Foto. Daniella Fernández
El Senado dio inicio a una jornada legislativa cargada de tensiones y medidas que golpean directamente a la clase trabajadora. A partir de las 11 de la mañana la Cámara Alta del Congreso comenzó a debatir un paquete de proyectos impulsados por el gobierno nacional orientado a la negociación con el poder Judicial, a potenciar desregulaciones inmobiliarias y a la habilitación de pagos de deudas a fondos buitres.
Este debate parlamentario llega en el medio de una feroz crisis interna dentro del ecosistema libertario, desencadenada por la enorme polémica que se generó alrededor del pliego de la candidata a jueza María Verónica Michelli. Patricia Bullrich, obviamente que movilizada por otros intereses que el del pliego de Micheli, decidió aferrarse a su derecho a la “objeción de conciencia” frente a la orden impartida por Karina Milei de retirar dicha postulación de la Cámara Alta. La tensión llegó a un punto extremo donde la presidenta de la bancada oficialista ofreció su renuncia al propio jefe de Estado. Javier Milei optó por ignorar el planteo de manera directa para intentar apagar el incendio político y continuar con su agenda legislativa. Para simular un clima de paz institucional frente a este mar de contradicciones y disputas de poder, la secretaria general de la Presidencia y la exministra de Seguridad compartieron una reunión en la Casa Rosada y se tomaron una fotografía sonrientes.
Toda esta escenificación mediática busca ocultar una disputa palaciega que terminó postergando el tratamiento del pliego de Michelli para la próxima semana. La vicepresidenta Victoria Villarruel también sumó leña al fuego al recibir a la candidata vetada en su despacho del Senado, demostrando que la interna oficialista abarca múltiples frentes incontrolables.
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La sesión de este jueves avanzará excluyendo el tema que descontroló al oficialismo y enfocará el debate en una agenda que prioriza los negocios corporativos y el cumplimiento irrestricto de las exigencias del capital financiero internacional.
Una entrega brutal del territorio nacional
El plato fuerte de la jornada parlamentaria es el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa diseñada íntegramente por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Esta normativa representa un ataque profundo contra los sectores populares y está confeccionada a la medida exacta de los grandes latifundistas y especuladores inmobiliarios.
El texto avanza con la eliminación de los límites históricos que impedían la extranjerización del suelo, habilitando a los empresarios y magnates de otros países a comprar tierras rurales sin ningún tipo de restricción de superficie. Las provincias tendrán a partir de ahora la potestad absoluta de autorizar estas ventas, consolidando un modelo de país que remata la soberanía territorial al mejor postor y transforma a la Argentina en un simple enclave para la especulación corporativa transnacional.
El mismo proyecto contempla mecanismos sumamente crueles contra los inquilinos y las familias sin techo al incorporar la polémica figura de los “desalojos exprés”. Ante cualquier supuesto incumplimiento del contrato se establece un plazo irrisorio de diez días para intimar el pago al locatario. La notificación se considerará válida incluso si la persona no pudiera recibirla por motivos imputables a ella misma. Una vez cumplido ese plazo mínimo, el propietario queda habilitado para iniciar una acción judicial que se sustanciará a través del procedimiento más breve previsto, completando el violento desalojo en apenas diez días hábiles. Esta maquinaria legal facilita la expulsión rápida de las personas de sus hogares en un contexto de altísima inflación y crisis habitacional extrema.
El paquete de medidas impulsado por Sturzenegger también premia a los responsables de la destrucción del medio ambiente al flexibilizar escandalosamente la normativa de manejo de fuego. La nueva redacción deroga la prohibición que impedía cambiar el destino de las superficies incendiadas por 30 años en las zonas agropecuarias, permitiendo que los dueños del agronegocio aprovechen las tierras arrasadas por las llamas para expandir sus propios emprendimientos de manera inmediata. A la par de esto se elimina de un plumazo el plazo de 60 años que protegía a los bosques nativos quemados.
El festival de beneficios para el capital concentrado se completa con una dura restricción a las expropiaciones estatales. El texto establece que la declaración de utilidad pública deberá fundamentarse de manera muy estricta y les asegura a los privados el cobro de una tasa de interés preferencial junto con un tope del 30% de indemnización por lucro cesante.
