La Ley de Emergencia en Discapacidad cumple un año desde su sanción, pero el gobierno libertario continúa incumpliendo buena parte de sus obligaciones. Prestaciones desactualizadas, instituciones al borde del cierre y más de 200.000 solicitudes de pensiones sin resolver exponen un ajuste que descarga la crisis sobre uno de los sectores más vulnerables.
Hace un año el Congreso aprobaba la Ley de Emergencia en Discapacidad como respuesta a una crisis que ya amenazaba con paralizar prestaciones esenciales en todo el país. La norma buscaba garantizar financiamiento para los prestadores, actualizar aranceles, agilizar el acceso a pensiones y evitar el colapso de un sistema que atiende a cientos de miles de personas.
Doce meses después, el balance es contundente: la emergencia continúa y, lejos de revertirse, el gobierno de Javier Milei profundizó el ajuste. La ley permanece parcialmente judicializada, varias de sus disposiciones siguen sin aplicarse y numerosas instituciones advierten que sostener la atención cotidiana resulta cada vez más difícil.
Un derecho convertido en variable de ajuste
Desde el inicio de su gestión, el Ejecutivo convirtió el gasto social en uno de los principales objetivos de la “motosierra”. La discapacidad no quedó al margen.
Mientras el Gobierno sostiene el discurso del equilibrio fiscal, miles de familias enfrentan demoras en autorizaciones, prestaciones que pierden frente a la inflación y centros terapéuticos que acumulan deudas por la falta de actualización de los valores que paga el Estado.
La consecuencia no es una discusión contable: es la posibilidad concreta de que personas con discapacidad pierdan tratamientos, acompañantes terapéuticos, transporte o espacios de inclusión.
Según distintos relevamientos, numerosas instituciones continúan funcionando con enormes dificultades financieras y advierten que, sin una recomposición de los aranceles, el cierre de servicios sigue siendo una amenaza permanente.
Más de 200 mil personas siguen esperando
Uno de los datos más preocupantes es la situación de las pensiones no contributivas. De acuerdo con la información difundida en el aniversario de la ley, el Estado mantiene sin resolver más de 200.000 solicitudes para acceder a una pensión por discapacidad, dejando a miles de personas sin un ingreso básico mientras los expedientes permanecen paralizados.
Para muchas familias, esa demora significa depender exclusivamente de trabajos precarios o del apoyo de familiares para afrontar medicamentos, traslados y tratamientos. La burocracia termina funcionando como otra forma de ajuste.
La Justicia intervino, pero el Gobierno sigue demorando
La resistencia oficial a cumplir la ley incluso derivó en intervenciones judiciales. A comienzos de este año, la Justicia ordenó al Gobierno implementar plenamente la normativa y advirtió sobre posibles sanciones económicas para funcionarios responsables si persistía el incumplimiento. Sin embargo, la administración libertaria continúa aplicando solo algunos aspectos de la emergencia y mantiene paralizados otros puntos centrales.
El ajuste tiene responsables
Desde la Casa Rosada insisten en presentar estos recortes como una consecuencia inevitable del ordenamiento fiscal.
Sin embargo, las prioridades presupuestarias muestran otra realidad. Mientras se garantiza el pago de la deuda pública, se sostienen beneficios para grandes grupos económicos y continúan las políticas de desregulación favorables al capital concentrado, quienes dependen de políticas públicas esenciales vuelven a quedar relegados.
Las personas con discapacidad no enfrentan una crisis por falta de recursos sociales, sino por una decisión política sobre cómo distribuirlos.
Organizar la respuesta
Las movilizaciones de familias, trabajadores del sector, organizaciones de personas con discapacidad y prestadores fueron decisivas para conquistar la Ley de Emergencia. Ese mismo camino aparece hoy como la principal herramienta para exigir su cumplimiento efectivo.
La defensa de los derechos de las personas con discapacidad no puede quedar supeditada al ajuste fiscal ni a los límites que impone el pago de la deuda o las exigencias de los mercados. Garantizar tratamientos, pensiones, transporte, educación y acompañamiento no constituye un privilegio: es una obligación del Estado y un derecho conquistado mediante años de organización y lucha.
Un año después de la sanción de la emergencia, el conflicto permanece abierto. Mientras el Gobierno insiste en profundizar la motosierra sobre las políticas sociales, miles de familias siguen demostrando que los derechos no se mendigan: se defienden en las calles.
