Después de que a los ojos de todo el país se llevara adelante el violento desalojo y represión por parte de la policía bonaerense en Guernica, los grandes medios de comunicación de Córdoba lanzaron una campaña virulenta en nombre de la defensa de la propiedad privada y en contra de las tomas de tierra por parte de “grupos organizados” y “violentos” de “usurpadores” que amenazan el Estado de derecho. En esta nota hablamos de lo que está sucediendo en Cuesta Blanca, a 50 km de la capital provincial, hacia donde los medios apuntaron especialmente.
La Voz del interior publicó el 3 de noviembre una nota titulada “Usurpación de terrenos en Cuesta Blanca: temen la llegada de 3.000 personas”[1] en la que se informa que un grupo de unos 150 propietarios presentaron una denuncia colectiva en los Tribunales de Carlos Paz por la toma de tierras que, aseguran, les pertenecen.
¿Quiénes son los que se presentan como dueños de la tierra?
El vocero de los 150 denunciantes, que se comunicó con todos los medios de prensa advirtiendo sobre una supuesta “oleada de usurpaciones masivas” por parte de “personas violentas”, es el abogado Eduardo Sosa, quien tiene un historial que dista mucho de ser el de un legítimo dueño afectado por violentas usurpaciones.
Este abogado, que fue procurador del municipio de Villa Yacanto en Calamuchita, fue imputado en 2018 por estafas en la venta de terrenos que no le pertenecían[2] y fue reconocido públicamente por la actual Jefa Comunal de Cuesta Blanca como “un vecino que ha tomado varios terrenos”[3] y que incluso asesoró a la hermana de la Jefa Comunal para usurpar tierras.
Otro de los actores que aparecen ahora reclamando la propiedad de las tierras en cuestión es la empresa Cuesta Blanca S.A., cuyo historial también es comprometedor. En 2018 los socios de esta empresa, Aldo Kukanja y Alberto José Somoza, junto a un empleado de la misma y un escribano, fueron imputados por estafar a distintas personas[4] con la venta de lotes que no les pertenecían y que, además, sobrevendieron dos y hasta tres veces.
Los vecinos y vecinas denuncian que los terrenos que estos estafadores quieren para sus negociados, no tienen títulos de propiedad y fueron parte de un canje realizado por el ejército en la dictadura militar a cambio de lotes ubicados en el ahora ex centro clandestino de detención La Perla.
La voz de quienes habitan la tierra
Los grandes medios no mencionan la voz de quienes habitan las tierras que están en el centro de la disputa.
Desde el año 2012, un grupo de personas tomaron posesión de lotes que no tenían poseedor efectivo. Así nació el Barrio Comechingones, donde se ejerce la posesión de la tierra dentro del marco jurídico para la posesión veinteñal de usucapión. Sin embargo, durante estos años han sufrido numerosas represiones, criminalización, hostigamiento, difamaciones, persecuciones y discriminación.
Durante los últimos meses, hubo nuevas tomas de posesión de tierras en Barrio El Diquecito, donde distintas familias realizaron la mensura y amojonamiento de terrenos que no tenían poseedores efectivos.
Los vecinos y vecinas de estas tomas se organizan en asambleas y deciden cada paso democráticamente. Ante la campaña mediática de estigmatización, calumnias y odio que vienen sufriendo desde el pasado lunes, emitieron un comunicado en el denuncian: “nos acusa de usurpadores y estigmatiza todo el camino que venimos sosteniendo, diciendo y repitiendo discursos llenos de injurias y calumnias, e ignorando nuestra condición de legítimos poseedores”.
Además, al mismo tiempo en que se desarrolló durante esta semana la campaña mediática contra las tomas, la policía se hizo presente en los barrios para hostigar y amenazar con desalojos, aunque no existe ninguna orden al respecto.
El “efecto Guernica”
La determinación del gobierno de la provincia de Buenos Aires de resolver con represión la necesidad de vivienda de las familias que tomaron terrenos en Guernica, envalentonó a los sectores más concentrados que salieron a vociferar en nombre de la propiedad privada y el Estado de derecho de los más poderosos; mientras destilan odio hacia los más necesitados, a los que además de privarlos de todos los derechos elementales, quieren castigarlos a través de la estigmatización y la violencia.
Los medios hegemónicos salieron rápidamente a operar para presionar a la Justicia y al poder político cordobés para que actúen con violencia y rapidez ante las familias que toman tierras, aunque quienes reclaman ser los verdaderos dueños vienen bastante flojos de papeles.
El problema de fondo continúa y se profundiza. No se puede hablar del derecho a la propiedad privada como un único principio regulador de toda la realidad social. El derecho a la vivienda, a los servicios básicos, a una vida digna para todos los seres humanos deben estar por encima de los intereses económicos de unos pocos. Aunque claro, las prioridades en este sistema capitalista están definidas. Es tiempo de cuestionar la verdadera raíz de todas estas disputas: la desigualdad y la descarada concentración histórica de la tierra.
[1] https://www.lavoz.com.ar/politica/usurpacion-de-terrenos-en-cuesta-blanca-temen-llegada-de-3000-personas
[2] https://www.lavoz.com.ar/sucesos/imputan-un-abogado-por-distintas-maniobras-con-terrenos-con-deudas
[3] https://www.cadena3.com/amp/noticia/juntos/la-hermana-de-la-jefa-comunal-de-cuesta-blanca-usurpo-lotes_274801?__twitter_impression=true
[4] https://www.perfil.com/noticias/cordoba/acusacion-confirmo-juicio-a-escribano-y-exfiscal-adjunto.phtml