Millones de dólares para la usura financiera
Sumado a la entrega de la tierra y los recursos, el Senado se dispone a convalidar un nuevo y repudiable saqueo a las arcas públicas mediante el pago a los fondos buitres. El proyecto impulsado con urgencia por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca autorizar un desembolso en efectivo de U$S 171 millones para cerrar un acuerdo definitivo con dos grupos de bonistas internacionales. Esta verdadera fortuna está destinada exclusivamente a los fondos Attestor Master Value y Bainbridge Fund. Estas oscuras firmas son tenedoras de títulos de deuda pública soberana que cayeron en cesación de pagos tras el estallido de la crisis económica del año 2001.
La aprobación de este desembolso representa una rendición incondicional ante la usura financiera. El Estado argentino girará U$S 67 millones para la firma Bainbridge y otros U$S104 millones para el grupo Attestor. El acuerdo premia el accionar destructivo de especuladores que rechazaron de plano todas las reestructuraciones de deuda previas y mantuvieron sus multimillonarios reclamos activos en los juzgados del Distrito de Nueva York.
El gobierno nacional presiona a los legisladores para aprobar esta ley antes del 30 de junio bajo la amenaza de sufrir la reanudación de embargos contra activos estratégicos como las acciones de la petrolera YPF. Toda esta maniobra legislativa demuestra de forma innegable que siempre sobran recursos y celeridad política cuando se trata de cumplir con el capital financiero, en contraposición directa al esfuerzo asfixiante que se le exige diariamente a la clase trabajadora para sostener la ficción del superávit fiscal.
El reparto de la Justicia a espaldas del pueblo
La maratónica sesión se completará con el tratamiento de 50 pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para designar jueces, fiscales y defensores oficiales en distintas jurisdicciones federales.
El gobierno aspira a concretar sus primeros nombramientos efectivos en el Poder Judicial, consolidando los clásicos pactos de cúpula con las fuerzas políticas dialoguistas para repartirse el control de los tribunales territoriales. La lista de candidatos habilitados expone las profundas contradicciones de un gobierno que llegó al poder criticando duramente a la vieja política para luego terminar negociando los mismos cargos estratégicos con el objetivo de asegurarse un paraguas de protección y disciplinamiento judicial.
El entramado de intereses detrás de todos los nombramientos refleja la rápida descomposición de un sistema diseñado exclusivamente para blindar a los poderosos. La decisión de avanzar con estos 50 pliegos y postergar definiciones problemáticas como la del hijo del presidente de la Corte Suprema, Emilio Rosatti, expone la enorme fragilidad de las alianzas oficialistas.
El gobierno utiliza sistemáticamente estas candidaturas como moneda de cambio, aprobando en paralelo la creación de nuevas cámaras federales en Mar del Plata y Tucumán para contentar a los legisladores provinciales y asegurar los votos necesarios para sus crueles leyes de ajuste económico. La política judicial de La Libertad Avanza abandona cualquier idea de transparencia para dedicarse a construir una red de complicidades que garantice la impunidad de sus funcionarios y respalde jurídicamente la profundización del modelo extractivista y financiero que hoy saquea al país.
Una salida de fondo para la clase trabajadora
Toda esta agenda parlamentaria expone el carácter del gobierno nacional, desesperado por aplicar desregulaciones a favor de los grandes propietarios y girar millones a la usura internacional mientras ignora las urgencias sociales. Estos enormes recursos económicos y las valiosas tierras que hoy se rematan al capital extranjero deberían ponerse de manera inmediata en función de solventar las necesidades de las mayorías trabajadoras.
Frente a este escenario de transas a espaldas del pueblo resulta evidente que el sistema judicial no se arregla con reformas superficiales y exige romper de raíz con su lógica corporativa para dejar de ser un poder adicto a los gobiernos de turno y al capital. Para democratizar verdaderamente este entramado de favores y privilegios dentro del mundo judicial, es indispensable avanzar hacia la elección directa de los magistrados por voto popular con mandatos limitados y revocables. Dentro de este sistema ninguna medida cosmética puede reformar la lógica actual de este poder del Estado. Mientras no exista la participación activa de la población dentro de la Justicia y la puesta en marcha de comisiones investigadoras independientes en casos de corrupción, la dinámica del universo judicial continuamente responderá los intereses de siempre.
Por eso es que toda esta salida de fondo requiere ir a la raíz del problema mediante una reforma política global en el marco de una transformación socialista del país. Entendiendo que la movilización de la clase trabajadora representa el único camino para torcerle definitivamente el brazo al plan ajustador.
