensable de las bancadas de la Unión Cívica Radical y el PRO, junto al fundamental aporte de los representantes provinciales de Neuquén, Salta y Misiones.
A pesar de conseguir el número mínimo para habilitar el debate inicial, la resistencia de varios sectores obligó a la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, a solicitar un cuarto intermedio. De esta manera, la discusión quedó postergada formalmente hasta el próximo 6 de agosto. Ese día, el Senado intentará retomar el tratamiento de este peligroso proyecto que representa una entrega completa de nuestros territorios a los grandes grupos económicos del extranjero.
Esta estrepitosa caída legislativa marca una importante derrota para un gobierno que durante toda la semana llenó su agenda de reuniones para intentar recuperar la iniciativa política. El plan de la Casa Rosada consistía en avanzar con un paquete parlamentario cargado de proyectos estratégicos para consolidar su programa de ajuste y sumisión. Al comprobar que no tenían los respaldos necesarios para conseguir la media sanción de la iniciativa redactada por Sturzenegger, las autoridades oficialistas tuvieron que frenar el debate y retroceder. Es evidente que la caída de esta sesión se logró gracias a la enorme presión ejercida por fuera del recinto y al descontento social que despierta el contenido de esta ley.
Muchos de los legisladores que de repente se posicionaron como supuestos defensores de la soberanía hubiesen votado a favor de este proyecto de manera silenciosa de no haber existido un debate popular abierto en las últimas horas. La discusión sobre la defensa del territorio nacional tomó un impulso innegable a partir del reciente partido que disputaron Argentina e Inglaterra y la enorme irrupción del reclamo por las Islas Malvinas. Los festejos por el triunfo de la Scaloneta dejaron a la vista una verdad fundamental inquebrantable: el pueblo tiene memoria y nunca va a negociar la soberanía del país ante los capitales de ninguna potencia extranjera.
Mientras se frenaba temporalmente la venta de tierras, el oficialismo aprovechó la sesión para avanzar con otra parte clave de su agenda de impunidad. El Senado aprobó una treintena de pliegos para designar nuevos jueces y ocupar vacantes estratégicas en la Justicia. El caso más escandaloso de la jornada fue el salvataje para beneficiar al camarista Víctor Pesino. Este magistrado fue directamente premiado por Milei con una extensión de su cargo por 5 años más. Ese premio llegó justo después de que este mismo juez firmara un fallo clave que reactivaba la reforma laboral impulsada por el gobierno libertario.
Un plan de extranjerización total
El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, diseñado por el ministro desregulador Federico Sturzenegger, esconde un ataque directo contra los bienes comunes bajo un título engañoso. La iniciativa busca modificar de cuajo normativas fundamentales para allanar el camino de los negocios inmobiliarios y extractivistas. El corazón de esta ley apunta a reformar la “Ley de Tierras” para eliminar de forma drástica los límites actuales que restringen la adquisición de grandes extensiones territoriales por parte de los capitales extranjeros. Al remover estas trabas legales, el gobierno habilita una extranjerización sin precedentes de recursos estratégicos que son indispensables para el desarrollo del país.
Además de rifar el territorio, la normativa propone flexibilizar peligrosamente la “Ley de Manejo del Fuego”. El texto oficialista busca eliminar las restricciones vigentes que impiden modificar durante décadas el uso de los suelos que sufrieron incendios. Una medida que incentiva los incendios intencionales para habilitar rápidos negocios inmobiliarios o agropecuarios sobre los bosques nativos destruidos. Para completar este terrible combo de despojo, el proyecto acelera los procedimientos de desalojo y reduce drásticamente las herramientas legales que protegen a las comunidades campesinas y a los pueblos originarios frente al avance violento de los grandes grupos económicos.
El oportunismo frente a la movilización popular
El cierre de la jornada legislativa expuso el obsceno nivel de hipocresía que manejan los senadores oficialistas y todos sus aliados políticos. La gran mayoría de los legisladores que se predisponían a votar a favor de regalar nuestras tierras ingresaron al recinto luciendo camisetas de la selección argentina. Resulta sumamente contradictorio ver a estos funcionarios colgarse de la alegría del pueblo y del esfuerzo de la Scaloneta al mismo tiempo que intentan rematar el suelo nacional. El oportunismo barato de utilizar los colores de la bandera choca de frente con el profundo desprecio que este gobierno siente por las mayorías populares.
Este burdo intento de utilizar el triunfo deportivo no puede ocultar la actitud servil del oficialismo ante los sectores concentrados del capital. Hablamos de un gobierno que avaló la censura y permitió que se le prohibiera a su propia población reclamar por la soberanía de Malvinas en los estadios de Estados Unidos durante el histórico partido contra los ingleses. Queda absolutamente claro que a esta gestión no le importa en lo más mínimo hacer negocios con nuestros territorios y regalarlos al mejor postor. La movilización y el descontento popular hizo lo suyo para frenar esta brutal embestida corporativa. La incesante presión social instaló el tema en la agenda pública y armó un debate inevitable sobre los enormes peligros que esconde esta ley de entrega. Todo este clima de resistencia impidió que la sesión continuara su curso normal y obligó al oficialismo a postergar sus planes. Ahora se vuelve fundamental redoblar la movilización en la calle para enfrentar esta amenaza de manera definitiva. La organización de los trabajadores es la única garantía real para seguir defendiendo nuestra soberanía frente a las garras del capital extranjero, que hoy encuentra una vía libre para hacer sus oscuros negocios gracias a las políticas de Javier Milei.
