Se cumplen 39 años del secuestro de nuestra compañera Ana María Martínez, militante del PST (Partido Socialista de los Trabajadores, antecesor del MST) y de su posterior asesinato a manos de un “grupo de tareas” de la dictadura genocida. Su cuerpo, lacerado por torturas y con varias heridas de bala, apareció once días después en Punta Querandí, partido de Escobar, cerca del Dique Luján.
Cuando fue secuestrada, Ana María tenía 31 años y estaba embarazada. Cuando salía a hacer unas compras, fue detenida en su humilde casa en Villa de Mayo por un grupo perteneciente al Batallón de Inteligencia 601 con sede en Campo de Mayo. Venían en un Ford Falcon verde. Ella intentó resistir, pero sin éxito. Entre sus secuestradores se destacaba un individuo, que tal como declara en la causa judicial una vecina ya fallecida, sería el genocida Luis Patti: ex subcomisario de la Bonaerense, condenado dos veces a perpetua y actualmente en prisión domiciliaria.
Cuando la secuestraron, Ana María militaba en el PST, partido al que había ingresado a mediados de la década del 70. Vino a militar a la zona norte del Gran Buenos Aires luego de escapar de las persecuciones de los milicos genocidas contra el PST de Mar del Plata, que dejaron allí una veintena de compañeras y compañeros desaparecidos.
Trabajaba en la fábrica autopartista DEA, de Carapachay, y militaba también en el frente de los derechos humanos. Su compañero de aquellos años, José Santiago Metrovich, quien también era militante del PST y obrero fabril, hizo la denuncia en la comisaría de Polvorines y los abogados del partido presentaron de inmediato un recurso de hábeas corpus.
Cuando apareció el cuerpo de Ana María se produjo una conmoción en el país. La noticia no sólo hasta fue tapa de la conocida revista Gente, muy alejada de todo pensamiento progresista o de izquierda, sino que incluso respecto de su caso hubo documentos de la embajada de Estados Unidos, luego desclasificados. Ella fue la última asesinada por la dictadura, que estaba ya en su etapa final, arrinconada por una gran crisis económica, política y de hartazgo popular. Eran las semanas previas al desembarco militar en Malvinas, cuyo resultado precipitó la caída.
Cuarenta años de lucha
El 6 de diciembre de 2018 el Tribunal Federal Oral N° 5 de San Martín, en la causa por el asesinato de Ana María, condenó a prisión perpetua a los genocidas Norberto Apa, ex comandante de Institutos Militares en Campo de Mayo y jefe del Destacamento 201 de Inteligencia, y a Guillermo Muñoz, ex jefe de personal de Campo de Mayo, la persona que sabía que detenidos entraban y salían, a quiénes se fusilaba o asesinaba. Si bien en la actualidad Apa se encuentra en prisión domiciliaria esperando el resultado de su apelación y Muñoz ha fallecido, esta condena a perpetua fue un primer triunfo, un primer acto de justicia, producto de años de lucha.
De la lucha de nuestro pueblo contra los milicos y las posteriores leyes y decretos de impunidad que pretendían protegerlos. De la lucha de los organismos de derechos humanos, de las organizaciones de izquierda, entre ellos de sus compañeros de militancia del PST y las organizaciones que le sucedieron, y muy en especial de la Comisión de Familiares, Amigos y Compañeros de Ana María Martínez, que nuestro MST integra.
Vamos por todos los responsables
Falta todavía la destitución y juzgamiento del fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello. En la época y en la jurisdicción en que fue secuestrada Ana María, Garello revistaba como personal de la DIPBA: la siniestra Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Su firma está en un sello escalera al pie de un informe sobre la desaparición de Ana María, elevado a la jefatura de La Plata, señalando “misión cumplida”. Este documento está en el Archivo de la CPM, la Comisión Provincial por la Memoria.
Aunque Garello está también denunciado por otros delitos de lesa humanidad y debería estar en la cárcel, ha zafado en distintas instancias judiciales y legislativas, con la complicidad de funcionarios judiciales y legisladores de Cambiemos y de Massa, que restaron quorum a su jury de enjuiciamiento.
Antes de ser fiscal general, Garello fue funcionario de la Secretaría de Seguridad de la gobernación de Eduardo Duhalde. Luego fue elegido concejal por el PJ marplatense. Más tarde se desempeñó como juez de garantías y en 1999 fue designado fiscal general de Mar del Plata, cargo que ocupa hasta hoy. Un hombre con fuerte poder y contactos en gran parte del arco político del gobierno actual y de la oposición, que le permiten mantenerse impune.
Falta también la pata policial, de los efectivos que integraban el “grupo de tareas” junto a los efectivos militares. Patti está incorporado a la causa. También fue reconocido el comisario Buzzi, de Pacheco, por parte de Carmen Metrovich, la hermana de José. Luego del secuestro y asesinato de Ana María, Buzzi allanó la casa paterna de los Metrovich en Los Troncos del Talar y se llevó detenido al padre.
Por Ana María y por lxs 30.000
Con su carácter jovial y su valentía, Ana María fue un símbolo -como toda la militancia que resistió a la dictadura y en especial la que dio su vida- de una juventud militante que apostaba a que las luchas de los trabajadores y el pueblo iban a derrotar a los milicos. Obligada a salir de Mar del Plata, optó por seguir militando en una zona obrera del gran Buenos Aires y según los testimonios de sus vecinos resistió su secuestro con todas sus fuerzas.
Con esta modesta nota nos sumamos a los homenajes en este nuevo aniversario de su desaparición. Siguiendo su ejemplo, nuestro mejor homenaje es y será seguir peleando para que todos los responsables de su asesinato vayan presos y por no aflojar, ni un minuto, en la causa por la ella que dio su vida: una sociedad sin opresión, explotación ni miseria; una sociedad socialista.
¡Hasta el socialismo siempre, querida compañera Ana María Martínez!