La reforma laboral impulsada por Javier Milei ha sumado un nuevo capítulo de ataque contra la clase trabajadora. A través del Decreto 315/2026[i], publicado recientemente en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo reglamentó el denominado Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL). Esta medida, que fue anunciada oficialmente por Manuel Adorni en su vuelta a las ruedas de prensa, representa un beneficio directo para las cámaras empresariales bajo la excusa de promover el empleo registrado. El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei, del propio Jefe de Gabinete, del ministro de Economía Luis Caputo y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Bajo una terminología que parece buscar una sonoridad bélica y reaccionaria —con siglas como el RIFL y el FAL que remiten inevitablemente a armamento— el gobierno ha puesto en marcha un mecanismo que habilita a las patronales a desentenderse de gran parte de sus obligaciones sociales. El objetivo central de este nuevo régimen es permitir que las empresas contraten personal omitiendo el pago de componentes esenciales de la seguridad social y las obras sociales.
Detrás del discurso de la formalización, el RIFL oculta una transferencia de recursos desde el sistema solidario hacia los balances patronales. El resultado de esta política es claro: los nuevos trabajadores quedan expuestos a una mayor vulnerabilidad, despojados de la protección estatal que les corresponde.
El recorte en las contribuciones y el desfinanciamiento del sistema
El funcionamiento de este nuevo régimen establece una reducción drástica en las alícuotas que los empleadores deben abonar por cada nuevo trabajador contratado que cumpla con ciertos requisitos. Actualmente, las contribuciones patronales oscilan entre el 18% y el 20,4% del salario, dependiendo del tamaño y el rubro de la empresa. Con la entrada en vigencia del RIFL, los empleadores que opten por este esquema pasarán a pagar apenas un alícuota total del 5% durante los primeros cuatro años de la relación laboral.
Este 5% se desglosa de manera tal que deja al descubierto el despojo a las cajas de seguridad social. Solamente un 2% se distribuirá en partes iguales entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares. El 3% restante tendrá como único destino el Instituto Nacional de la Seguridad Social para Jubilados y Pensionados (INSSJP-PAMI). Este recorte brutal significa que las patronales dejarán de aportar cifras significativas que hoy sostienen las jubilaciones actuales, el sistema de asignaciones por hijo y la protección frente al desempleo.
El resultado inevitable de este tipo de medidas es un desfinanciamiento estructural de las cajas previsionales, lo que pone en riesgo la sostenibilidad de todo el sistema solidario de seguridad social.
La trampa de la formalización: ¿a quiénes afecta?
El decreto reglamentario establece perfiles específicos de trabajadores que las empresas podrán contratar bajo este régimen de quita de aportes. Podrán ser incluidos en el RIFL aquellas personas que no contaran con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025, así como quienes hayan estado desempleados durante los seis meses previos a recibir el alta laboral. También se encuentran habilitados los trabajadores inscriptos en el monotributo y aquellos cuyo último empleo haya sido en el sector público nacional, provincial o municipal.
Para las empresas que se hayan inscripto como empleadores a partir de diciembre de 2025, el beneficio es todavía más amplio, ya que se les permite tener hasta el 80% de toda su nómina de trabajadores bajo este esquema de aportes reducidos.
Los empleadores deberán realizar las altas de estos nuevos trabajadores ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el período comprendido entre el 1 de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027 para poder gozar de los beneficios por un plazo de 48 meses.
Si bien el oficialismo busca instalar la idea de un incentivo a la formalización, la experiencia histórica es clarísima: este tipo de beneficios no crean empleos de calidad. Su función real es abaratar el costo de contratación patronal durante el tiempo que dure la exención.
Menos derechos y más precarización
La reglamentación del RIFL es, en definitiva, un ataque directo a la protección de los trabajadores y un nuevo regalo para los sectores patronales. Al reducir las contribuciones destinadas al sistema previsional y a las obras sociales, el gobierno está legalizando una forma de contratación con menos derechos.
Los trabajadores que ingresen bajo este régimen tendrán una cobertura social degradada, ya que las patronales pagarán menos por sus aportes jubilatorios y por el sistema de salud. Es una medida que profundiza la precarización y utiliza la necesidad de empleo de quienes hoy están fuera del sistema para imponer condiciones de trabajo mucho más desfavorables.
Este avance sobre los derechos conquistados forma parte de una hoja de ruta de ajuste y corrupción que caracteriza a la gestión libertaria. Mientras se recortan los ingresos que deben financiar las asignaciones familiares y el fondo de desempleo, se les garantiza a las empresas un ahorro multimillonario a costa del bienestar de la clase trabajadora.
Tiene que quedar en claro que el camino para generar empleo genuino no es el desfinanciamiento de la seguridad social ni la quita de protecciones laborales. El RIFL no viene a solucionar la informalidad, viene a consolidar un modelo donde el trabajador es una mercancía barata y sin derechos al servicio de la ganancia empresarial.
[i] https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/341443/20260504
