La causa judicial por la criptomoneda $LIBRA sigue sumando capítulos y compromete cada vez más a figuras centrales del gobierno de Javier Milei. En las últimas horas, la querella que representa a las víctimas apuntó directamente contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a quien acusó de haber tenido un rol clave como “legitimador” de la maniobra fraudulenta.
Según el escrito presentado ante la Justicia, Adorni no habría sido un actor secundario sino una pieza fundamental para dotar de credibilidad institucional a la operatoria. Para los denunciantes, su intervención permitió que los responsables de la estafa operaran bajo un manto de validación estatal, facilitando así el engaño a miles de personas.
Del discurso libertario a la desprotección real
La acusación no es menor: implica que desde el corazón del aparato gubernamental se habría contribuido a construir confianza en un esquema que terminó perjudicando a pequeños ahorristas. En otras palabras, no se trataría solo de una estafa privada, sino de un entramado donde el poder político habría jugado un rol activo en su difusión y legitimación.
El caso vuelve a poner en evidencia la relación entre el gobierno libertario y los intereses financieros más especulativos. Mientras el discurso oficial pregona la “libertad de mercado”, los hechos muestran cómo esa lógica puede traducirse en desprotección para amplios sectores de la población, especialmente cuando el Estado, lejos de regular, aparece como aval implícito de maniobras dudosas.
Un escándalo que crece y salpica al oficialismo
Además de Adorni, la querella también solicitó avanzar con indagatorias que alcanzan a otras figuras del entorno presidencial, en una causa que ya dejó de ser un episodio aislado para convertirse en un escándalo político de mayor escala.
En este contexto, crecen las críticas al Poder Judicial por la lentitud en el avance de la investigación y por lo que distintos sectores señalan como un intento de “blindaje” sobre el oficialismo. Mientras tanto, las víctimas siguen esperando respuestas en un escenario donde la promesa de libertad económica parece haber derivado, una vez más, en ganancias para unos pocos y pérdidas para muchos.
Cuando la estafa es también política
El caso $LIBRA ya no puede leerse únicamente como un fraude financiero. La dimensión política que adquiere, con funcionarios señalados por su rol en la legitimación del esquema, abre interrogantes más profundos sobre el vínculo entre Estado y mercado en la Argentina actual.
Porque cuando el Estado legitima, la estafa deja de ser solo un delito económico: se transforma en un problema político
