Tras el blindaje al DNU 70/23, el oficialismo vuelve a la carga en Diputados este miércoles 21 con un temario diseñado para consolidar su modelo de despojo, camuflando la Ley de Tierras en un proyecto a la medida del capital privado. Sin embargo, el verdadero plato fuerte que desvela a la Casa Rosada es la eliminación de las PASO. Una reforma electoral oportunista y antidemocrática que busca allanar la reelección de Javier Milei en base a negociaciones espurias con gobernadores y aliados. La complicidad de los bloques “dialoguistas” y de sectores del peronismo confirma que la única forma de frenar este avasallamiento es con la bronca organizada en las calles, siguiendo el ejemplo de la Europa movilizada.
La maquinaria de la rosca política no se detiene ni un segundo. A pesar de que el gobierno de Javier Milei logró blindar la semana pasada su nefasto DNU 70/23, el futuro de sus planes de ajuste en el Congreso sigue transitando por un terreno inestable.
Para sostener el andamiaje de su programa económico, el oficialismo necesita exhibir triunfos legislativos urgentes que funcionen como una demostración de fuerza ante la presión de los mercados financieros y las exigencias del FMI. Y también como un reaseguro frente a una calle que comienza a mostrar otro nivel de hartazgo. En ese marco, la agenda parlamentaria de las próximas semanas expone las maniobras de un Gobierno dispuesto a todo para sostenerse en el poder.
El primer capítulo de esta nueva embestida tendrá lugar este miércoles 21 en la Cámara de Diputados, en una sesión donde el oficialismo intentará imponer sus propios proyectos para neutralizar los reclamos opositores. El punto más escandaloso del temario es el tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, un proyecto que trae consigo un pesado trajín desde que el oficialismo tuvo que desmembrarlo en el Senado el pasado 6 de agosto frente al enorme repudio popular.
En una jugada de puro pragmatismo para salvar la totalidad del megadecreto, La Libertad Avanza decidió meter por la ventana la restitución de los límites a la venta de tierras a extranjeros dentro de este proyecto de propiedad privada. Es una farsa completa, porque el propio DNU de Milei derogaba la Ley de Tierras de un plumazo y la versión original de la ley enviada por Federico Sturzenegger también eliminaba las restricciones a la extranjerización. Al ver que el decreto tambaleaba, el titular de la Cámara baja, Martín Menem, operó esta inclusión para calmar las ansiedades de algunos aliados y evitar que el rechazo al DNU consiguiera mayoría. Con total impunidad, admiten puertas adentro que están “siendo pragmáticos” y perdiendo “lo menos para ganar lo más“.
Junto a este fraude, el oficialismo busca copar la parada en temas sensibles como la emergencia en discapacidad y el endeudamiento de las familias, pero vaciándolos de contenido real. Sobre Discapacidad, el Gobierno se niega a prorrogar la emergencia exigida por la oposición y presenta un proyecto propio que elimina ese concepto, buscando emparchar el recorte brutal que ellos mismos diseñaron en el Presupuesto 2027. Peor aún es la burla sobre la morosidad familiar. Mientras millones de hogares no pueden pagar los créditos de consumo porque los salarios fueron licuados, el dictamen libertario no ofrece ningún esquema de quitas o refinanciación, limitándose a proponer “educación financiera” y portabilidad de créditos. Frente a las deudas asfixiantes, la respuesta del Gobierno es mandar a los trabajadores endeudados a hacer un cursito online.
La madre de todas las batallas: la pelea por las PASO
Sin embargo, el escenario de este miércoles es apenas la antesala del verdadero plato fuerte que el Gobierno negocia en las sombras: la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Milei quiere cambiar las reglas del juego a mitad de camino y a conveniencia del oficialismo, exclusivamente para facilitar su propio proyecto de reelección y evitar fugas por derecha.
Pero el proyecto oficialista esconde trampas aún mayores. Esta reforma reaccionaria de conjunto no se limita a suprimir las primarias. Como denuncian diversos sectores, la letra chica del plan libertario incluye liberar por completo los límites a los aportes empresariales privados (legalizando que las corporaciones compren elecciones y condicionen candidatos) y, en simultáneo, reducir al máximo los aportes del Estado a los partidos políticos. El objetivo de este desfinanciamiento es claro: asfixiar y debilitar económicamente a los partidos emergentes y, muy en particular, a la izquierda. A esto se le sumarían nuevas restricciones para obtener o mantener la personería legal de los partidos políticos y un aumento en los pisos electorales, haciendo cada vez más difícil el acceso a cargos legislativos para las minorías y consolidando un sistema a la medida del bipartidismo de la casta tradicional.
