Ramón Santos es el punto de ingreso a la provincia de Santa Cruz sobre la Ruta Nacional N° 3. Al mismo tiempo, funciona como límite de la crítica del Frente de Todos al Poder Judicial, porque en esa provincia gobernada por el “kirchnerismo puro” actúan de la misma manera que el macrismo, construyendo un poder judicial supeditado a su control. La designación del Dr. Basanta como vocal del Tribunal Superior de Justicia es una muestra más de ello.
El papel de la justicia se ha transformado en un debate nacional, sobre todo a partir del pedido de condena a CFK por la “causa vialidad”. Los entramados con el poder político y económico saltan a la vista y aunque algunos elementos denunciados por el kirchnerismo se asientan en elementos de la realidad, ocultan dos cosas muy importantes: la primera es su propia responsabilidad en el mantenimiento de un poder judicial dependiente del poder político; la segunda es que donde gobiernan aplican las mismas recetas que critican cuando se les vuelve en contra. La provincia de Santa Cruz es un reflejo de lo que señalamos.
Un régimen y una justicia a medida
Desde la asunción de Néstor Kirchner como gobernador en 1991, se fueron realizando cambios en las instituciones políticas de la provincia que fueron moldeando un régimen completamente controlado por el kirchnerismo: dos reformas constitucionales, la eliminación de la representación proporcional en la legislatura para garantizarse mayoría absoluta y hasta la modificación de la ley electoral que, Ley de Lemas mediante, llevó a que Alicia Kirchner llegara a la gobernación sin ser la candidata más votada.
Parte fundamental de la construcción de ese régimen fue lo que el periodista Daniel Gatti llamó en su momento la “colonización de la justicia”, cuyo puntapié inaugural se produjo con la destitución del procurador Eduardo Sosa en 1995 y profundizándose desde entonces. No está demás mencionar que los fallos de la Corte Suprema de la Nación ordenando restituir a Sosa en su cargo nunca fueron acatados.
Si se hace un recorrido por los nombres de jueces y fiscales de la provincia, se pueden encontrar cantidad de familiares, ex funcionarios, ex socios, ex apoderados del partido gobernante… De independencia, poco o nada. Como botón de muestra basta con decir que la hija de la gobernadora es fiscal en El Calafate, que el ex concuñado de Máximo fue nombrado juez cuando todavía eran parientes, o que la ex asesora de Zanini y Néstor ocupa un lugar en el Tribunal Superior de Justicia.
Persecución a los de abajo, impunidad a los de arriba
Lógicamente, todo este entramado judicial de amigos tiene consecuencias en la vida de quienes habitamos la provincia. Para los trabajadores y sectores populares significa la permanente persecución a través de la criminalización de la protesta social. Prácticamente no hay lucha que no termine con trabajadores y trabajadoras procesadas. Y no hay reclamo judicial laboral o salarial que tenga una sentencia favorable.
En la otra cara de la moneda, se refleja la impunidad del poder. En una provincia donde no hace falta ninguna usina mediática para ver como funcionarios y empresarios amigos del poder se han enriquecido meteóricamente al tiempo que se vaciaban la obra social, la educación, la salud o la obra pública, ni una sola denuncia por corrupción ha prosperado jamás.
El nombramiento de Basanta
Pero como el ajuste del FMI y el deterioro del gobierno pronostican tiempos de convulsiones, el gobierno provincial se apresuró a mover una nueva ficha. El jueves pasado, en una sesión escandalosa que no permitió el ingreso de la prensa, fue votado el pliego el Dr. Basanta para integrar la vocalía vacante del Tribunal Superior de Justicia.
El nombramiento estuvo precedido por la presentación de dos amparos y de numerosas denuncias de diversos sectores, entre ellos el gremio de los trabajadores judiciales y la Asociación de Abogados. La razón principal que del rechazo es que el candidato ni siquiera cumplía los requisitos que establece la propia Constitución provincial para ejercer el cargo. Además, Basanta es militante y aportante del FdT y fue funcionario del gobierno de Alicia Kirchner; la independencia y la imparcialidad… te la debo.
Rechazo del Frente de Izquierda Unidad
Por su parte, el FIT-U también expresó el rechazo a la designación, pero además de los cuestionamientos legales, hizo especial hincapié en los cuestionamientos políticos a su candidatura. En el comunicado difundido señaló que: “Es evidente que el Dr. Basanta no es propuesto por la profundidad de sus conocimientos jurídicos sino por ser una persona de confianza del actual Poder Ejecutivo. Se trata de un reaseguro frente a los futuros conflictos sociales que nos depara inevitablemente la aplicación de los planes del FMI y colateralmente de una protección adicional ante eventuales causas de corrupción”.
“Basanta ha sido Ministro de Gobierno y como tal responsable de brutales represiones como la que le costó un ojo a un compañero municipal en 2016 cuando se luchaba contra el endeudamiento de la provincia, o la que se desató para imponer el pacto fiscal firmado con Macri tiempo después y en la cual una dirigente docente sufrió graves heridas en su pierna. No olvidamos tampoco las muertes en comisarías como el caso Geréz en Caleta Olivia. Basanta ha sido partícipe de la persecución judicial contra los jubilados que protestaban para cobrar sus sueldos y de la causa que continúa abierta contra varios docentes y estatales por la movilización frente a la casa de la gobernadora en 2017. Con estos antecedentes resulta muy clara su posición antiobrera, represiva y criminalizadora de las protestas”.
Una reforma judicial de fondo
Como se han señalado en distintos artículos de Periodismo de Izquierda[1]: “Esta justicia, este régimen judicial atado al poder político y privilegiado, es propuesto y defendido por todos los actores políticos del sistema capitalista, desde Juntos por el Cambio al peronismo, todos mantienen el modelo judicial actual, antidemocrático y dependiente del poder político, y hoy, uno de los sectores políticos en cuestión, paga las consecuencias y otro las aprovecha”. La manipulación de la justicia es un patrimonio común del kirchnerismo y de la oposición derechista y está al servicio de mantener este sistema de privilegios, mientras persigue a los sectores más vulnerables y a quienes enfrentan las consecuencias de los ajustes descargados por los diferentes gobiernos del sistema. Una justicia en favor del pueblo sólo es posible si se avanza en la elección popular de jueces y fiscales, se limitan sus mandatos y habilita su revocatoria y se termina con todos los privilegios de la casta judicial y política.
[1] https://periodismodeizquierda.com/cfk-y-la-causa-vialidad-una-justicia-parcial-y-decadente-una-corrupcion-estructural-real/