Luis Caputo es uno de los más apurado con esta reforma, obsesionado con mostrarle a sus jefes del mercado internacional que Milei tiene garantizada la continuidad en el poder más allá de 2027. La secretaria general de la Presidencia decidió priorizar la gobernabilidad a cualquier precio, utilizando la eliminación de las PASO como moneda de cambio frente a los gobernadores provinciales.
Los Menem exigen a los mandatarios provinciales que primero aporten los votos para eliminar las elecciones primarias en el Congreso, y recién después se sentarán a cerrar acuerdos de listas conjuntas o a bajar candidaturas libertarias en sus distritos. Gobernadores de distintos signos políticos, como el radical Carlos Sadir, el macrista Ignacio Torres o el peronista Raúl Jalil, ya se encuentran en la mesa negociando apoyos a cambio de favores territoriales, dejando al descubierto que la defensa de los intereses provinciales es apenas una excusa para salvar su propia cuota de poder local. La alianza explícita con el santafesino Maximiliano Pullaro, quien mandó a sus diputados a ausentarse para salvar el DNU la semana pasada, es la muestra más clara de este pacto de cúpulas.
Las grietas de la derecha y la desconfianza del PRO
Pero el plan libertario choca con sus propias contradicciones internas y con el recelo de sus aliados estratégicos. Patricia Bullrich, actual ministra de Seguridad, se opone fervientemente a la eliminación de las PASO y advierte en las reuniones cerradas que “no están los votos” en el Senado. Su defensa del sistema electoral no responde a convicciones democráticas, sino a la especulación pura. Bullrich sabe que, si la gestión de Milei colapsa por el desastre económico, necesita las PASO como herramienta para competir en una interna por la candidatura presidencial de la derecha y no quedar atada al hundimiento del barco libertario.
Del mismo modo, el PRO liderado por Mauricio Macri y Cristian Ritondo estira las definiciones. Las reuniones semanales entre las cúpulas macristas y libertarias en la Casa Rosada están teñidas de desconfianza. El PRO exige certezas sobre su lugar en las listas y evalúa que eliminar las primarias los dejaría a merced de la lapicera de Karina Milei. Incluso dentro de la propia mesa chica del Gobierno empiezan a surgir dudas sobre la conveniencia de suprimir esta instancia, temiendo que el 37% del electorado que los apoyó inicialmente y que hoy repudia sus formas y el ajuste, termine ausentándose o votando otras opciones de derecha si no hay una primaria que canalice ese “voto útil“.
Frente a la dificultad de conseguir los números, en Balcarce 50 ya no descartan postergar el tratamiento de la reforma electoral para las sesiones extraordinarias de diciembre, o incluso empujarlo hasta el mismísimo 2027, desoyendo las advertencias de la Cámara Nacional Electoral, que prohíbe cambiar las leyes estructurales en la víspera de los comicios. Para los libertarios, la ley es apenas un obstáculo a sortear.
Ninguna confianza en el circo parlamentario
Todo este entramado de transacciones palaciegas y traiciones expone una verdad inocultable: no se puede tener un milímetro de confianza en el Congreso Nacional. Desde que asumió Milei, el Congreso ha funcionado como una escribanía intermitente donde la oposición dialoguista le garantiza las herramientas para hambrear al pueblo, entregar los recursos estratégicos y ahora, intentar perpetuarse en el poder modificando el sistema electoral a su antojo.
El peligroso salvataje del DNU demostró que los acuerdos se cierran hasta el último minuto a espaldas del pueblo. Y en este juego, nadie está libre de culpa. Quienes se presentan discursivamente como acérrimos opositores, como sucede con gran parte de la bancada de Unión por la Patria o los bloques federales que responden al peronismo, también aportan las ausencias estratégicas, los votos cruzados y la pasividad necesaria para que Milei siga avanzando. Catamarca, Salta, Tucumán y Santa Fe son solo los ejemplos más recientes de cómo los gobernadores mandan a sus legisladores a sostener la gobernabilidad del ajuste.
Como quedó demostrado en la represión y la resistencia del pasado 15 de octubre frente al recinto, la única oposición real a este gobierno no se sienta en las bancas legislativas. Para frenar esta maquinaria de entrega de soberanía, de liquidación de derechos laborales y de reformas políticas antidemocráticas, la salida no pasa por la rosca parlamentaria. Es la bronca organizada por izquierda y la movilización masiva en las calles lo que puede ponerle un freno definitivo a Javier Milei y a todos sus cómplices. La juventud y la clase trabajadora europea ya están marcando el camino en sus multitudinarias protestas contra las políticas de ajuste; en Argentina, el desafío inmediato es transformar ese mismo hartazgo en un plan de lucha y una huelga general que tire por la borda este modelo de miseria y sumisión.
